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Introducción al derecho constitucional
EJEMPLO REAL DE ELABORACION DE UNCA CONSTITUCION- Publicado en ABC
Así sería la futura «Constitución catalana»
maría jesús cañizares / barcelona
Día 26/05/2014
Ciudadanos de los «países catalanes» obtendrían la nacionalidad catalana, según el borrador de Reagrupament, asociada con CDC
"Esta Constitución deroga, en el territorio de Cataluña, la Constitución del Reino de España de 1978". Así reza el borrador de Carta Magna catalana que Reagrupament, la formación independentista liderada por Joan Carretero asociada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en las elecciones europeas, ha puesto a disposición de las formaciones políticas que defienden la separación de España. Se trata de un texto con 24 artículos que este partido preparó con ajuda de juristas expertos hace cuatro años y que, en plena polémica por la decisión del juez Santiago Vidal de abordar la redacción de una "Constitución catalana" en previsión de una hipotética secesión, ha decidido recuperar.
Según este borrador, Cataluña sería "un Estado de Derecho, independiente, democrático y social" con una sola "lengua propia, nacional y oficial", el catalán, mientras que en el occitano o aranés sería el idoma oficial en el Valle de Arán. No obstante, garantiza la libertad lingüística.
Asimismo, los ciudadanos de los "países catalanes" (País Valenciano, Islas Baleares, Catalunya Norte, la Franja de Ponente y el Alguer, según la terminología nacionalista) podrían acceder a la nacionalidad catalana si lo desean. "La soberanía nacional pertenece al pueblo de Cataluña, que la ejerce directamente o mediante sus representantes". La capital de Cataluña sería Barcelona.
A modo de preámbulo, el texto subraya: "Nosotros, el pueblo de Cataluña, queriendo restablecer nuestros derechos soberanos, conscientes de nuestra responsabilidad hacia futuras generaciones y queriendo construir una comunidad unida, próspera, solidaria, abierta y respetuosa con la dignidad humana y los derechos fundamentales, nos dotamos la presente Constitución".
En el apartado de los derecho fundamentales, se reconoce el derecho a la dignidad humana, a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad y a la protección jurídica. En este sentido, establece la obligación de que toda personas detenida sea llevada ante el juez antes de las 24 hora siguientes a su detención -la normativa española establece 72 horas-, se prohíben los tribunales especiales, la pena de muerte, las torturas y el tratamiento inhumano. "nadie puede ser perjudicado o favorecido por razón de su origen, su raza, su nacimiento, sus convicciones, sus opiniones o su situación social o cualquier otra condición personal".
En cuanto a los derechos políticos, rebaja de 18 a 16 la edad para participar en las elecciones, las votaciones populares y los referendos. La "Constitución catalana" proclama la separación de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo
Así sería la futura «Constitución catalana»
maría jesús cañizares / barcelona
Día 26/05/2014
Ciudadanos de los «países catalanes» obtendrían la nacionalidad catalana, según el borrador de Reagrupament, asociada con CDC
"Esta Constitución deroga, en el territorio de Cataluña, la Constitución del Reino de España de 1978". Así reza el borrador de Carta Magna catalana que Reagrupament, la formación independentista liderada por Joan Carretero asociada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en las elecciones europeas, ha puesto a disposición de las formaciones políticas que defienden la separación de España. Se trata de un texto con 24 artículos que este partido preparó con ajuda de juristas expertos hace cuatro años y que, en plena polémica por la decisión del juez Santiago Vidal de abordar la redacción de una "Constitución catalana" en previsión de una hipotética secesión, ha decidido recuperar.
Según este borrador, Cataluña sería "un Estado de Derecho, independiente, democrático y social" con una sola "lengua propia, nacional y oficial", el catalán, mientras que en el occitano o aranés sería el idoma oficial en el Valle de Arán. No obstante, garantiza la libertad lingüística.
Asimismo, los ciudadanos de los "países catalanes" (País Valenciano, Islas Baleares, Catalunya Norte, la Franja de Ponente y el Alguer, según la terminología nacionalista) podrían acceder a la nacionalidad catalana si lo desean. "La soberanía nacional pertenece al pueblo de Cataluña, que la ejerce directamente o mediante sus representantes". La capital de Cataluña sería Barcelona.
A modo de preámbulo, el texto subraya: "Nosotros, el pueblo de Cataluña, queriendo restablecer nuestros derechos soberanos, conscientes de nuestra responsabilidad hacia futuras generaciones y queriendo construir una comunidad unida, próspera, solidaria, abierta y respetuosa con la dignidad humana y los derechos fundamentales, nos dotamos la presente Constitución".
