Soy copropietario de una finca de unos 9.000m2 que durante muchos años estuvo calificada como equipamientos. Estamos al día en los pagos de tributos.
Los propietarios, muy mayores no le prestaban atención, por ello en 1983 el ayuntamiento de forma unilateral ocupó una esquina (2.000m2 en total) para hacer una salida de una calle. La propiedad se enteró del caso mediante la recepción de una carta de reconocimiento de deuda por el justiprecio establecido.
Nunca se llegó a cobrar el importe de aquel justiprecio; en cambio las tierras vertidas para nivelar el vial sí que provocaron serios perjuicios en buena parte de la finca.
A partir de la primera reclamación de aquel justiprecio empezaron los problemas.
En 2001, se aprobó el PERI de la zona pero ninguno de los propietarios es residente del municipio, por lo que nadie se enteró de la nueva calificación de la finca que pasaba a ser forestal (a pesar de que 1/3 de la finca no presenta las características de un terreno forestal y además hay una vivienda (en mal estado pero firme).
Entre 2002 y 2004 me dirigí al ayuntamiento para tratar de hacer algo útil con la finca y ahí empecé a percibir una "mala idea" con respecto al tema.
Primero me dijeron que el PERI aún estaba en proyecto. Siempre ignoraron la deuda pendiente del justiprecio. Más tarde, cuando ya averigüé que la finca había sufrido afectaciones (básicamente por el cambio en los IBIS y alguna notificación al respecto por parte de Catastro), en 2010 presenté una propuesta de cinco opciones para tratar de desbloquear la situación de la finca, y se me informó que en esa finca no se podía hacer nada y que "YO" había presentado en 1998 una propuesta de cesión de toda la finca a cambio de permiso para edificar en una parcelita de 250m2 con una pendiente del 30%. Así me entregaron un documento con mi nombre y DNI pero firmado P.O. por alguien que no conozco. Lo gracioso es que hasta hace dos años yo sólo era propietario del 10% de la finca, es decir: se supone que el menor de los propietarios hizo la propuesta de cesión y el ayuntamiento la aceptó sin dudarlo ni comprobarlo.
Cada vez que intenté dialogar con el regidor de urbanismo, a los pocos días recibía una notificación de "requerimiento de limpieza de la finca", "requerimiento de tala de árboles con riesgo de caida" requerimiento de reparación o derribo de un muro peligroso", ... Y la sugerencia oral del Sr. Regidor fue que dejase de pagar los impuestos porque al final se quedarían igual con la finca.
Recientemente con el cambio de gobierno en ese ayuntamiento (el anterior tuvo serios problemas judiciales precisamente en el departamento de urbanismo), se pusieron en contacto conmigo para tratar de hallar una solución.
Pero la postura inicial del Ayuntamiento es que mi finca está comprometida en cesión gratuita a cambio de la mencionada compensación y que en cualquier momento podrían ocupar precisamente la parte no forestal (con la edificación en medio) para construir un vial sin necesidad ni siquiera de indemnizarme.
Ellos afirman que podrían ofrecerme una expropiación de toda la finca por 80 o 90 mil € pero que les faltaba hallar una justificación, pues la ley no contempla compensación alguna por la ocupación.
A lo cual yo respondí que, en 2012 presenté una instancia recordando que aún estaba pendiente el pago del justiprecio más los intereses legales acumulados durante casi 30 años, por si eso les servía de justificación para elevar la oferta un poco más.
Estoy pendiente de la respuesta, pero mi pregunta es:
Teniendo en mi poder el documento "falseado" de mi presunta cesión de la finca y la carta de reconocimiento del justiprecio (pero sin registro de salida, sólo firmada por el regidor activo en 1983); ante la posibilidad de que el consistorio pretenda ejecutar la ocupación sin siquiera expropiar o, a lo sumo hacerlo por un ínfimo importe,
Hay alguna posibilidad legal de conseguir que:
- Paguen el justiprecio pendiente con los intereses acumulados,
- Reconozcan la mala praxis ejecutada por el anterior equipo de gobierno y restituyan la calificación de equipamientos que tenía la finca (al menos en el tercio Norte)
- Encuentren una justificación adecuada para compensar mi cesión total de la finca por un importe NETO no inferior a los 125.000€ con lo cual me olvidaría hasta del justiprecio.
Considero que no puede ser legal que un ayuntamiento venga a mi propiedad y me la quite “porque le darán un mejor uso que yo …?”.
Usar un documento en mi nombre del cual no tengo ningún conocimiento debe ser, cuanto menos usurpación de atribuciones, falsedad documental o algo parecido, no?
La carta del justiprecio, por sí sola puede que no tenga valor jurídico, pero se puede demostrar que nunca se cobró ese importe, a no ser que también saquen algún recibo firmado por orden.
¿En caso de necesidad habría base jurídica para emprender acciones legales?