Resulta que los inquiokupas, debían marcharse en marzo del 2022 (comunicado en plazo y forma) pero no hicieron caso y siguieron abonando la renta a la inmobiliaria y esta a mi.
Me pidieron "tiempo" sin definir, hasta encontrar otra vivienda que satisficiera sus necesidades como venía haciendo la que les tenía arrendada.
El caso es que cansado de esperar meses, (error mío, por buenista) comuniqué a la inmobiliaria por burofax el deseo de terminar cualquier relación comercial y por supuesto cancelar cualquier domiciliación bancaria y la eliminación de todos mis datos, así como aportar cualquier contrato, o documento que suscribiera mi nombre y fuera de mi interés.
Me respondieron días más tarde en que dejarían de "administrar el alquiler" y que a partir de ahora la parte arrendadora haría el pago a mi número de cuenta.
Yo no he dado permiso para que ellos compartan el número de cuenta. De hecho, no sé de qué alquiler están hablando, si el contrato está terminado desde marzo 2022. Están instalados y pagando "un importe" del que no estoy de acuerdo.
Ya está tramitándose la demanda para iniciar un lanzamiento, agotadas todas las vías amistosas.
Mi pregunta es, ha sido desleal la inmobiliaria, a sabiendas de que el contrato estaba finalizado en marzo 2022 el que siguiera cobrándome los servicios de gestión de la finca, como si nada hubiera pasado?
Y lo más grave, ¿puedo demandar a la inmobiliaria por haberles facilitado mi número de cuenta bancaria?