En el apartado de los derecho fundamentales, se reconoce el derecho a la dignidad humana, a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad y a la protección jurídica. En este sentido, establece la obligación de que toda personas detenida sea llevada ante el juez antes de las 24 hora siguientes a su detención -la normativa española establece 72 horas-, se prohíben los tribunales especiales, la pena de muerte, las torturas y el tratamiento inhumano. "nadie puede ser perjudicado o favorecido por razón de su origen, su raza, su nacimiento, sus convicciones, sus opiniones o su situación social o cualquier otra condición personal".
En cuanto a los derechos políticos, rebaja de 18 a 16 la edad para participar en las elecciones, las votaciones populares y los referendos. La "Constitución catalana" proclama la separación de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo
Conforme avanza el desafío separatista, el gobierno de la Generalitat o las organizaciones y partidos que apoyan este proceso van planteando o poniendo en marcha iniciativas para crear en Cataluña instituciones propias de cualquier estado independiente.
Hace unos meses estalló una polémica por los planes del gobierno catalán para extender el ámbito de influencia y las competencias del Centro de Seguridad de Información de Cataluña (Cesicat), creando una verdadera Agencia Catalana de Seguridad que se implantaría en todos los organismos de la administración autonómica.
El Confidencial Digital ya contó que Artur Mas había multiplicado el presupuesto del Cesicat para 2014 respecto a años anteriores, con un claro objetivo: que este centro fuera el “embrión” de un servicio de inteligencia en caso de independencia.
Sin embargo, en este, como en otros asuntos, la Generalitat está viéndose desbordada por las propuestas de una asociación civil: la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), que bajo la presidencia de Carme Forcadell ha conseguido convertirse en un actor político más gracias a su demostrada capacidad de movilizar a cientos de miles de catalanes en las manifestaciones de los últimos 11 de septiembre.
Además, la ANC ya ha avisado a Artur Mas que no aceptará que se desactive la consulta del 9 de noviembre ni aún cuando la Generalitat llegara a un acuerdo con el Estado. De hecho, ya han hecho pública su hoja de ruta que pone fecha a un declaración unilateral del independencia si se prohíbe la consulta: 23 de abril de 2015, día de Sant Jordi
Hace unos meses estalló una polémica por los planes del gobierno catalán para extender el ámbito de influencia y las competencias del Centro de Seguridad de Información de Cataluña (Cesicat), creando una verdadera Agencia Catalana de Seguridad que se implantaría en todos los organismos de la administración autonómica.
El Confidencial Digital ya contó que Artur Mas había multiplicado el presupuesto del Cesicat para 2014 respecto a años anteriores, con un claro objetivo: que este centro fuera el “embrión” de un servicio de inteligencia en caso de independencia.
Sin embargo, en este, como en otros asuntos, la Generalitat está viéndose desbordada por las propuestas de una asociación civil: la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), que bajo la presidencia de Carme Forcadell ha conseguido convertirse en un actor político más gracias a su demostrada capacidad de movilizar a cientos de miles de catalanes en las manifestaciones de los últimos 11 de septiembre.
Además, la ANC ya ha avisado a Artur Mas que no aceptará que se desactive la consulta del 9 de noviembre ni aún cuando la Generalitat llegara a un acuerdo con el Estado. De hecho, ya han hecho pública su hoja de ruta que pone fecha a un declaración unilateral del independencia si se prohíbe la consulta: 23 de abril de 2015, día de Sant Jordi
Preguntas y respuestas están en la historia. Al recoger las noticias de un proceso que nos afecta directamente se persigue observar la evolución del fenómeno constitucionalista sobre la realidad actual.
Los principios constitucionales surgen por agrupación o disgregación de fuerzas coercitivas
generalmente dirigidas o encauzadas por personajes ambiciosos con fines nobles o innobles, pero con capacidad de aglutinar poderes belicistas, imponiendo sus ambiciosos objetivos. (al menos se contempla históricamente).
No se trata de filosofar, sino de observar la realidad que ya está ahí.
Los principios constitucionales surgen por agrupación o disgregación de fuerzas coercitivas
generalmente dirigidas o encauzadas por personajes ambiciosos con fines nobles o innobles, pero con capacidad de aglutinar poderes belicistas, imponiendo sus ambiciosos objetivos. (al menos se contempla históricamente).
