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la trama y mafias feminazis judiciales al descubierto-mujeres de altos cargos
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No concretó los maltratos psicológicos a los que Dolores lo sometía pero sí contó que alguna vez llegó a esconderse de ella preso del miedo. En febrero de 2001, a Miguel Ángel no lo frenó ni el llanto de su hija, de sólo un mes. Dio el portazo definitivamente a la par que escuchaba a Dolores decir: «¿Te vas? Pues te voy a dar donde más te duele ». Ella debió de pensar que con su destreza con las leyes, su condición de mujer y una Ley de Violencia de Género muy connivente con las denuncias femeninas iba a ser pan comido aquello de propinarle un buen correctivo. Comenzó saltándose el régimen de visitas estipulado tras la separación —tiene varias multas judiciales por ello— y suministrándole las primeras gotas, aún inocuas, de su particular frasco de cianuro: «A la niña le ha mordido un perro estando con su padre; la niña se ha caído del tobogán estando con su padre; la niña se ha puesto enferma estando con su padre y él no la ha llevado al médico...». Luego Dolores maquinó palabras mayores. Por dos veces —en 2002 y en 2003— denunció que Miguel Ángel había abusado sexualmente de su propia hija. Como abogada, sabía que a un padre encausado por agresión sexual se le retira inmediatamente la custodia de los hijos hasta que se resuelve el asunto. Los tribunales, según refleja la sentencia de divorcio, acabaron absolviendo a Miguel Ángel: «Doña María Dolores Martín Pozo parece ser claramente obstaculizadora de los contactos entre la menor y el padre, ya que n ha permitido las visitas entre ambos desde hace tres años, con diferentes excusas y pretextos, e incluso graves acusaciones vertidas contra el padre, por supuestos abusos sexuales, que han quedado desacreditados según resolución judicial consecuencia de las diligencias incoadas en su día, por tales motivos, a instancias de la madre», se lee en la sentencia que Miguel Ángel nunca llegó a conocer. Iban a comunicársela el 15 de marzo de 2007. El día antes, lo mataron. La resolución, además, le otorgaba a Miguel Ángel la custodia de su hija. Un logro, una rareza incluso, en un país donde sólo el 1% de los padres se quedan con los hijos. La niña, de siete años, ha acabado convirtiéndose en la otra gran víctima del suceso. La justicia le retiró la custodia a Dolores pero no así la patria potestad. Muerto el padre, la pequeña volvía automáticamente a sus brazos.
Ahora, como Dolores está en prisión, vive con la actual pareja de su madre, Carlos San Juan, informático, quien llegó a ser director de dominios de Red.es,empresa adscrita al Ministerio de Industria. Carlos y Dolores tienen un hijo común, de pocomás de un año. En el juicio que dirimió el divorcio— 24 de enero de 2007—, Dolores dio buena cuenta de su esencia. Entonces parecían amenazas vacuas.«Vamos a acabar contigo. No permitiremos que tengas a la niña. Antes te mato», decía, con testigos de por medio, intuyendo que el veredicto no iba a ser de su agrado. Cuentan que Miguel Ángel tuvo que abandonar la sala escoltado por miembros de seguridad del juzgado. Dolores había vuelto a dejarle claro que no pensaba entregarle a su hija por mucho que lo dijera la justicia. Y se aseveró en ello cuando recibió la llamada de María Emilia Casas sin saber que tenía el teléfono pinchado: «Mi intención era, si me salía una sentencia de esas características, el haberme ido con la cría, lo tengo muy claro, y no apurar las vías hasta el Constitucional, irme a donde fuera... ». Le estaba diciendo a la cuarta autoridad del Estado que había pensado en secuestrar a su hija.
La trama y mafias feminazis judiciales al descubierto-mujeres de altos cargos
El portero no se lo cree. Una antigua compañera, tampoco. No es posible que detrás de la dulce sonrisa de la abogada María Dolores se escondiese alguien capaz de machacar a su marido hasta la muerte y de dejar «herida» a la presidenta del Constitucional utilizando a su padre fontanero. Ésta es la historia de toda una dama negra
ANA MARÍA ORTIZ
El portero del número 57 de la calle Viriato,Madrid centro, se ha quedado mudo, perplejo: «¿Pero está segura de que hablamos de la misma Dolores?». No le parece posible que la educada abogada que tenía despacho en el 1º B,la que siempre lo recibía con una amable sonrisa cuando le entregaba en mano el correo,sea la misma mujer que está en prisión acusada de contratar a un sicario para asesinar a su ex marido. «¿Dolores Martín Pozo?», insiste el incrédulo portero. La misma.La estupefacción se repite cada vez que se toca el entorno ocasional de Dolores: «No lo puedo creer, si era una chica encantadora. Además, muy legal con los compañeros y muy trabajadora», dice una abogada que ha llevado algún caso con ella. «¿Dolores Martín Pozo?», pregunta por enésima vez, reacia a asimilar que la menuda Lola, letrada de poco relumbrón, es la protagonista de la conversación telefónica que ha puesto en un serio brete a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. La misma. Sin ser juzgada aún, María Dolores Ma ín Pozo —Madrid, 1971— se ha ganado ya un puesto en los primeros peldaños del escalafón de damas negras de la historia del crimen español. Guardaespaldas con maneras de matones, sicarios, Ana Obregón, Jaime Cantizano, la presidenta del Constitucional, la del Observatorio de la Violencia de género... Son algunos de los nombres que pivotan en torno a un truculento suceso que raya la ficción y del que ella es el epicentro. La primera figura. Un papel muy de su gusto, según quienes la han tratado más de cerca. «Mimarido, ¡qué pobrecito! ¡Si era un violador! ¡Anda que se pudra bajo tierra y se lo coman las víboras!», le grabó la Guardia Civil, cuando hablaba por teléfono, antes de ser detenida como presunta instigadora del asesinato de su marido.
