Mi padre tiene una enfermedad neurológica, demencia, que afecta al autogobierno.
El problema es que un profesional sin conocimiento en la materia (psiquiatra) rechazó el diagnóstico y le puso otro, ignorando todas las pruebas objetivas que se le habían hecho que confirmaban completamente la enfermedad.
Mi padre se niega a ir al neurólogo y hacerse más pruebas.
Ahora tenemos que ir a la audiencia provincial...
En la fiscalía y primera instancia los forenses se basaron en el segundo informe, erróneo y fruto de mala práxis, para hacer su propio informe. Y tanto los forenses, juez y fiscal no aceptan ni rechazan el diagnóstico, y solo valoran unas funciones cognitivas concretas (no tiene afectado el habla ni la memoria, por ejemplo), y no la afectación completa que padece debido a la enfermedad.
No hicieron ningún caso a los peritos expertos de parte que hemos llevado.
¿Qué posibilidades veis de que nos acepten una valoración neurológica pericial o de parte por peritos expertos para que realicen una valoración adecuada y completa de la enfermedad?