No se trata de filosofar, sino de observar la realidad que ya está ahí.
del CONFIDENCIAL DIGITAL - 23-4-14
Cataluña será una república, según la 'constitución catalana' que prepara Artur Mas
El texto está siendo redactado por juristas del Consejo Asesor para la Transición Nacional. Lo tendrán listo para después de la consulta independentista del 9 de noviembre
El Consejo, creado por el gobierno catalán en febrero de 2013, recibió el encargo de redactar 19 informes sobre las consecuencias que tendría la secesión, y sobre los retos que tendrían que afrontar las instituciones catalanas en caso de declararse la independencia.
Hasta ahora, el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) ha publicado varios informes: sobre las relaciones de una Cataluña independiente con el Estado español; sobre la internacionalización del proceso soberanista; y sobre la futura administración tributaria catalana, entre otros asuntos.
El Confidencial Digital ha podido saber que este organismo asesor del gobierno catalán está también inmerso en la elaboración de otro documento con mucha mayor trascendencia política: una 'constitución catalana' que establezca y regule ese hipotético estado independiente.
Preparada por si se logra la independencia (?)
(Parece que consiguen la INDEPENDENCIA mediante una simnple consulta de patriotismo)
Fuentes cercanas al Consejo Asesor para la Transición Nacional, a las que ha tenido acceso ECD, revelan que en el mes de enero este organismo comenzó a preparar, por indicación de la Generalitat, ese borrador de carta magna, con el objetivo de que las instituciones catalanas tengan un texto preparado en previsión de que se celebre la consulta y en la misma ganen los partidarios de que Cataluña se convierta en un estado independiente.
El peso de la redacción de esta 'constitución catalana' lo están llevando, principalmente, dos de los trece miembros del CATN: Enoch Albertí Rovira, catedrático de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona; y Ferran Requejo i Coll, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra. Estos dos catedráticos están recibiendo asesoramiento de otros expertos, tanto españoles como extranjeros.
A pesar de la negativa del Congreso de los Diputados a ceder a la Generalitat la competencia para celebrar un referéndum, Artur Mas mantiene su hoja de ruta en la dirección de convocar la consulta para decidir si Cataluña se separa del resto de España. Es más. Encargó hace meses al Consejo Asesor para la Transición Nacional un borrador de 'constitución catalana', para que esté listo antes de que finalice 2014
Cataluña será una república, según la 'constitución catalana' que prepara Artur Mas
El texto está siendo redactado por juristas del Consejo Asesor para la Transición Nacional. Lo tendrán listo para después de la consulta independentista del 9 de noviembre
El Consejo, creado por el gobierno catalán en febrero de 2013, recibió el encargo de redactar 19 informes sobre las consecuencias que tendría la secesión, y sobre los retos que tendrían que afrontar las instituciones catalanas en caso de declararse la independencia.
Hasta ahora, el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) ha publicado varios informes: sobre las relaciones de una Cataluña independiente con el Estado español; sobre la internacionalización del proceso soberanista; y sobre la futura administración tributaria catalana, entre otros asuntos.
El Confidencial Digital ha podido saber que este organismo asesor del gobierno catalán está también inmerso en la elaboración de otro documento con mucha mayor trascendencia política: una 'constitución catalana' que establezca y regule ese hipotético estado independiente.
Preparada por si se logra la independencia (?)
(Parece que consiguen la INDEPENDENCIA mediante una simnple consulta de patriotismo)
Fuentes cercanas al Consejo Asesor para la Transición Nacional, a las que ha tenido acceso ECD, revelan que en el mes de enero este organismo comenzó a preparar, por indicación de la Generalitat, ese borrador de carta magna, con el objetivo de que las instituciones catalanas tengan un texto preparado en previsión de que se celebre la consulta y en la misma ganen los partidarios de que Cataluña se convierta en un estado independiente.
El peso de la redacción de esta 'constitución catalana' lo están llevando, principalmente, dos de los trece miembros del CATN: Enoch Albertí Rovira, catedrático de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona; y Ferran Requejo i Coll, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra. Estos dos catedráticos están recibiendo asesoramiento de otros expertos, tanto españoles como extranjeros.
