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Malas practicas y falta de transparencia
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Malas practicas y falta de transparencia
Desde la Ley de enjuiciamiento civil, está claro que el abogado ha de solicitar a su cliente el abono de los gastos del proceso a medida que se vayan haciendo. En el momento de la contratación, puede solicitar el 75 % de los gastos previstos en la primera fase del procedimiento (ej. hasta sentencia, en civiles) y devengar el resto hasta la finalización de aquella.
Es corriente que los abogados no contraten por escrito, creen una hoja de encargo o hagan presupuesto. Si lo hacen, es raro que los sellen en el Colegio correspondiente.
Los menos escrupulosos llegan incluso, pudiéndolo hacer fácilmente (es deber legal), a omitir la cuantía estimada del procedimiento en el escrito de demanda, para aprovecharse en caso de vencimiento.
Al presentar la solicitud de tasación de costas, no incluyen los justificantes de pago de los servicios de los profesionales contratados (recibos de transferencias, pago en sucursal bancaria, etc.), que le deben entregar sus clientes, requisito legal (LEC) que pasa por alto la corrupta administración de justicia, personificada en secretarios judiciales y jueces, que pueden conseguir el ingreso y permanencia en cuenta bancaria del Juzgado de una sustanciosa cantidad de euros antes de que los vencedores cobren.
Ni siquiera, antes de la solicitud de tasación, se exige que la parte vencedora reclamen con los justificantes de pago a la parte vencida lo que le ha costado el pleito.
La falta de transparencia está orientada a que los abogados cobren más de lo acordado con sus clientes. A veces, el abogado del perdedor consiente con el fin de beneficiarse también el. Los Juzgados también ganan, como he dicho.
En ejecución, como en el incidente de costas, tampoco presentan los justificantes de los importes que se reclaman, ni otros documentos (contrato, hoja de encargo, presupuesto). Se despacha ejecución y los Juzgados no exigen los justificantes para retirar el dinero de la cuenta bancaria o para su transferencia a los interesados.
La desverguenza profesional de algunos jurídicos llega al extremo de solicitar la transferencia del dinero embargado a sus cuentas, a otras interpuestas (suelen ser de sociedades mercantiles), sin haber devuelto antes los importes a sus clientes.
Esto es relativamente frecuente en la jurisdicción civil. Los jueces y secretarios judiciales se saltan a la torera la Ley de enjuiciamiento civil y la jurisprudencia sobre costas del Tribunal Supremo.
Si todo sale bien, pueden embolsarse los abogados hasta 30.000 o 40.000 euros o más, que engordarán la cuenta del Juzgado durante cierto tiempo.
Es corriente que los abogados no contraten por escrito, creen una hoja de encargo o hagan presupuesto. Si lo hacen, es raro que los sellen en el Colegio correspondiente.
Los menos escrupulosos llegan incluso, pudiéndolo hacer fácilmente (es deber legal), a omitir la cuantía estimada del procedimiento en el escrito de demanda, para aprovecharse en caso de vencimiento.
Al presentar la solicitud de tasación de costas, no incluyen los justificantes de pago de los servicios de los profesionales contratados (recibos de transferencias, pago en sucursal bancaria, etc.), que le deben entregar sus clientes, requisito legal (LEC) que pasa por alto la corrupta administración de justicia, personificada en secretarios judiciales y jueces, que pueden conseguir el ingreso y permanencia en cuenta bancaria del Juzgado de una sustanciosa cantidad de euros antes de que los vencedores cobren.
Ni siquiera, antes de la solicitud de tasación, se exige que la parte vencedora reclamen con los justificantes de pago a la parte vencida lo que le ha costado el pleito.
La falta de transparencia está orientada a que los abogados cobren más de lo acordado con sus clientes. A veces, el abogado del perdedor consiente con el fin de beneficiarse también el. Los Juzgados también ganan, como he dicho.
En ejecución, como en el incidente de costas, tampoco presentan los justificantes de los importes que se reclaman, ni otros documentos (contrato, hoja de encargo, presupuesto). Se despacha ejecución y los Juzgados no exigen los justificantes para retirar el dinero de la cuenta bancaria o para su transferencia a los interesados.
La desverguenza profesional de algunos jurídicos llega al extremo de solicitar la transferencia del dinero embargado a sus cuentas, a otras interpuestas (suelen ser de sociedades mercantiles), sin haber devuelto antes los importes a sus clientes.
Esto es relativamente frecuente en la jurisdicción civil. Los jueces y secretarios judiciales se saltan a la torera la Ley de enjuiciamiento civil y la jurisprudencia sobre costas del Tribunal Supremo.
Si todo sale bien, pueden embolsarse los abogados hasta 30.000 o 40.000 euros o más, que engordarán la cuenta del Juzgado durante cierto tiempo.
