El Ejecutivo catalán tensa la cuerda con el Gobierno central y activa el controvertido impuesto sobre los depósitos bancarios. El tributo está vigente desde el 10 de abril, aunque fue ayer cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La norma no es más que la continuación del Real Decreto catalán aprobado el 18 de diciembre de 2012, con el que la Generalitat abría la puerta a imponer este gravamen, con el que se propone recaudar unos 500 millones al año. Pero es ahora cuando Cataluña lo cobrará de forma efectiva, y además con efectos retroactivos desde enero de 2013.
El impuesto no lo pagarán los clientes, sino las entidades financieras por las imposiciones a plazo fijo, las cuentas corrientes o las de ahorro. Los bancos deberán abonar el impuesto entre el 1 y el 20 de octubre del presente ejercicio.
La banca con negocios en la comunidad autónoma deberá revelar el saldo final de depósitos a cierre de cada uno de los “cuatro últimos trimestres naturales de cada sede central, sucursal y oficina operativa en Cataluña”. Y la Agencia Tributaria de la comunidad autónoma será la encargada de recaudar el impuesto, según puntualiza la norma.
Las entidades deberán pagar un 0,3% de los primeros 150 millones que tengan en depósitos, un 0,4% desde esa cantidad y hasta los 600 millones y un 0,5% a partir de ese último importe. Sin embargo, las entidades que tengan su domicilio social en Cataluña tendrán derecho a una deducción de 200.000 euros. También se ahorrarán 4.000 euros por cada sucursal situada en Cataluña y 8.000 euros si esa sucursal está ubicada en un municipio con una población inferior a los 2.000 habitantes.
claves
.Extremadura, Andalucía y Canarias lo tienen en vigor desde antes de diciembre de 2012. Los tipos oscilan entre el 0,3% y el 0,6% en función de la región y el importe.
El Gobierno se ha comprometido a compensar a las tres comunidades anteriores y ahora baraja una fórmula estatal para cobrar entre el 0,02%y el 0,03% de los depósitos. En Navarra se ha aprobado este último porcentaje.
La capacidad recaudatoria de un impuesto a todos los depósitos en bancos españoles por el 0,03% sería de apenas 445 millones de euros, para los 1,481 billones que había en depósitos en febrero, según el Banco de España.
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Con este órdago de Artur Mas, fuentes cercanas a la Generalitat explican que el objetivo es que Cataluña pueda recaudar este tributo o que, al menos, sea compensada, al igual que ocurre con Extremadura, Canarias y Andalucía. Y es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, maniobró a finales de 2012 para evitar que Cataluña y Asturias pudieran imponer un impuesto por su cuenta, de forma que el 27 de diciembre creó, a través de una enmienda en el Senado, un impuesto estatal para los depósitos al 0%.
Así pretendía invalidar el cobro de ese gravamen y evitar dispersión tributaria, puesto que dos administraciones no pueden gravar un mismo hecho imponible. Pero, al mismo tiempo, se comprometió a compensar a las comunidades que tuvieran en vigor ese impuesto con anterioridad al 1 de diciembre de 2012. Es decir, a Extremadura, que aprobó el gravamen con efectos 1 de enero de 2002, a Andalucía (1 de enero de 2011) y a Canarias (1 de julio de 2012).
Así el Gobierno las resarcirá por los ingresos que dejen de percibir. El senador extremeño Fuentes Gallardo llegó a cuantificar en unos 230 millones de euros lo que habrían dejado de recaudar en 2013 estas tres regiones: 39 millones de Extremadura, 96 millones de Canarias y 95,5 millones de Andalucía. Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda confirman la compensación a dichas regiones. Pero Cristóbal Montoro advirtió que Cataluña no la recibirá. Ni tampoco Asturias, en una situación muy similar a la autonomía que preside Artur Mas, pues aprobó su impuesto el 28 de diciembre de 2012 . “Solo faltaba, se está planteando la compensación donde estaba vigente”, aseguró en los momentos de máxima tensión sobre la imposición del impuesto.
El Gobierno solicitó a la Justicia medidas cautelares para que ni Asturias ni Cataluña pudieran cobrar el tributo, si bien han sido rechazadas. Montoro, en todo caso, ha matizado su posición y estudia imponer un tipo “moderado” a los depósitos.
Se barajan dos fórmulas. Primera, ceder el impuesto a las autonomías, pero limitar el tipo de gravamen para no crear agravios comparativos o, crear un tipo reducido estatal de entre el 0,02% y el 0,03%, que se entregaría a las regiones. La última autonomía en mover ficha fue la Generalitat Valenciana, que incluyó en octubre del año pasado la posibilidad de imponer una tasa sobre los depósitos para obtener hasta 230 millones de euros. Su objetivo era cuadrar los Presupuestos de 2014