«Tanto los juzgados de Poniente como los de Oviedo no fueron construidos de forma coherente con los procesos judiciales y no cumplen los requisitos mínimos»
24.02.08 - OLAYA SUÁREZ
Ángel Campo es magistrado del Juzgado de Familia número 8 de Gijón y defensor a ultranza de los derechos de los menores, quienes, según explica, «se han convertido en el arma de una guerra abierta en las separaciones de muchas parejas». Con una carrera judicial de 22 años a sus espaldas, este profesional se encuentra ahora inmerso en la puesta en marcha de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (ASEMIP), una agrupación nacional que estudia los desajustes sociales que se producen en las crisis familiares. El magistrado recibe a EL COMERCIO en el juzgado de familia de la calle de Donato Argüelles, un local que «no cumple los requisitos mínimos y que hasta hace pocos meses carecía de ascensor», según denuncia.
-Estarán deseosos de que se construya el proyectado Palacio de Justicia gijonés para abandonar estas dependencias en las que se encuentran ahora.
-Dependerá de cómo se proyecte el edificio, porque puede ser que se repitan los errores de los edificios de Poniente y Oviedo, que no valen y tampoco cumplen los requisitos. Los arquitectos deberían de tener en cuenta las necesidades de los abogados, los jueces y la Policía a la hora de diseñar el edificio. A lo mejor, nos vamos de aquí para empezar en un edificio nuevo pero que tampoco nos sirve.
- ¿Cuáles son las necesidades primordiales?
-Para los juzgados de familia lo esencial es contar con una sala especial para escuchar a los menores y que esté separada del resto para preservar la intimidad. No puede ser que los menores que vienen a declarar por la separación de sus padres estén en el mismo sitio que otros niños que vienen al juzgado por algún delito.
-¿Es eso, garantizar los derechos del menor, lo que se pretende con la creación de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales?
-Sí, el objetivo es buscar soluciones posibles para hacer a los niños más llevadero el cese de la convivencia de sus progenitores. Está formada por abogados, psicólogos, jueces, médicos y demás profesionales, que investigarán y analizarán por qué cada vez es más frecuente que los menores dejen de tener contacto o una relación normal con alguno de los progenitores cuando se produce una separación.
-¿Por qué cada vez se producen más litigios por divorcios y los procesos son más largos?
-Es una cuestión de educación. Ahora las partes están interesados en alargar los pleitos, en iniciar una guerra para molestar al otro. Se ha vuelto a una guerra entre sexos relacionada directamente con la forma en que se está tratando la violencia de género, para la que no se utilizan métodos de prevención.
-¿Cuál sería la solución?
-La prevención pasa por la creación de juzgados de familia con buenas dotaciones de mediación familiar, puntos de encuentro, escuelas para padres separados... El problema es que todos esos aspectos necesitan presupuesto, y es lo que actualmente no tenemos. Se ha destinado mucho dinero a la Ley de Violencia de Género y muy poco a los sistemas de prevención. Hay un gran desnivel.
-¿Cómo afecta al menor una separación problemática?
-La situación les genera fracaso escolar, aislamiento y comportamientos violento entre otras cosas. Se dan casos en los que, finalmente, los hijos se convierten en acosadores porque están acostumbrados a ver que ese es el procedimiento habitual de actuación.
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-Se han dictado sentencias en los últimos meses que dan la razón a la persona que había sido denunciada por malos tratos. ¿Se ha visto un aumento del número de denuncias falsas por violencia de género?
-Se aprecia un incremento porque es una forma de conseguir medidas civiles urgentes. El problema viene después, ya que, cuando se demuestra que los hechos son falsos, es difícil volver atrás y eliminar las medidas interpuestas. Sin embargo, tengo conocimiento de tres hombres que fueron denunciados por sus esposas por abusos sexuales hacia sus hijos y que finalmente consiguieron la custodia de los menores al comprobarse que se les acusaba de delitos que no habían cometido.
Competencias
-¿Cómo afecta a la región el traspaso de competencias en materia de justicia?
-En el funcionamiento de la Justicia no ha habido cambios, pero sí en los medios. Somos una región pobre, lo que se traduce en la reducción de los recursos. Pero aún estamos a la espera para ver cómo evoluciona la situación en un futuro.
-Usted ha sido uno de los magistrados denunciados por celebrar juicios cuando los funcionarios de la Administración de Justicia estaban en huelga.
-En primer lugar, quiero decir que apoyo la huelga al 100% porque considero que las reivindicaciones de los trabajadores son justas. Tienen toda la razón. Es cierto que no he suspendido ningún juicio, porque considero que los derechos de los menores están por encima y hay que salvarguardarlos de cualquier complicación. Los derechos de las personas no son absolutos y los menores que vienen a los juzgados son lo principal y los que no tienen por qué pagar más consecuencias de aquellas a las que ya se enfrentan. Hay una colisión entre derechos de ambos colectivos y en este caso tiene prioridad el de los menores.
-¿Cómo repercutirá este parón?
-La situación tardará en sacarse adelante varios meses porque la paralización ha afectado a todos los aspectos.
-¿Considera que la actual legislación favorece a las mujeres en materia de separaciones?
-Lo que se intenta es que las leyes no favorezcan ni a hombres ni a mujeres, sino que sean equitativas y se atengan a la neutralidad. En muchas ocasiones la mala leche no entiende de sexos y es por ese motivo por lo que no se pueden utilizar armas ilegítimas en un proceso de separaciones matrimoniales.