El ex juez Javier Gómez de Liaño, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación en el caso Sogecable en 1999, ha recibido una pequeña pero llamativa recompensa moral por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha dictaminado que el ex juez no tuvo un juicio independiente e imparcial. Eso sí, el alto tribunal europeo no entra para nada a valorar la condena por prevaricación. El Supremo condenó en octubre de 1999 al entonces juez de la Audiencia Nacional por un delito continuado de prevaricación judicial (dictar a sabiendas resolución injusta) a las penas de 18 meses de multa, a razón de 1.000 pesetas diarias, y a 15 años de inhabilitación especial para cargo público con la pérdida definitiva de su cargo de juez y los honores que le eran anejos.