Las biografías que seguro relatarán su retorcida y punzante personalidad podrían arrancar en julio de 1998, cuando la abogada se casó, por la iglesia, con Miguel Ángel Salgado, un joven informático al que había conocido en el barrio (Vallecas) por mediación de unos amigos comunes. Antes de que un asesino a sueldo le administrara tres balas, de parte (presuntamente) de su señora, Miguel Ángel contó el vía crucis que le supuso aquel «sí quiero». Lo que parecía simplemente una mujer de carácter fuerte se transformó enseguida en una suerte de dominatrix pero sin látigo.
ANA MARÍA ORTIZ
El portero del número 57 de la calle Viriato,Madrid centro, se ha quedado mudo, perplejo: «¿Pero está segura de que hablamos de la misma Dolores?». No le parece posible que la educada abogada que tenía despacho en el 1º B,la que siempre lo recibía con una amable sonrisa cuando le entregaba en mano el correo,sea la misma mujer que está en prisión acusada de contratar a un sicario para asesinar a su ex marido. «¿Dolores Martín Pozo?», insiste el incrédulo portero. La misma.La estupefacción se repite cada vez que se toca el entorno ocasional de Dolores: «No lo puedo creer, si era una chica encantadora. Además, muy legal con los compañeros y muy trabajadora», dice una abogada que ha llevado algún caso con ella. «¿Dolores Martín Pozo?», pregunta por enésima vez, reacia a asimilar que la menuda Lola, letrada de poco relumbrón, es la protagonista de la conversación telefónica que ha puesto en un serio brete a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. La misma. Sin ser juzgada aún, María Dolores Ma ín Pozo —Madrid, 1971— se ha ganado ya un puesto en los primeros peldaños del escalafón de damas negras de la historia del crimen español. Guardaespaldas con maneras de matones, sicarios, Ana Obregón, Jaime Cantizano, la presidenta del Constitucional, la del Observatorio de la Violencia de género... Son algunos de los nombres que pivotan en torno a un truculento suceso que raya la ficción y del que ella es el epicentro. La primera figura. Un papel muy de su gusto, según quienes la han tratado más de cerca. «Mimarido, ¡qué pobrecito! ¡Si era un violador! ¡Anda que se pudra bajo tierra y se lo coman las víboras!», le grabó la Guardia Civil, cuando hablaba por teléfono, antes de ser detenida como presunta instigadora del asesinato de su marido.
Las biografías que seguro relatarán su retorcida y punzante personalidad podrían arrancar en julio de 1998, cuando la abogada se casó, por la iglesia, con Miguel Ángel Salgado, un joven informático al que había conocido en el barrio (Vallecas) por mediación de unos amigos comunes. Antes de que un asesino a sueldo le administrara tres balas, de parte (presuntamente) de su señora, Miguel Ángel contó el vía crucis que le supuso aquel «sí quiero». Lo que parecía simplemente una mujer de carácter fuerte se transformó enseguida en una suerte de dominatrix pero sin látigo.
No concretó los maltratos psicológicos a los que Dolores lo sometía pero sí contó que alguna vez llegó a esconderse de ella preso del miedo. En febrero de 2001, a Miguel Ángel no lo frenó ni el llanto de su hija, de sólo un mes. Dio el portazo definitivamente a la par que escuchaba a Dolores decir: «¿Te vas? Pues te voy a dar donde más te duele ». Ella debió de pensar que con su destreza con las leyes, su condición de mujer y una Ley de Violencia de Género muy connivente con las denuncias femeninas iba a ser pan comido aquello de propinarle un buen correctivo. Comenzó saltándose el régimen de visitas estipulado tras la separación —tiene varias multas judiciales por ello— y suministrándole las primeras gotas, aún inocuas, de su particular frasco de cianuro: «A la niña le ha mordido un perro estando con su padre; la niña se ha caído del tobogán estando con su padre; la niña se ha puesto enferma estando con su padre y él no la ha llevado al médico...». Luego Dolores maquinó palabras mayores. Por dos veces —en 2002 y en 2003— denunció que Miguel Ángel había abusado sexualmente de su propia hija. Como abogada, sabía que a un padre encausado por agresión sexual se le retira inmediatamente la custodia de los hijos hasta que se resuelve el asunto. Los tribunales, según refleja la sentencia de divorcio, acabaron absolviendo a Miguel Ángel: «Doña María Dolores Martín Pozo parece ser claramente obstaculizadora de los contactos entre la menor y el padre, ya que n ha permitido las visitas entre ambos desde hace tres años, con diferentes excusas y pretextos, e incluso graves acusaciones vertidas contra el padre, por supuestos abusos sexuales, que han quedado desacreditados según resolución judicial consecuencia de las diligencias incoadas en su día, por tales motivos, a instancias de la madre», se lee en la sentencia que Miguel Ángel nunca llegó a conocer. Iban a comunicársela el 15 de marzo de 2007. El día antes, lo mataron. La resolución, además, le otorgaba a Miguel Ángel la custodia de su hija. Un logro, una rareza incluso, en un país donde sólo el 1% de los padres se quedan con los hijos. La niña, de siete años, ha acabado convirtiéndose en la otra gran víctima del suceso. La justicia le retiró la custodia a Dolores pero no así la patria potestad. Muerto el padre, la pequeña volvía automáticamente a sus brazos.
