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La judicatura en contra de la nueva ley inconstitucional
Debate en la Justicia
La Ley de Violencia de Género no convence ni a jueces ni a fiscales
La mayoría de magistrados y representantes del Ministerio Público cree que la desigualdad que establece la normativa entre hombre y mujer es inconstitucional
La judicatura murciana y los representantes del Ministerio Fiscal en la Región se muestran en su gran mayoría en desacuerdo con lo dispuesto en la normativa, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados.
La diferencia de criterio entre los políticos y los jueces revela, en opinión de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia consultados por esta redacción, "el abismo existente entre los que hacen las leyes y los que tienen que aplicarla".
El principal punto de discrepancia con el texto legal es, para jueces y fiscales, la desigualdad que la normativa establece entre hombres y mujeres, que tachan de inconstitucional. Así, Arantxa Morales, la propia fiscal asignada para el Juzgado de Murcia de Violencia sobre la Mujer, que fue inaugurado oficialmente en la mañana de ayer, se refería a uno de los primeros casos que se le presentó.
Se trataba de una discusión entre una ex pareja de novios en la que, según la fiscal, los dos participaron del mismo modo, forcejeando e intercambiando insultos.
Sin embargo, de acuerdo con la nueva ley, ella, por esos hechos, sólo está acusada de una falta, por la que no se le puede imponer más que una multa, mientras que a él se le imputa un delito castigado con hasta un año de prisión.
La titular del Juzgado de lo Penal número cuatro de Murcia, María Poza, expresaba ayer a este periódico la opinión que mantienen la gran mayoría de jueces:
"Somos muchos los convencidos de que es inconstitucional y de que alguien ha de plantear la cuestión de inconstitucionalidad".
Mediante tal mecanismo, cualquier juez puede expresar su rechazo a aplicar una ley en cuanto que ésta atenta contra los principios de la Carta Magna, obligando así al Tribunal Constitucional a estudiar el asunto, con la posibilidad de revocar la normativa.
La propia juez indicó que ella misma "estaba considerando plantear la cuestión de inconstitucionalidad en el momento en que deba juzgar un caso afectado por la reforma" del texto legal. El principal argumento contra esta normativa no sería otro que la desigualdad que establece únicamente por cuestión de sexo.
Frente a los que tachan de machistas a los que atacan a la nueva ley, la juez ofrece otros argumentos y asegura que rechaza la normativa desde una "posición de feminismo convencido", en cuanto que el texto parte de asignar "una presunción de debilidad a la mujer".
Ni ella ni otros jueces de instrucción dan tampoco valor a los argumentos que esgrimen quienes respaldan la normativa, que se apoyan en datos estadísticos que confirman que la mayoría de víctimas son mujeres.
Para Poza, es un "argumento muy frágil" y recordó que la estadística también muestra que detrás de la mayor parte de las agresiones hay un abuso del consumo de alcohol.
De este modo aboga por un control distinto, sin desigualdades, a la hora de intentar atajar el problema de la violencia doméstica.
Otro magistrado comparó este argumento con un hipotético respaldo de leyes en base a estadísticas de víctimas según el color de pelo o cualquier otra característica física.
Este mismo juez criticaba el hecho de que el insulto de un hombre a su pareja sea considerado delito:
"Se trata de actuar con sentido común; en cualquiera pareja que atraviese por una crisis grave, lo normal es que se intercambien insultos; no se puede criminalizar todo".
Una fiscal ahondaba más en este argumento y señalaba que es llamativo que se considere delito el insulto del hombre a la mujer, pues, según su experiencia, "suelen ser ellas las que más insultan".
La gran mayoría de jueces y fiscales consultados por esta redacción prefirieron no desvelar su identidad, justificándose en la presión social a la que están sometidos en este asunto.
En este sentido, varios de ellos recordaron el caso de la juez decana de Barcelona, una magistrada progresista que osó arremeter contra la normativa a través de medios de comunicación y fue duramente criticada desde distintos colectivos feministas y políticos.
Otro aspecto de la normativa criticado desde la judicatura es la obligatoriedad de dictar orden de alejamiento entre los miembros de la pareja tras una denuncia.
En este sentido, la titular del Juzgado de lo Penal número cuatro de Murcia se pregunta qué derecho tiene el Estado para impedir que una pareja se quiera reconciliar después y decidan volver a vivir juntos, sobre la base del argumento de una peligrosidad que la propia víctima no percibe como tal.
