Estoy intentando averiguar si las entidades de derecho público (ayuntamientos, comunidades autónomas, etc.) pueden ser adjudicatarias de un contrato público.
En el Reino Unido, por ejemplo, la ley "2006 Public Regulations" dispone que no hay ningún obstáculo que impida que a las entidades de derecho público se les adjudiquen los contratos del sector público. La única condición es que respeten las mismas obligaciones que se imponen a las personas jurídicas privadas (las leyes de competencia, etc.).
No encuentro ninguna disposición en la Ley de Contratos del Sector Público que especifique que tal posibilidad existe también en España.