A pesar de la negativa del Congreso de los Diputados a ceder a la Generalitat la competencia para celebrar un referéndum, Artur Mas mantiene su hoja de ruta en la dirección de convocar la consulta para decidir si Cataluña se separa del resto de España. Es más. Encargó hace meses al Consejo Asesor para la Transición Nacional un borrador de 'constitución catalana', para que esté listo antes de que finalice 2014
...." hacer perder el tiempo a los demás" y el DINERO, puesto todo se prepara con dinero público de los contribuyentes españoles entre los que nos encontramos los que esto leemos. Desde la creación de embajadas catalanas por el mundo con embajadores y cuerpo auxiliar y la continua propaganda con misivas a gobernantes mundiales y preparando el terreno para solicitar ayuda a la ONU, etc....sigan las noticias...
de ABC- 8/7/14
Una fuerza naval, espías y otras ocurrencias de la Asamblea Nacional Catalana.
La organización presidida por Carme Forcadell ha publicado numerosos informes sobre las medidas a poner en marcha para levantar la estructura de un nuevo estado.
La última ocurrencia de la Asamblea Nacional Catalana ha sido proponer la creación de una «Armada Catalana» que pueda «controlar las aguas territoriales» tras una hipotética independencia. El informe, elaborado por una de las asambleas sectoriales de ANC, establece que el primer paso es poner en marcha una academia naval en un máximo de tres años tras la proclamación de la independencia. La formación de los futuros oficiales y suboficiales correría a cargo de un tercer país donde el Reino Unido, según el texto, podría ser el candidato ideal.
Además, la Asamblea Nacional Catalana plantea la creación de una patrulla litoral que defienda las aguas territoriales. En total, los encargados de redactar el informe cifran en 2.000 efectivos el personal necesario para que funcione «la Fuerza Naval catalana», una cifra que podría aumentarse o reducirse según el sistema de reservistas. El informe sugiere, no en vano, la compra de corbetas, fragatas, patrulleras y hasta drones no tripulados.
Una fuerza naval, espías y otras ocurrencias de la Asamblea Nacional Catalana.
La organización presidida por Carme Forcadell ha publicado numerosos informes sobre las medidas a poner en marcha para levantar la estructura de un nuevo estado.
La última ocurrencia de la Asamblea Nacional Catalana ha sido proponer la creación de una «Armada Catalana» que pueda «controlar las aguas territoriales» tras una hipotética independencia. El informe, elaborado por una de las asambleas sectoriales de ANC, establece que el primer paso es poner en marcha una academia naval en un máximo de tres años tras la proclamación de la independencia. La formación de los futuros oficiales y suboficiales correría a cargo de un tercer país donde el Reino Unido, según el texto, podría ser el candidato ideal.
Además, la Asamblea Nacional Catalana plantea la creación de una patrulla litoral que defienda las aguas territoriales. En total, los encargados de redactar el informe cifran en 2.000 efectivos el personal necesario para que funcione «la Fuerza Naval catalana», una cifra que podría aumentarse o reducirse según el sistema de reservistas. El informe sugiere, no en vano, la compra de corbetas, fragatas, patrulleras y hasta drones no tripulados.
de ABC. Aragón- 14/7/14
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que empuja junto a CiU el proyecto secesionista, considera que la independencia a la que aspiran ha de afrontarse incluyendo también, como parte de la «nación catalana», a parte de Aragón, a la Comunidad Valenciana, a Baleares y a los territorios del sur de Francia que los independentistas denominan «Cataluña Norte». Su concepto de «nación catalana» incluye también al Principado de Andorra.
El «proyecto político» de Esquerra deja claro que no les satisfaría simplemente la independencia de la actual comunidad autónoma de Cataluña. Entienden que eso sería solo una secesión parcial, ya que la aspiración es que esa independencia incluya a todo su concepto de «Países Catalanes.
...... ...... ....... .......
Desde hace décadas, el nacionalismo instalado en la Generalitat ha dedicado abundantes fondos presupuestarios a financiar y apoyar entidades socioculturales instaladas fuera de Cataluña.
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que empuja junto a CiU el proyecto secesionista, considera que la independencia a la que aspiran ha de afrontarse incluyendo también, como parte de la «nación catalana», a parte de Aragón, a la Comunidad Valenciana, a Baleares y a los territorios del sur de Francia que los independentistas denominan «Cataluña Norte». Su concepto de «nación catalana» incluye también al Principado de Andorra.
El «proyecto político» de Esquerra deja claro que no les satisfaría simplemente la independencia de la actual comunidad autónoma de Cataluña. Entienden que eso sería solo una secesión parcial, ya que la aspiración es que esa independencia incluya a todo su concepto de «Países Catalanes.
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Desde hace décadas, el nacionalismo instalado en la Generalitat ha dedicado abundantes fondos presupuestarios a financiar y apoyar entidades socioculturales instaladas fuera de Cataluña.
