CIUCA Y LA JUEZ PREFIEREN AL BENEMÉRITO CUERPO TODA LA VIDA (DÓNDE VA A PARAR)
Por qué la Guardia Civil y no la Policía
Esta operación contra el derecho a la información, amparada en un presunto delito contra la propiedad intelectual, ha hecho aflorar nuevamente algunas casualidades teldenses. Ya ha resaltado el alcalde de la ciudad, Aureliano Francisco Santiago Castellano, cómo la inmensa mayoría de las iniciativas judiciales de AFV-Ciuca, el partido de Guillermo Reyes, caen milagrosamente en el Juzgado de Instrucción 6, dirigido por María de los Ángeles Zabala. Ésta, a su vez, presenta unos modos de operar bastante llamativos. Por ejemplo, casi siempre encarga las investigaciones a la Guardia Civil, dadas sus públicas desavenencias con el Cuerpo Superior de Policía, la última por la negativa de éste a dedicar funcionarios a las notificaciones judiciales. De ahí que el denunciante, allegado a Ciuca, denunciara ante la Guardia Civil, seguramente conocedor de que la causa le caería a la juez Zabala. El benemérito cuerpo, por su parte, contribuye a esta antología de las rarezas y las casualidades asumiendo investigaciones que, por demarcación, corresponderían al Cuerpo Nacional de Policía.
La juez Zabala echa el muerto al perito
Los juzgados de Telde eran este jueves un hervidero de rumores y de consternación. La operación contra la libertad de expresión y el derecho a la información dirigida por la juez María de los Ángeles Zabala y la Guardia Civil estaba en boca de todos los operadores jurídicos, que se echaban las manos a la cabeza a medida que iban conociendo los detalles de la denuncia, las primeras diligencias, la entrada y registro, las detenciones y la atolondrada marcha atrás de la magistrada. Este jueves no hubo muchos avances más allá de la reanudación de emisiones de las radios afectadas, que aún se limitaban a la retransmisión de música descatalogada o proveniente de CDs con su carátula y su correspondiente ticket de compra, no fuera a aparecer por ahí alguien de Ciuca con ganas de poner a trabajar de nuevo a la juez. Ésta, desconocedora de los aparatos que la Guardia Civil incautó, ha delegado en el perito judicial la responsabilidad de la devolución de los equipos necesarios para garantizar el derecho a la información de los afectados, lo que ha retrasado aún más la regularización de una situación que jamás debió haberse producido.
Algo que no llego a comprender. Un particular, no la SGAE, presenta una denuncia contra unas emisoras de radio por delitos relacionados con la propiedad intelectual ¿y una juez ordena los registros domiciliarios de dichas emisoras?