Ahora, como Dolores está en prisión, vive con la actual pareja de su madre, Carlos San Juan, informático, quien llegó a ser director de dominios de Red.es,empresa adscrita al Ministerio de Industria. Carlos y Dolores tienen un hijo común, de pocomás de un año. En el juicio que dirimió el divorcio— 24 de enero de 2007—, Dolores dio buena cuenta de su esencia. Entonces parecían amenazas vacuas.«Vamos a acabar contigo. No permitiremos que tengas a la niña. Antes te mato», decía, con testigos de por medio, intuyendo que el veredicto no iba a ser de su agrado. Cuentan que Miguel Ángel tuvo que abandonar la sala escoltado por miembros de seguridad del juzgado. Dolores había vuelto a dejarle claro que no pensaba entregarle a su hija por mucho que lo dijera la justicia. Y se aseveró en ello cuando recibió la llamada de María Emilia Casas sin saber que tenía el teléfono pinchado: «Mi intención era, si me salía una sentencia de esas características, el haberme ido con la cría, lo tengo muy claro, y no apurar las vías hasta el Constitucional, irme a donde fuera... ». Le estaba diciendo a la cuarta autoridad del Estado que había pensado en secuestrar a su hija.
A Miguel Ánel intentaron liquidarlo por primera vez la misma tarde en la que el juicio por el divorcio quedó visto para sentencia. Horas después del «antes te mato». Recorría por carretera el trayecto que conduce de Rivas Vaciamadrid,donde trabajaba, como director financiero de la empresa de informática DMI9 Computer, a Ciempozuelos, donde vivía con una chica con la que había rehecho su vida y con la que tenía planeado casarse en 2008. Un coche lo siguió y lo acosó hasta embestirlo y sacarlo del asfalto. Él salió prácticamente ileso del accidente, pero el vehículo que conducía quedó completamente destrozado. Pensó que era un recado de Dolores, un susto, pero nunca creyó que fuera capaz de más. Al día siguiente, denunció.
UN AVISO PREVIO
Dos semanas antes del asesinato, volvió a recibir otro aviso. Esta vez su retrovisor reflejaba una amenazante Honda CBR-600 que llevaba varios días rondándole. Los de la moto lo adelantaron y lo esperaron más adelante. Cuando Miguel Ángel pasó a su altura aceleró al ver que uno de ellos se llevaba la mano al pecho como si fuera a sacar un arma. Un colombiano, de unos 30 años, de complexión fuerte, y un español, de similar edad, pero menos atlético. Uno de ellos llevaba un pinganillo en la oreja y una pistola en la cintura. Así los describió un hombre que se cruzó con la siniestra pareja en un bar de Titulcia. En aquella ocasión, Miguel Ángel dejó pasar la afrenta, sabedor de que no tenía ninguna prueba. No hubo querella. Él y Dolores intercambiaron hasta 12 denuncias durante su traumático proceso de separación. Prácticamente se veían las caras en los juzgados, terreno en el que ella se movía como pez en el agua. La última vez que estuvieron frente a frente fue el 31 de enero de 2007 por el altercado del centro comercial sucedido dos años atrás. Miguel Ángel y su pareja estaban de compras en Pinto cuando se cruzaron con una tía de Dolores. En minutos, ella estaba allí: «Se va a enterar España de lo que eres, has violado a tu hija...», decía montando la algarabía en un pasillo del supermercado. Miguel Ángel dio aviso a la Guardia Civil y de nuevo salió de allí protegido por los agentes.
En el camino se cruzó con una imagen especialmente hiriente: su hija, a la que no veía desde hacía meses, observaba la escena desde la barandilla de una planta superior del centro comercial. No lo reconocía. De hecho, aún hoy, cuando usa la palabra papá es para dirigirse al novio de su madre. Un familiar de Dolores aupó entonces a la niña y la aleccionó: «Por ahí va tu agresor». «Ya me encargaré de que se entere España», seguía coreando Dolores. Se refería a su intervención en el programa de Telemadrid Sucedió en Madrid, al que acudía dos días después. En el plató —donde su rostro apareció velado pese a las protestas de ella porque así lo ordenó un juez a petición de Miguel Ángel— siguió labrándose su retrato de mujer desvalida, enfrentada a una justicia cegata que dejaba impune el calvario por el que pasaban ella y su hija. El 14 de marzo de 2007, un asesino a sueldo esperaba a Miguel Ángel en un pequeño habitáculo junto al ascensor del garaje de su domicilio, en el núme o 3 de la calle de los Caretos, en Ciempozuelos. Le descerrajó tres tiros: uno en la mano, otro en el tórax y un tercero de gracia en la cabeza, remate del trabajo bien hecho. El equipo de la Guardia Civil que se hizo cargo del caso no halló en las primeras investigaciones indicio alguno que sustentaran que el asesinato era producto de un sucio ajuste de cuentas como indicaba la profesionalidad de la ejecución. Los agentes, alertados por la familia, se centraron entonces en la disputa con Dolores, la única sombra en su rutinaria, casi monótona, existencia.
