La Administración, ¿puede mentir libremente en la resolución de los recursos y reclamaciones de los ciudadanos, y en los procesos judiciales en los que se vea envuelta por demanda de los mismos (ejemplo, dar información falsa, cuando se puede comprobar que en los boletines oficiales consta lo contrario), sin ser castigada por ello?
¿Que se entiende por los principios de buena fe y de confianza legitima?