Hace un año, Marchena no se atrevió a aclararle a Batet si la pérdida del derecho de sufragio pasivo implicaba la inhabilitación de diputado.
Creo que lo apropiado sería que el tribunal no aclarase nada, pues la Sala Penal no debería meterse en los asuntos de la Sala Contencioso-Administrativa (que será la experta en la LOREG). Además, para eso la administración y las cortes tiene autonomía y presunción de legalidad. Si hay una disputa, el cauce apropiado es poner un recurso judicial, una vez la mesa del congreso haya emitido una resolución firme.
Aun así, ¿hay ejemplos dónde el juez sí aclare dudas administrativas? Por ejemplo, que la Guardia Civil o el M de Interior pregunte a un juez si la condena penal implica pérdida del derecho a portar armas, teniendo en cuenta la ley que regula las armas.