UN AVISO PREVIO
Dos semanas antes del asesinato, volvió a recibir otro aviso. Esta vez su retrovisor reflejaba una amenazante Honda CBR-600 que llevaba varios días rondándole. Los de la moto lo adelantaron y lo esperaron más adelante. Cuando Miguel Ángel pasó a su altura aceleró al ver que uno de ellos se llevaba la mano al pecho como si fuera a sacar un arma. Un colombiano, de unos 30 años, de complexión fuerte, y un español, de similar edad, pero menos atlético. Uno de ellos llevaba un pinganillo en la oreja y una pistola en la cintura. Así los describió un hombre que se cruzó con la siniestra pareja en un bar de Titulcia. En aquella ocasión, Miguel Ángel dejó pasar la afrenta, sabedor de que no tenía ninguna prueba. No hubo querella. Él y Dolores intercambiaron hasta 12 denuncias durante su traumático proceso de separación. Prácticamente se veían las caras en los juzgados, terreno en el que ella se movía como pez en el agua. La última vez que estuvieron frente a frente fue el 31 de enero de 2007 por el altercado del centro comercial sucedido dos años atrás. Miguel Ángel y su pareja estaban de compras en Pinto cuando se cruzaron con una tía de Dolores. En minutos, ella estaba allí: «Se va a enterar España de lo que eres, has violado a tu hija...», decía montando la algarabía en un pasillo del supermercado. Miguel Ángel dio aviso a la Guardia Civil y de nuevo salió de allí protegido por los agentes.
En el camino se cruzó con una imagen especialmente hiriente: su hija, a la que no veía desde hacía meses, observaba la escena desde la barandilla de una planta superior del centro comercial. No lo reconocía. De hecho, aún hoy, cuando usa la palabra papá es para dirigirse al novio de su madre. Un familiar de Dolores aupó entonces a la niña y la aleccionó: «Por ahí va tu agresor». «Ya me encargaré de que se entere España», seguía coreando Dolores. Se refería a su intervención en el programa de Telemadrid Sucedió en Madrid, al que acudía dos días después. En el plató —donde su rostro apareció velado pese a las protestas de ella porque así lo ordenó un juez a petición de Miguel Ángel— siguió labrándose su retrato de mujer desvalida, enfrentada a una justicia cegata que dejaba impune el calvario por el que pasaban ella y su hija. El 14 de marzo de 2007, un asesino a sueldo esperaba a Miguel Ángel en un pequeño habitáculo junto al ascensor del garaje de su domicilio, en el núme o 3 de la calle de los Caretos, en Ciempozuelos. Le descerrajó tres tiros: uno en la mano, otro en el tórax y un tercero de gracia en la cabeza, remate del trabajo bien hecho. El equipo de la Guardia Civil que se hizo cargo del caso no halló en las primeras investigaciones indicio alguno que sustentaran que el asesinato era producto de un sucio ajuste de cuentas como indicaba la profesionalidad de la ejecución. Los agentes, alertados por la familia, se centraron entonces en la disputa con Dolores, la única sombra en su rutinaria, casi monótona, existencia.
JUEGOS DE ROL
Mientras le pinchaban el teléfono e indagaban si tenía contactos con algún esbirro, ella, que no fue al funeral ni al entierro ni presentó condolencias a la familia del padre de su hija, divulgaba en los medios de comunicación su particular visión de los
hechos.Mi exmarido, contaba aNieves Herrero, en Telemadrid, dos días
después del asesinato, era aficionado a los juegos de rol. Quizás tuviera que
ver con eso. Además, decía, se llevaba mal con una compañera de trabajo. ¿Trataba de desviar la atención? Enseguida quedó al descubierto su vínculo con Eloy Sánchez Barba, conocido sobre todo por ser el guardaespaldas de Ana Obregón, dedicado además a proporcionar seguridad a varios locales nocturnos deMadrid. Dolores lo había conocido porque Eloy solía contratar los servicios del bufete de la calle
Viriato donde ella entró a trabajar. Cuando ella se marchó de allí, por la puerta de atrás, se lo llevó en su cartera de clientes. Dolores Martín Pozo figura también como apoderada de dos empresas de seguridad —Cesigur y Clip Control—, propiedad de Óscar Sánchez Barba, hermano de Eloy. Las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil a Eloy proporcionaron inesperadas sorpresas, ajenas al caso pero con mucha chicha para los medios de comunicación, la prensa rosa sobre todo. Interviú lleva varios números sirviéndolas en capítulos. Lo más llamativo, de momento, es el episodio en que Ana Obregón llama a su guardaespaldas para preguntarle si sabe cómo contratar a un mamporrero y menciona su disgusto con el presentador Jaime Cantizano. A los agentes les pareció más
provechosa para la resolución del asesinato la llamada de un hombre desde Colombia que le anunciaba a Eloy su regreso a Madrid. Luego se comprobó que el guardaespaldas le había enviado anteriormente 3.000 euros a Bogotá. Se trataba de Charles Michael Guarín Cercos, un ex paracaidista, acusado de ser la mano que apretó el gatillo. El pistolero fue detenido el pasado 20 de mayo junto a Eloy, Dolores y un cuarto hombre, Gabriel Saavedra, al que se sitúa en la escena del crimen. Mucho más imprevistas resultaron ser las conversaciones pinchadas a Dolores. La abogada, sabedora de que aun muerto Miguel Ángel su familia iba a solicitar —y fácilmente conseguir— la titularidad de la custodia de la niña, removió todos sus contactos hasta lograr acceso directo a las más altas instituciones del Estado. Su padre, fontanero, quien trabajaba en un edificio donde María Emilia Casas tenía amistades, se las arregló para que una inquilina —sólo ha trascendido que se llama Elisa— intermediara ante la presidenta del Constitucional para que ésta mirara el caso de su hija. El pasado 17 de abril María Emilia marcó su teléfono pese a que sobre Dolores pesaba una dura sentencia de divorcio que la presentaba como una madre «obstaculizadora» y «alienante». [Alienación parental: Dícese del síndrome que surge fundamentalmente en las disputas por la guarda y custodia por el cual uno de los