De EL PAIS- 17-7-14
La independencia catalana
Artur Mas y otros políticos soberanistas han optado por salirse agresivamente del ordenamiento democrático y actuar a través de decisiones políticas ajenas al derecho. Quieren destruir el orden jurídico básico en España
Javier García Fernández 17 JUL 2014 - (Catedrático de Derecho Constitucional)
Al acabar la Primera Guerra Mundial, cuando las Repúblicas sustituyeron a los viejos Imperios centrales, las nuevas Constituciones intentaron asentar la democracia parlamentaria en Europa (Alemania en 1919; Austria y Checoslovaquia en 1920; poco después España, en 1931). Paralelamente, sin embargo, surgió una doctrina que pretendía aminorar la eficacia del nuevo principio democrático soslayando el núcleo dogmático de este principio que era el respeto a la norma jurídica como eje vertebrador de la vida del Estado.
Uno de los presupuestos jurídicos de la nueva democracia parlamentaria era el normativismo que el austriaco Hans Kelsen empezó a elaborar a partir de 1911 (Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado) y que partía de una teoría del Derecho sin adherencias ideológicas o axiológicas. Para Kelsen, el orden jurídico era un orden jerárquico que partía de una norma fundamental hipotética que daba vigencia al resto de las normas, que se situaban en un orden escalonado. De esa concepción se desprendía la preeminencia de la Constitución (que no es exactamente la norma fundamental hipotética sino el escalón más elevado del sistema de fuentes del Derecho) y la necesidad de un “defensor de la Constitución” que era el Tribunal Constitucional. A pesar de considerar que los juicios de valor eran ajenos al Derecho, la obra de Kelsen estaba absolutamente imbricada en la democracia a la que trataba de dar una justificación (lo muestra su Esencia y valor de la democracia, 1920). El normativismo ponía el acento en la validez de las normas, como el propio Kelsen explicó: decir que una norma es válida equivale a reconocer que tiene fuerza obligatoria frente a aquellos cuya conducta regula (Teoría general del derecho y del Estado, 1944). En pocas palabras, el normativismo se caracterizaba por el respecto al orden jurídico, por la idea de que la norma obliga, en un orden jurídico que se inicia escalonadamente desde la Constitución. Esta construcción es indisociable de la democracia: el Derecho emana de órganos que poseen legitimidad democrática y eso explica que tenga que respetarse, que aparezca el hábito de obediencia a las reglas, como diría otro gran jurista, el británico Hart
La independencia catalana
Artur Mas y otros políticos soberanistas han optado por salirse agresivamente del ordenamiento democrático y actuar a través de decisiones políticas ajenas al derecho. Quieren destruir el orden jurídico básico en España
Javier García Fernández 17 JUL 2014 - (Catedrático de Derecho Constitucional)
Al acabar la Primera Guerra Mundial, cuando las Repúblicas sustituyeron a los viejos Imperios centrales, las nuevas Constituciones intentaron asentar la democracia parlamentaria en Europa (Alemania en 1919; Austria y Checoslovaquia en 1920; poco después España, en 1931). Paralelamente, sin embargo, surgió una doctrina que pretendía aminorar la eficacia del nuevo principio democrático soslayando el núcleo dogmático de este principio que era el respeto a la norma jurídica como eje vertebrador de la vida del Estado.