01-07-2005 La Opinión de Murcia
La Ley de Violencia de Género no convence ni a jueces ni a fiscales
La mayoría de magistrados y representantes del Ministerio Público cree que la desigualdad que establece la normativa entre hombre y mujer es inconstitucional
La judicatura murciana y los representantes del Ministerio Fiscal en la Región se muestran en su gran mayoría en desacuerdo con lo dispuesto en la normativa, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados.
La diferencia de criterio entre los políticos y los jueces revela, en opinión de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia consultados por esta redacción, "el abismo existente entre los que hacen las leyes y los que tienen que aplicarla".
El principal punto de discrepancia con el texto legal es, para jueces y fiscales, la desigualdad que la normativa establece entre hombres y mujeres, que tachan de inconstitucional. Así, Arantxa Morales, la propia fiscal asignada para el Juzgado de Murcia de Violencia sobre la Mujer, que fue inaugurado oficialmente en la mañana de ayer, se refería a uno de los primeros casos que se le presentó.
Se trataba de una discusión entre una ex pareja de novios en la que, según la fiscal, los dos participaron del mismo modo, forcejeando e intercambiando insultos.
Sin embargo, de acuerdo con la nueva ley, ella, por esos hechos, sólo está acusada de una falta, por la que no se le puede imponer más que una multa, mientras que a él se le imputa un delito castigado con hasta un año de prisión.
La titular del Juzgado de lo Penal número cuatro de Murcia, María Poza, expresaba ayer a este periódico la opinión que mantienen la gran mayoría de jueces:
"Somos muchos los convencidos de que es inconstitucional y de que alguien ha de plantear la cuestión de inconstitucionalidad".
Mediante tal mecanismo, cualquier juez puede expresar su rechazo a aplicar una ley en cuanto que ésta atenta contra los principios de la Carta Magna, obligando así al Tribunal Constitucional a estudiar el asunto, con la posibilidad de revocar la normativa.
La propia juez indicó que ella misma "estaba considerando plantear la cuestión de inconstitucionalidad en el momento en que deba juzgar un caso afectado por la reforma" del texto legal. El principal argumento contra esta normativa no sería otro que la desigualdad que establece únicamente por cuestión de sexo.
Frente a los que tachan de machistas a los que atacan a la nueva ley, la juez ofrece otros argumentos y asegura que rechaza la normativa desde una "posición de feminismo convencido", en cuanto que el texto parte de asignar "una presunción de debilidad a la mujer".
Ni ella ni otros jueces de instrucción dan tampoco valor a los argumentos que esgrimen quienes respaldan la normativa, que se apoyan en datos estadísticos que confirman que la mayoría de víctimas son mujeres.
Para Poza, es un "argumento muy frágil" y recordó que la estadística también muestra que detrás de la mayor parte de las agresiones hay un abuso del consumo de alcohol.
De este modo aboga por un control distinto, sin desigualdades, a la hora de intentar atajar el problema de la violencia doméstica.
Otro magistrado comparó este argumento con un hipotético respaldo de leyes en base a estadísticas de víctimas según el color de pelo o cualquier otra característica física.
Este mismo juez criticaba el hecho de que el insulto de un hombre a su pareja sea considerado delito:
"Se trata de actuar con sentido común; en cualquiera pareja que atraviese por una crisis grave, lo normal es que se intercambien insultos; no se puede criminalizar todo".
Una fiscal ahondaba más en este argumento y señalaba que es llamativo que se considere delito el insulto del hombre a la mujer, pues, según su experiencia, "suelen ser ellas las que más insultan".
La gran mayoría de jueces y fiscales consultados por esta redacción prefirieron no desvelar su identidad, justificándose en la presión social a la que están sometidos en este asunto.
En este sentido, varios de ellos recordaron el caso de la juez decana de Barcelona, una magistrada progresista que osó arremeter contra la normativa a través de medios de comunicación y fue duramente criticada desde distintos colectivos feministas y políticos.
Otro aspecto de la normativa criticado desde la judicatura es la obligatoriedad de dictar orden de alejamiento entre los miembros de la pareja tras una denuncia.
En este sentido, la titular del Juzgado de lo Penal número cuatro de Murcia se pregunta qué derecho tiene el Estado para impedir que una pareja se quiera reconciliar después y decidan volver a vivir juntos, sobre la base del argumento de una peligrosidad que la propia víctima no percibe como tal.
01-07-2005 La Opinión de Murcia
