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Regulación de las descargas P2P ¿es constitucional?
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Regulación de las descargas p2p ¿es constitucional?
Les recomiendo ver este vídeo de Carlos Pumares para introducir esta cuestión
http://blogs.hoycinema.com/pumares/post/2009/12/28/sobre-caimo-sacar-pasta-la-aldea-global
El Gobierno quiere atajar el problema de las descargas P2P. Pero esto supone, sin duda, vulnerar varios derechos constitucionales a todos los usuarios de internet.
En la actualidad las redes P2P se analizan desde la lejanía de un peer rastreador P2P para luchar contra la pornografía infantil. En ningún momento se interceptan las comunicaciones de los internautas. Las detenciones se basan en los rastros remotos obtenidos con esos programas rastreadores.
Pero ante un mismo hecho técnico, el Gobierno quiere implantar una especie de SITEL P2P para erradicar las descargas protegidas por derechos lucrativos de autor que estén realizando TODOS los internautas españoles.
Bajo la presunción de culpabilidad, cada vez que un internauta se descargara un archivo cuyo HASH estuviera en la lista de los archivos protegidos por derechos lucrativos, saltaría una alarma en el operador , generándose una infracción administrativa. Así hasta tres veces antes de ser desconectado (el método de los tres avisos francés).
Pero este HASH, este supuesto identificador "único" tiene serios problemas técnicos (sobre todo en la red eDonkey eMule), debido a las COLISIONES que hacen posible que DOS ARCHIVOS DISTINTOS GENEREN UN MISMO HASH.
De repente los usuarios podrían empezar a recibir avisos sobre contenidos que no están protegidos por ningún derecho lucrativo de autor.
Para determinar QUIÉN se descarga QUÉ es técnicamente necesario que los operadores analizaran el tráfico (contenido) de todos y cada uno de sus usuarios (algo técnicamente imposible), no pudiéndose limitar la infracción a la simple detección remota de un HASH DE ARCHIVO compartido en la red P2P.
¿Caben este tipo de medidas en el marco de nuestra actual Constitución Española?
http://blogs.hoycinema.com/pumares/post/2009/12/28/sobre-caimo-sacar-pasta-la-aldea-global
El Gobierno quiere atajar el problema de las descargas P2P. Pero esto supone, sin duda, vulnerar varios derechos constitucionales a todos los usuarios de internet.
En la actualidad las redes P2P se analizan desde la lejanía de un peer rastreador P2P para luchar contra la pornografía infantil. En ningún momento se interceptan las comunicaciones de los internautas. Las detenciones se basan en los rastros remotos obtenidos con esos programas rastreadores.
Pero ante un mismo hecho técnico, el Gobierno quiere implantar una especie de SITEL P2P para erradicar las descargas protegidas por derechos lucrativos de autor que estén realizando TODOS los internautas españoles.
Bajo la presunción de culpabilidad, cada vez que un internauta se descargara un archivo cuyo HASH estuviera en la lista de los archivos protegidos por derechos lucrativos, saltaría una alarma en el operador , generándose una infracción administrativa. Así hasta tres veces antes de ser desconectado (el método de los tres avisos francés).
Pero este HASH, este supuesto identificador "único" tiene serios problemas técnicos (sobre todo en la red eDonkey eMule), debido a las COLISIONES que hacen posible que DOS ARCHIVOS DISTINTOS GENEREN UN MISMO HASH.
De repente los usuarios podrían empezar a recibir avisos sobre contenidos que no están protegidos por ningún derecho lucrativo de autor.
Para determinar QUIÉN se descarga QUÉ es técnicamente necesario que los operadores analizaran el tráfico (contenido) de todos y cada uno de sus usuarios (algo técnicamente imposible), no pudiéndose limitar la infracción a la simple detección remota de un HASH DE ARCHIVO compartido en la red P2P.
¿Caben este tipo de medidas en el marco de nuestra actual Constitución Española?