Uno de los presupuestos jurídicos de la nueva democracia parlamentaria era el normativismo que el austriaco Hans Kelsen empezó a elaborar a partir de 1911 (Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado) y que partía de una teoría del Derecho sin adherencias ideológicas o axiológicas. Para Kelsen, el orden jurídico era un orden jerárquico que partía de una norma fundamental hipotética que daba vigencia al resto de las normas, que se situaban en un orden escalonado. De esa concepción se desprendía la preeminencia de la Constitución (que no es exactamente la norma fundamental hipotética sino el escalón más elevado del sistema de fuentes del Derecho) y la necesidad de un “defensor de la Constitución” que era el Tribunal Constitucional. A pesar de considerar que los juicios de valor eran ajenos al Derecho, la obra de Kelsen estaba absolutamente imbricada en la democracia a la que trataba de dar una justificación (lo muestra su Esencia y valor de la democracia, 1920). El normativismo ponía el acento en la validez de las normas, como el propio Kelsen explicó: decir que una norma es válida equivale a reconocer que tiene fuerza obligatoria frente a aquellos cuya conducta regula (Teoría general del derecho y del Estado, 1944). En pocas palabras, el normativismo se caracterizaba por el respecto al orden jurídico, por la idea de que la norma obliga, en un orden jurídico que se inicia escalonadamente desde la Constitución. Esta construcción es indisociable de la democracia: el Derecho emana de órganos que poseen legitimidad democrática y eso explica que tenga que respetarse, que aparezca el hábito de obediencia a las reglas, como diría otro gran jurista, el británico Hart
Pero en la Europa de los años veinte atribuir la función ordenadora de la sociedad a la norma jurídica producida por un Parlamento representativo o por el Gobierno que gozaba de la confianza del Parlamento no dejaba de ser una idea todavía controvertida, pues hasta hacía poco regía el principio monárquico que aminoraba la legitimidad y la capacidad política de los Parlamentos. Por eso, destronados los Monarcas, surgió una nueva construcción doctrinal para intentar arrinconar el principio democrático recién nacido. Esta nueva construcción fue el decisionismo que elaboró el jurista y pensador alemán Carl Schmitt que, como escribió Javier Conde (uno de los admiradores españoles de Schmitt), suponía el ataque más profundo y formidable contra el Estado liberal. Schmitt aportó su conocida definición del soberano como aquel que decide sobre el estado de excepción situándose al margen de lo jurídico y con capacidad, incluso, de suspender la Constitución (Teología política, 1922). El decisionismo desmontó la función ordenadora del Derecho y antepuso la decisión política a los mandatos que emanan del ordenamiento jurídico
En conclusión, normativismo comporta respeto al Derecho porque el Derecho es una ordenación democrática de la sociedad. Decisionismo es la imposición de la decisión política sin atender a la preordenación jurídica que ha organizado la misma sociedad.
La contraposición del normativismo kelseniano y del decisionismo schmittiano puede ayudar a entender el especial momento que vive la política catalana y quizá ayude a reflexionar sobre la respuesta que se puede dar a la huida hacia adelante de los independentistas catalanes. Cuando se examinan las incesantes declaraciones que producen los nacionalistas orientados a la independencia (desde Artur Mas y los dirigentes de Convergència Democràtica y de Esquerra Republicana hasta los textos de la Assemblea Nacional Catalana y las elaboraciones jurídicas del Consell Assessor per a la Transició Nacional) se tiene la impresión de que el independentismo catalán ha renunciado a toda noción normativista del ordenamiento y ha optado por una visión decisionista de la política. Actúan y hablan como si no conocieran o no existiera el Derecho en España.
En conclusión, normativismo comporta respeto al Derecho porque el Derecho es una ordenación democrática de la sociedad. Decisionismo es la imposición de la decisión política sin atender a la preordenación jurídica que ha organizado la misma sociedad.
La contraposición del normativismo kelseniano y del decisionismo schmittiano puede ayudar a entender el especial momento que vive la política catalana y quizá ayude a reflexionar sobre la respuesta que se puede dar a la huida hacia adelante de los independentistas catalanes. Cuando se examinan las incesantes declaraciones que producen los nacionalistas orientados a la independencia (desde Artur Mas y los dirigentes de Convergència Democràtica y de Esquerra Republicana hasta los textos de la Assemblea Nacional Catalana y las elaboraciones jurídicas del Consell Assessor per a la Transició Nacional) se tiene la impresión de que el independentismo catalán ha renunciado a toda noción normativista del ordenamiento y ha optado por una visión decisionista de la política. Actúan y hablan como si no conocieran o no existiera el Derecho en España.
