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la ley y los acuerdos de conformidad
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Pues sí, la próxima vez que vayas a votar asegúrate de que algún político lleve tu propuesta al congreso, cambien la ley, modernicen la justica, en medios personales y materiales para adaptarla al volumen de trabajo y al siglo XXI y asunto solucionado. El juez y fiscal, aunque exista acuerdo, la pena que le van a imponer es la marcada por la ley ( aunque suele ser la mínima ). Y también es la ley la que regula y permite dichas prácticas ( en vez de dotar a la justicia de los medios que necesarios para que funcione dignamente, hacen chanchullos de este tipo y otros como el de las tasas, para bajar el número de asuntos en vez de aumentar el de jueces para atenderlos debidamente.
La ley y los acuerdos de conformidad
Debería erradicarse definitivamente, los acuerdos de conformidad, que toman en los juicios penales el fiscal, la defensa y la acusación parfticular.
En Huelva ha habido un juicio contra un sujeto que atropelló y mató a una persona, las metió en el maletero, la tiró en un descampado, le robó la cartera y usó su tarjeta y despues lavó su coche para borrar huellas.
Se ve que los representantes (¿familiares?) del fallecido, optaron por la indemnización económica ofrecida por Mapfre (100.000 €) y no por la exigencia de justicia.
Lo que es inadmisible es que el fiscal, se preste a este pacto cuando su función es defender los intereses generales, sabiendo que cobra su sueldo de los presupuestos públicos (o sea con dinero de todos los españoles).
Estas prácticas se deberían erradicar de la justicia y los jueces no las deberían permitir.
Al final el acusado, ha sido condenado solo a 2 años (que no cumplirá si no tiene antecedentes) y asunto arreglado. El muerto al hoyo y el vivo libre.
En Huelva ha habido un juicio contra un sujeto que atropelló y mató a una persona, las metió en el maletero, la tiró en un descampado, le robó la cartera y usó su tarjeta y despues lavó su coche para borrar huellas.
Se ve que los representantes (¿familiares?) del fallecido, optaron por la indemnización económica ofrecida por Mapfre (100.000 €) y no por la exigencia de justicia.
Lo que es inadmisible es que el fiscal, se preste a este pacto cuando su función es defender los intereses generales, sabiendo que cobra su sueldo de los presupuestos públicos (o sea con dinero de todos los españoles).
Estas prácticas se deberían erradicar de la justicia y los jueces no las deberían permitir.
Al final el acusado, ha sido condenado solo a 2 años (que no cumplirá si no tiene antecedentes) y asunto arreglado. El muerto al hoyo y el vivo libre.