progenitores (Dolores según la justicia) manipula a los hijos para que odien al otro progenitor]. La Presidenta del Constitucional la desvió hacia dos abogadas de la Asociación de Mujeres Progresistas y se despidió con un «si alguna vez recurre en amparo, pues ya me vuelve a llamar» que la ha dejado tocada por mucho que el Supremo haya archivado el procedimiento en el que se investigaba si incurrió en asesoramiento ilegal. Conforme se estrechaba el cerco policial entorno a Dolores, la familia de la presunta acrecentó la presión sobre María Emilia Casas. Las continuas llamadas y mensajes que la presidenta del Constitucional recibía en su móvil personal la llevaron incluso a plantearse denunciarlospor acoso. Otra personalidad mencionada en las conversaciones telefónicas de Dolores es Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Dolores se jactaba de haber hablado con ella por el mismo asunto. Presumía también de tener padrino en el Supremo. «Lola ha dicho que hay una persona en el Supremo que levanta el teléfono y habla con quien haga falta», se grabó en boca de su novio, Carlos. Con ayuda de la plana mayor de la Justicia o sin ella, en diciembre pasado Dolores recurrió al Constitucional. Aún está pendiente su pronunciamiento. Antes tiene una cita mucho más importante con los tribunales. La que podría acabar condenándola a 20 años de prisión por el asesinato de Miguel Ángel Salgado, el padre de su hija.
FUNETE:
CRONICA DOMINGO 8. JUNIO. 2008 AÑO XX. NÚMERO 660
EL MUNDO
http://www.custodiacompartida.org/content/view/825/1/
Mientras le pinchaban el teléfono e indagaban si tenía contactos con algún esbirro, ella, que no fue al funeral ni al entierro ni presentó condolencias a la familia del padre de su hija, divulgaba en los medios de comunicación su particular visión de los
hechos.Mi exmarido, contaba aNieves Herrero, en Telemadrid, dos días
después del asesinato, era aficionado a los juegos de rol. Quizás tuviera que
ver con eso. Además, decía, se llevaba mal con una compañera de trabajo. ¿Trataba de desviar la atención? Enseguida quedó al descubierto su vínculo con Eloy Sánchez Barba, conocido sobre todo por ser el guardaespaldas de Ana Obregón, dedicado además a proporcionar seguridad a varios locales nocturnos deMadrid. Dolores lo había conocido porque Eloy solía contratar los servicios del bufete de la calle
Viriato donde ella entró a trabajar. Cuando ella se marchó de allí, por la puerta de atrás, se lo llevó en su cartera de clientes. Dolores Martín Pozo figura también como apoderada de dos empresas de seguridad —Cesigur y Clip Control—, propiedad de Óscar Sánchez Barba, hermano de Eloy. Las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil a Eloy proporcionaron inesperadas sorpresas, ajenas al caso pero con mucha chicha para los medios de comunicación, la prensa rosa sobre todo. Interviú lleva varios números sirviéndolas en capítulos. Lo más llamativo, de momento, es el episodio en que Ana Obregón llama a su guardaespaldas para preguntarle si sabe cómo contratar a un mamporrero y menciona su disgusto con el presentador Jaime Cantizano. A los agentes les pareció más
provechosa para la resolución del asesinato la llamada de un hombre desde Colombia que le anunciaba a Eloy su regreso a Madrid. Luego se comprobó que el guardaespaldas le había enviado anteriormente 3.000 euros a Bogotá. Se trataba de Charles Michael Guarín Cercos, un ex paracaidista, acusado de ser la mano que apretó el gatillo. El pistolero fue detenido el pasado 20 de mayo junto a Eloy, Dolores y un cuarto hombre, Gabriel Saavedra, al que se sitúa en la escena del crimen. Mucho más imprevistas resultaron ser las conversaciones pinchadas a Dolores. La abogada, sabedora de que aun muerto Miguel Ángel su familia iba a solicitar —y fácilmente conseguir— la titularidad de la custodia de la niña, removió todos sus contactos hasta lograr acceso directo a las más altas instituciones del Estado. Su padre, fontanero, quien trabajaba en un edificio donde María Emilia Casas tenía amistades, se las arregló para que una inquilina —sólo ha trascendido que se llama Elisa— intermediara ante la presidenta del Constitucional para que ésta mirara el caso de su hija. El pasado 17 de abril María Emilia marcó su teléfono pese a que sobre Dolores pesaba una dura sentencia de divorcio que la presentaba como una madre «obstaculizadora» y «alienante». [Alienación parental: Dícese del síndrome que surge fundamentalmente en las disputas por la guarda y custodia por el cual uno de los progenitores (Dolores según la justicia) manipula a los hijos para que odien al otro progenitor]. La Presidenta del Constitucional la desvió hacia dos abogadas de la Asociación de Mujeres Progresistas y se despidió con un «si alguna vez recurre en amparo, pues ya me vuelve a llamar» que la ha dejado tocada por mucho que el Supremo haya archivado el procedimiento en el que se investigaba si incurrió en asesoramiento ilegal. Conforme se estrechaba el cerco policial entorno a Dolores, la familia de la presunta acrecentó la presión sobre María Emilia Casas. Las continuas llamadas y mensajes que la presidenta del Constitucional recibía en su móvil personal la llevaron incluso a plantearse denunciarlospor acoso. Otra personalidad mencionada en las conversaciones telefónicas de Dolores es Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Dolores se jactaba de haber hablado con ella por el mismo asunto. Presumía también de tener padrino en el Supremo. «Lola ha dicho que hay una persona en el Supremo que levanta el teléfono y habla con quien haga falta», se grabó en boca de su novio, Carlos. Con ayuda de la plana mayor de la Justicia o sin ella, en diciembre pasado Dolores recurrió al Constitucional. Aún está pendiente su pronunciamiento. Antes tiene una cita mucho más importante con los tribunales. La que podría acabar condenándola a 20 años de prisión por el asesinato de Miguel Ángel Salgado, el padre de su hija.