Aunque pueda sorprender a los propios interesados, fue el PSC el impulsor del decisionismo en Cataluña. En primer lugar, con un proyecto de Estatuto que no respetaba totalmente la Constitución, aunque al menos en esa fase había mecanismos jurídicos para retornar a la constitucionalidad (Tribunal Constitucional). La explosión decisionista se asentó definitivamente como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia 31/2010, de 28 de junio, quizá no era la mejor sentencia posible y además se dictó con un retraso injustificable. Pero sólo declaró inconstitucionales partes de 13 artículos sobre 245 artículos, salvando la constitucionalidad de otros 27 con un fallo interpretativo. Si no hubiera predominado el decisionismo en el Gobierno catalán y en el PSC, si hubieran tenido en cuenta que el Estatuto había sido aprobado sólo por el 36 % del electorado catalán, el propio Gobierno (o al menos su componente socialista) hubiera podido contribuir a restar la tensión que promovían CiU, Esquerra y los pequeños grupos independentistas y buscar vías de entendimiento con el Estado. Pero el Gobierno de Montilla encabezó la protesta contra la sentencia y, lo que es más grave, deslegitimó al defensor de la Constitución española, al Tribunal Constitucional. Ese día el decisionismo se instaló definitivamente en la política catalana porque en ese momento se dio preeminencia a la decisión política desnuda antes que al respeto que en democracia se ha dar al ordenamiento jurídico
Las expresiones concretas de decisionismo brotan ahora sin cesar: la reivindicación del falso derecho a decidir, la creación, por medio del Decreto 113/2013, de 12 de febrero, del Consell Assessor per a la Transició Nacional (¡qué responsabilidad moral la de unos juristas dedicados a maquinar cómo se destruye el orden jurídico democrático en Cataluña!), el referéndum, la declaración soberanista del Parlamento recientemente declarada inconstitucional, la creación de “estructuras de Estado” (como dice el propio Decreto 113/2013, de 12 de febrero), la interpretación fraudulenta del Derecho comunitario para ocultar que Cataluña quedaría excluida de la Unión Europea o el intento inviable de internacionalizar la reivindicación. Bajo una apariencia tranquila (como se quieren ver a sí mismos el presidente Mas y demás políticos soberanistas), el independentismo ha optado por salirse agresivamente del ordenamiento democrático y actuar a través de decisiones políticas ajenas al Derecho. Obviamente, quieren destruir el orden jurídico básico en Cataluña y en el resto de España. No hay ejemplo más depurado de decisionismo que la preparación del referéndum del 9 de noviembre que está realizando el Gobierno catalán como explicó su vicepresidenta en un diario de Barcelona (urnas, papeletas, locales…). Los nacionalistas saben que el Derecho vigente no les va a permitir la celebración, saben que no se realizará, pero actúan como si fueran a hacerlo porque dan preeminencia a la decisión política sobre el ordenamiento del Estado democrático.
Sin embargo, la defensa democrática de la unidad española desde el Derecho no debe equivaler a inmovilismo normativo. El Gobierno está paralizando toda acción de reforma constitucional por si algún año de estos escampa. Pero no va a escampar porque la política fundada en el decisionismo, como no tiene límites jurídicos, no se detiene salvo que pueda ser contenida con firmeza política. Un gran constitucionalista, fallecido hace pocos años, Pablo Lucas Verdú, conectaba la normatividad constitucional con las exigencias sociales que comportan movilidad y transformación. Ahí está la justificación de una reforma constitucional porque si queremos que la Constitución se siga considerando la fuente de legitimación democrática del Estado, no puede permanecer estática, silente, ante uno de los ataques más graves que ha conocido la democracia española desde 1978
Las expresiones concretas de decisionismo brotan ahora sin cesar: la reivindicación del falso derecho a decidir, la creación, por medio del Decreto 113/2013, de 12 de febrero, del Consell Assessor per a la Transició Nacional (¡qué responsabilidad moral la de unos juristas dedicados a maquinar cómo se destruye el orden jurídico democrático en Cataluña!), el referéndum, la declaración soberanista del Parlamento recientemente declarada inconstitucional, la creación de “estructuras de Estado” (como dice el propio Decreto 113/2013, de 12 de febrero), la interpretación fraudulenta del Derecho comunitario para ocultar que Cataluña quedaría excluida de la Unión Europea o el intento inviable de internacionalizar la reivindicación. Bajo una apariencia tranquila (como se quieren ver a sí mismos el presidente Mas y demás políticos soberanistas), el independentismo ha optado por salirse agresivamente del ordenamiento democrático y actuar a través de decisiones políticas ajenas al Derecho. Obviamente, quieren destruir el orden jurídico básico en Cataluña y en el resto de España. No hay ejemplo más depurado de decisionismo que la preparación del referéndum del 9 de noviembre que está realizando el Gobierno catalán como explicó su vicepresidenta en un diario de Barcelona (urnas, papeletas, locales…). Los nacionalistas saben que el Derecho vigente no les va a permitir la celebración, saben que no se realizará, pero actúan como si fueran a hacerlo porque dan preeminencia a la decisión política sobre el ordenamiento del Estado democrático.
