Un millar de jueces clama por la despolitización de la Justicia
En el día de la apertura del año judicial, más de 1.500 jueces y magistrados afirman que "nuestros órganos de gobierno deberían poner contra las cuerdas las propuestas de reforma de la Justicia que el Gobierno pretende realizar".
Más de 1500 Jueces y Magistrados de España han suscrito el Manifiesto para la despolitización de la Justicia y la Independencia Judicial en el que se señalan como objetivos el fortalecimiento de la independencia judicial, la dignidad en el desempeño de la función jurisdiccional, la elección del CGPJ y órganos de gobierno por los propios Jueces para evitar la manipulación de la Justicia por los partidos políticos, el rechazo a la instrucción penal por parte del Ministerio Fiscal que permitiría el control por el partido gobernante de los casos de corrupción política dejando en manos del poder ejecutivo la imparcialidad del procedimiento y el aumento al doble del número de jueces por ciudadanos alcanzando la media que existe en Europa.
Los abajo firmantes, como impulsores de la difusión de dicho manifiesto queremos significar que en el día de la apertura del año judicial, nuestros órganos de gobierno deberían poner contra las cuerdas las propuestas de reforma de la Justicia que el Gobierno pretende realizar (desaparición de la acción popular, garantía esencial para cualquier ciudadano de que ningún poderoso incumplirá impunemente las leyes penales ni siquiera aunque tenga influencia en el partido gobernante; atribución de la instrucción a los Fiscales que permitirá al Gobierno, a través de un órgano en el que rige el principio de jerarquía, decidir si se abren o no procedimientos penales —especialmente sangrante en los supuestos de corrupción política- y creación de Consejos de Gobierno Autonómicos, que bajo la apariencia de descentralización sólo pretenden prolongar a nivel autonómico el control de la justicia que actualmente ostenta el poder político central). Cualquier reforma del actual sistema que se pueda plantear debería estar orientada a fortalecer la independencia del poder judicial, pero bajo buenas palabras lo que se pretende es todo lo contrario.
Queremos poner de manifiesto que sin embargo no esperamos que nuestros órganos de gobierno denuncien que estas reformas pretenden un asalto a la independencia del poder judicial sin parangón, que en modo alguno favorecerían a los ciudadanos sino a los partidos políticos y que perjudicarían manifiestamente la persecución de la corrupción política en nuestro país. Reformas que para colmo se pretenden hacer pasar por una “modernización” de la Justicia que venimos esperando y reclamando y para la que son precisas inversiones y medios personales, materiales y técnicos que nunca acaban de llegar.
Ante esta situación y en la apertura del año judicial no podemos sino hacer un LLAMAMIENTO DE ALERTA CIUDADANA —de verdadero peligro- ante el camino de las reformas que se pretenden emprender. Los Jueces estamos decididos a defender la independencia del poder judicial como garantía de los ciudadanos frente a los poderes políticos y económicos, y a realizar fuertes movilizaciones para ello sin descartar nuevas huelgas, pero para lograr preservar esa independencia necesitamos el apoyo de la sociedad y su reacción ante unas propuestas de legislación que harían temblar los pilares del Estado de Derecho y las garantías de que los poderosos políticos y económicos respetarán la ley, expresión de la voluntad popular y que debe aplicarse con igualdad para todos.
La Administración de Justicia es la asignatura pendiente de nuestra Democracia.
El progreso operado en España en los últimos treinta años no ha alcanzado a una Administración de Justicia que se muestra incapaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad, moderno, eficaz, eficiente y adecuado a las necesidades de la sociedad actual.
La actual incapacidad y saturación del sistema de Justicia tiene su origen tanto en la cicatería de los presupuestos públicos del sector Justicia en las últimas décadas, como en el agotamiento del modelo de organización decimonónico todavía vigente.
A ello se añaden la falta de atención real y decidida de los sucesivos legislativos y ejecutivos por la modernización del sistema de Justicia, el carácter errático de las políticas públicas emprendidas en este sector, y los frecuentes intentos de utilización partidista de la Administración de Justicia.
Llama especialmente la atención que en la última campaña electoral los grandes partidos políticos no hicieron referencia alguna a la situación de la Administración de Justicia en España.
Documento completo:
http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA DE PRENSA/EN PORTADA/Conclusiones Vitoria prensa.pdf