FUNETE:
CRONICA DOMINGO 8. JUNIO. 2008 AÑO XX. NÚMERO 660
EL MUNDO
http://www.custodiacompartida.org/content/view/825/1/
Sólo el haber estado leyendo esta noticia desde hace tiempo me hace sentir una falsa tristeza que esconde una rabia suprema hacia las mujeres. Será mejor que nunca se acabe el estado de derecho porque por mi, a estas mujeres que hacen este tipo de cosas, se las ibamos a cobrar una por una y de la forma más lenta y dolorosa posible. Como ellas hacen que aunque unas acusaciones sean falsas se unen para machacar al hombre ojala viva yo para ver como sientos de hombres acorralan a una mujer de esa manera tan despiadada...
La llamada que toda España oyó
http://www.elpais.com/articulo/espana/llamada/toda/Espana/oyo/elpepiesp/20080608elpepinac_7/Tes
Historia de la conversación que sacudió a la presidenta del Constitucional - La juez empezó ayudando a la hija de un conocido y casi acaba sufriendo acoso
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 08/06/2008
Día 14 de marzo de 2007. Miguel Ángel Salgado Pimentel recibe tres disparos mortales cuando se encuentra en su garaje, en Ciempozuelos (Madrid). No hay robo, ni móvil aparente. La Guardia Civil reconstruye su biografía. ¿Qué elementos novedosos precedieron al crimen? ¿Qué enemistades tenía? Los dos interrogantes conducen a su ex esposa, la abogada Dolores Martín Pozo. Les enfrentaba la custodia de su hija. Y Dolores Martín acaba de sufrir una humillación: la víspera del crimen, un juez le había concedido a su ex marido la custodia. Ganas de venganza se le suponen; medios, también. Entre sus clientes figura un escolta de famosos, Eloy Sánchez Barba, al que se consulta telefónicamente en busca de sujetos capaces de dar palizas. Es más, según la investigación y su confesión, no sólo podía contratar especialistas en palizas, sino en asesinatos.
La juez del caso tiende entonces una red de escuchas sobre los sospechosos de este crimen de Ciempozuelos, con Dolores Martín a la cabeza. Sólo un mes después, la Guardia Civil registra una llamada entrante en el teléfono de Martín: la interlocutora deja boquiabiertos a los agentes. No necesitan identificarla. Lo hace ella misma.
-Mire, buenas tardes, soy Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, que me mandó unos papeles de usted doña E. A.
El tono de la conversación denota que ambas no se conocen, ni se tratan. Casas, de hecho, hace esfuerzos para refrescar la memoria a la abogada:
-¿Se sitúa?
-Sí, sí, me acuerdo.
La presidenta del Constitucional entra entonces de lleno en la conversación. Pide disculpas por la tardanza en responder a la petición de ayuda de Dolores Martín y asegura haberse leído "con detenimiento" los papeles del caso relativos a la custodia de su hija. Aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué la llama Casas? ¿Por qué una presidenta del Tribunal Constitucional ayuda de tal forma a una oscura abogada en apuros con quien evidencia no tener ni amistad ni trato?
La clave radica en el número 51 de la madrileña calle de Jorge Juan. Allí han vivido los padres de María Emilia Casas, ya fallecidos. Las chapuzas de la comunidad de vecinos y del hogar paterno donde creció Casas van unidas en sus recuerdos a un fontanero. Un fontanero que es padre de la letrada Dolores Martín.
http://www.elpais.com/articulo/espana/llamada/toda/Espana/oyo/elpepiesp/20080608elpepinac_7/Tes
Historia de la conversación que sacudió a la presidenta del Constitucional - La juez empezó ayudando a la hija de un conocido y casi acaba sufriendo acoso
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 08/06/2008
Día 14 de marzo de 2007. Miguel Ángel Salgado Pimentel recibe tres disparos mortales cuando se encuentra en su garaje, en Ciempozuelos (Madrid). No hay robo, ni móvil aparente. La Guardia Civil reconstruye su biografía. ¿Qué elementos novedosos precedieron al crimen? ¿Qué enemistades tenía? Los dos interrogantes conducen a su ex esposa, la abogada Dolores Martín Pozo. Les enfrentaba la custodia de su hija. Y Dolores Martín acaba de sufrir una humillación: la víspera del crimen, un juez le había concedido a su ex marido la custodia. Ganas de venganza se le suponen; medios, también. Entre sus clientes figura un escolta de famosos, Eloy Sánchez Barba, al que se consulta telefónicamente en busca de sujetos capaces de dar palizas. Es más, según la investigación y su confesión, no sólo podía contratar especialistas en palizas, sino en asesinatos.
