En un expediente administrativo para la renovación de contrato con la Administración, se utiliza un presunto delito en el que el interesado (yo) está imputado, para realizar una propuesta de resolucion negativa a la renovacion de contrato.
¿No es esta una clara vulneración del artículo 22 de la Constitución Española?
¿Se puede actuar contra el funcionario de la Administración que, en el ejercicio de sus funciones, como Instructor del expediente, quebranta ese derecho contitucional a la presunción de inocencia del interesado, añadiendo al expediente documentación relativa a ese presunto delito?