La juez del caso tiende entonces una red de escuchas sobre los sospechosos de este crimen de Ciempozuelos, con Dolores Martín a la cabeza. Sólo un mes después, la Guardia Civil registra una llamada entrante en el teléfono de Martín: la interlocutora deja boquiabiertos a los agentes. No necesitan identificarla. Lo hace ella misma.
-Mire, buenas tardes, soy Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, que me mandó unos papeles de usted doña E. A.
El tono de la conversación denota que ambas no se conocen, ni se tratan. Casas, de hecho, hace esfuerzos para refrescar la memoria a la abogada:
-¿Se sitúa?
-Sí, sí, me acuerdo.
La presidenta del Constitucional entra entonces de lleno en la conversación. Pide disculpas por la tardanza en responder a la petición de ayuda de Dolores Martín y asegura haberse leído "con detenimiento" los papeles del caso relativos a la custodia de su hija. Aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué la llama Casas? ¿Por qué una presidenta del Tribunal Constitucional ayuda de tal forma a una oscura abogada en apuros con quien evidencia no tener ni amistad ni trato?
La clave radica en el número 51 de la madrileña calle de Jorge Juan. Allí han vivido los padres de María Emilia Casas, ya fallecidos. Las chapuzas de la comunidad de vecinos y del hogar paterno donde creció Casas van unidas en sus recuerdos a un fontanero. Un fontanero que es padre de la letrada Dolores Martín.
"El fontanero de la casa de tus padres tiene un problema con su hija por un tema de custodia", le da como recado a Casas una vecina amiga del citado bloque, la citada E. A. Y Casas siente que no puede desatender a un viejo conocido de sus padres. Además, le viene de la mano de una vieja vecina. "Yo no le puedo decir que no, no hablar con ella", dice. Así que la alta magistrada realiza la llamada telefónica más costosa de toda su vida.
Una llamada que le pondrá a los pies del Tribunal Supremo, donde la juez que investiga el crimen de Ciempozuelos eleva su conversación para que los magistrados diriman si existe asesoramiento ilegal en lo hablado entre Casas y Dolores Martín. Una llamada por la que el PP pide la cabeza de la presidenta del Constitucional, incluso cuando el Supremo, el pasado jueves, archivó el caso al no ver delito.
La trastienda de la charla, lo que ignora el Supremo, es que lo que comenzó como una amable conversación con la hija de un viejo conocido paterno termina con un notable distanciamiento y escalofrío interno de la presidenta del Constitucional. No en vano, en la charla con Dolores Martín aparecen destellos muy inquietantes para una magistrada como Casas. La abogada le confiesa sin rubor que sopesó huir con la niña si perdía su custodia. No le importa, incluso, detallarle que el juez quería garantizar que no podría ejecutar el "secuestro" de su hija cuando le notificara la sentencia por la que le retiraba la custodia. Por si fuera poco, para horrorizar aún más a la magistrada, la abogada le reconoce que es sospechosa del asesinato de su ex marido: "Le han matado en el garaje, y la familia me acusa a mí", admite.
Casas, tras estas explosivas confidencias, cambia su tono, y abandona sus consejos iniciales (entre otras cosas había dicho a la abogada que debía "provocar una actuación judicial para llegar al Constitucional en amparo"). Entonces intenta precisar si, al menos, cuando le pidió ayuda su ex marido aún vivía. La abogada le confirma que sí. Fue asesinado después.
Casas, finalmente, deriva a su interlocutora hacia dos abogadas vinculadas a movimientos feministas y de defensa de víctimas de violencia machista. Le da sus nombres y teléfonos. Pero la presidenta del Constitucional, pese a todo lo escuchado, se despide con una frase que le resultará funesta: "La pueden ayudar mucho [...] pero, si alguna vez va en amparo, me vuelve a llamar". Luego repetirá el mismo error: "No le puedo ayudar [...], pero usted si quiere me vuelve a llamar". Tan desafortunado mensaje -"le dije que me llamara para quitármela de encima", explicará más tarde una apesadumbrada Casas a sus íntimos- tendrá para la magistrada un alto coste político.
Paradójicamente, Casas traslada a sus letradas recomendadas un mensaje muy distinto del que da a Dolores Martín. "Mira a ver si puedes ayudarla, pero hay algo en su historia que no me cuadra", les advierte. La primera abogada que Casas tantea es E. C., compañera de carrera y fiel amiga. Pero E. C. desecha el caso. Aunque milita en el feminismo, no ejerce como abogada por ser funcionaria. La segunda letrada, C. S., sí puede. Y cita a Dolores Martín en su despacho. Finalmente, también rechaza el caso. Rehúsa explicar a este diario sus motivos alegando secreto profesional. Es posible que compartiera el presentimiento de Casas: algo no cuadraba en la historia de Dolores Martín.
En ese instante, la mujer desaparece del círculo de Casas y de sus letradas amigas. Sus posteriores pasos judiciales son borrosos. Su abogado asegura que nunca interpuso recurso de amparo ante el Constitucional, en contra de lo que hacía presagiar su charla con Casas de abril de 2007.
Pero el fantasma de esta abogada no iba a desaparecer sin más de la vida de la magistrada. En mayo de este año la familia de Martín bombardeó el móvil de Casas con continuas llamadas y mensajes. Sin respuesta. El asunto era inasumible: anunciaban la detención de la abogada y le pedían ayuda. La que pidió entonces auxilio fue Casas. Rogó a una de sus abogadas amigas que devolviese el siguiente mensaje a la familia de la supuesta asesina: "La presidenta del Constitucional no puede ayudarla, le exijo que dejen de llamarla". Casas llegó a sopesar denunciar tal acoso telefónico.
El abogado de Martín asegura tener una versión distinta para cada punto de este relato, pero se la reserva. "Todo es mentira", simplifica. Y la familia de Martín ha optado por el silencio sobre la ayuda recibida por su benefactora, mientras ve carbonizarse a Casas. Dolores Martín, de 37 años, está presa desde finales de mayo como inductora del asesinato de su ex marido.
Una llamada que le pondrá a los pies del Tribunal Supremo, donde la juez que investiga el crimen de Ciempozuelos eleva su conversación para que los magistrados diriman si existe asesoramiento ilegal en lo hablado entre Casas y Dolores Martín. Una llamada por la que el PP pide la cabeza de la presidenta del Constitucional, incluso cuando el Supremo, el pasado jueves, archivó el caso al no ver delito.
La trastienda de la charla, lo que ignora el Supremo, es que lo que comenzó como una amable conversación con la hija de un viejo conocido paterno termina con un notable distanciamiento y escalofrío interno de la presidenta del Constitucional. No en vano, en la charla con Dolores Martín aparecen destellos muy inquietantes para una magistrada como Casas. La abogada le confiesa sin rubor que sopesó huir con la niña si perdía su custodia. No le importa, incluso, detallarle que el juez quería garantizar que no podría ejecutar el "secuestro" de su hija cuando le notificara la sentencia por la que le retiraba la custodia. Por si fuera poco, para horrorizar aún más a la magistrada, la abogada le reconoce que es sospechosa del asesinato de su ex marido: "Le han matado en el garaje, y la familia me acusa a mí", admite.
Casas, tras estas explosivas confidencias, cambia su tono, y abandona sus consejos iniciales (entre otras cosas había dicho a la abogada que debía "provocar una actuación judicial para llegar al Constitucional en amparo"). Entonces intenta precisar si, al menos, cuando le pidió ayuda su ex marido aún vivía. La abogada le confirma que sí. Fue asesinado después.
Casas, finalmente, deriva a su interlocutora hacia dos abogadas vinculadas a movimientos feministas y de defensa de víctimas de violencia machista. Le da sus nombres y teléfonos. Pero la presidenta del Constitucional, pese a todo lo escuchado, se despide con una frase que le resultará funesta: "La pueden ayudar mucho [...] pero, si alguna vez va en amparo, me vuelve a llamar". Luego repetirá el mismo error: "No le puedo ayudar [...], pero usted si quiere me vuelve a llamar". Tan desafortunado mensaje -"le dije que me llamara para quitármela de encima", explicará más tarde una apesadumbrada Casas a sus íntimos- tendrá para la magistrada un alto coste político.
Paradójicamente, Casas traslada a sus letradas recomendadas un mensaje muy distinto del que da a Dolores Martín. "Mira a ver si puedes ayudarla, pero hay algo en su historia que no me cuadra", les advierte. La primera abogada que Casas tantea es E. C., compañera de carrera y fiel amiga. Pero E. C. desecha el caso. Aunque milita en el feminismo, no ejerce como abogada por ser funcionaria. La segunda letrada, C. S., sí puede. Y cita a Dolores Martín en su despacho. Finalmente, también rechaza el caso. Rehúsa explicar a este diario sus motivos alegando secreto profesional. Es posible que compartiera el presentimiento de Casas: algo no cuadraba en la historia de Dolores Martín.
En ese instante, la mujer desaparece del círculo de Casas y de sus letradas amigas. Sus posteriores pasos judiciales son borrosos. Su abogado asegura que nunca interpuso recurso de amparo ante el Constitucional, en contra de lo que hacía presagiar su charla con Casas de abril de 2007.
Pero el fantasma de esta abogada no iba a desaparecer sin más de la vida de la magistrada. En mayo de este año la familia de Martín bombardeó el móvil de Casas con continuas llamadas y mensajes. Sin respuesta. El asunto era inasumible: anunciaban la detención de la abogada y le pedían ayuda. La que pidió entonces auxilio fue Casas. Rogó a una de sus abogadas amigas que devolviese el siguiente mensaje a la familia de la supuesta asesina: "La presidenta del Constitucional no puede ayudarla, le exijo que dejen de llamarla". Casas llegó a sopesar denunciar tal acoso telefónico.
El abogado de Martín asegura tener una versión distinta para cada punto de este relato, pero se la reserva. "Todo es mentira", simplifica. Y la familia de Martín ha optado por el silencio sobre la ayuda recibida por su benefactora, mientras ve carbonizarse a Casas. Dolores Martín, de 37 años, está presa desde finales de mayo como inductora del asesinato de su ex marido.