Sin embargo, la defensa democrática de la unidad española desde el Derecho no debe equivaler a inmovilismo normativo. El Gobierno está paralizando toda acción de reforma constitucional por si algún año de estos escampa. Pero no va a escampar porque la política fundada en el decisionismo, como no tiene límites jurídicos, no se detiene salvo que pueda ser contenida con firmeza política. Un gran constitucionalista, fallecido hace pocos años, Pablo Lucas Verdú, conectaba la normatividad constitucional con las exigencias sociales que comportan movilidad y transformación. Ahí está la justificación de una reforma constitucional porque si queremos que la Constitución se siga considerando la fuente de legitimación democrática del Estado, no puede permanecer estática, silente, ante uno de los ataques más graves que ha conocido la democracia española desde 1978
De LA CAGETA. 20-7-14
El plan torticero de Mas por
Xavier Horcajo (Periodista y Doctor en Economía aplicada)
Los lectores de Gaceta.es supieron -en exclusiva- que la ley catalana de consultas iba a convertirse en el último escenario político en plena cuesta abajo hacia el 9 de noviembre y el referéndum secesionista. Parece increíble desde lejos, pero se trata de una trampa saducea. La ley se perfila como de consultas no vinculantes y se apruebe en el Parlamento catalán como lógicamente referida a competencias de la Generalitat catalana y de los ayuntamientos catalanes. ¿Cómo entonces se puede aplicar a una consulta de carácter secesionista?
Ese es el “¡Alehop!” que se tiene que pactar con el PP, que tiene el botón de la destrucción del invento. Mas pide a Rajoy que no la lleve al Tribunal Constitucional (esto es que no la suspenda) y que le deje usarla como edulcorante de la consulta secesionista. Una válvula de escape que permite votar algo a los catalanes, no vinculante. Si Rajoy acepta se equivocará.
Esto es una vez aprobada, ser “generoso” y amable con la interpretación de que el “encaje” de Cataluña es asunto y materia competencial de la Generalitat y por lo tanto, procedente, que se use la ley de consultas catalana para hacer un referéndum light se celebrara. Tragar con el plan torticero de Mas, tendría costes políticos para Rajoy, aunque rebajaría en el corto plazo la presión política en 2014. Para Mas si es la tabla de salvación, la cuadratura del círculo que le permitiría salir del callejón en el que se ha metido.
¿Y si sale que sí? , se preguntarán ustedes. Bueno, instalados en el cortoplacismo, nuestros políticos rara vez piensan en las consecuencias futuras de sus pactos y apaños de hoy. ¿Se acuerdan de los agradecimientos a Rubalcaba cuando se marchó? Si sale sí, en poco tiempo tendremos consulta vasca y quién sabe si otras más. Se acuerdan de aquel Rajoy que tildaba de “líos y algarabías” la cadena humana pro independencia. La indolencia también es culposa.
La hoja de ruta” del independentismo catalán, con ese si en el bolsillo, tomará el estilo kosovar. El Parlamento catalán, de forma unilateral declara la independencia del territorio y su separación de España y la proclamación de la República catalana. No muy distinto a lo del 14 de abril de 1931 con Companys en el balcón.
Mas quiere tener el partido “en primer tiempo de revista” para el 11 de septiembre, la Diada. Huele a elecciones anticipadas, también por eso se aparta a Oriol Pujol Ferrusola afectado por presunta corrupción y se elige secretario general entre el abstruso Felip Puig y el insólito y amenazante Francesc Homs, portavoz de la Generalitat. Mientras en las prisiones catalanas, los presos preparan las cajas; con dinero público se trabaja en un censo sui generis y, si se cambia la pregunta, va a ser un problema porque las papeletas con las dos preguntas de Mas están en pre impresión. Recuerden que las preguntas diseñadas por Mas son; ¿Quiere que Cataluña sea un estado?”. Los que voten que sí, tendrán una segunda pregunta, que dirá: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?”. Por si acaso, Mas ya prepara las movilizaciones para el 11 de septiembre, que es una prueba de fuerza
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El plan torticero de Mas por
Xavier Horcajo (Periodista y Doctor en Economía aplicada)
Los lectores de Gaceta.es supieron -en exclusiva- que la ley catalana de consultas iba a convertirse en el último escenario político en plena cuesta abajo hacia el 9 de noviembre y el referéndum secesionista. Parece increíble desde lejos, pero se trata de una trampa saducea. La ley se perfila como de consultas no vinculantes y se apruebe en el Parlamento catalán como lógicamente referida a competencias de la Generalitat catalana y de los ayuntamientos catalanes. ¿Cómo entonces se puede aplicar a una consulta de carácter secesionista?
Ese es el “¡Alehop!” que se tiene que pactar con el PP, que tiene el botón de la destrucción del invento. Mas pide a Rajoy que no la lleve al Tribunal Constitucional (esto es que no la suspenda) y que le deje usarla como edulcorante de la consulta secesionista. Una válvula de escape que permite votar algo a los catalanes, no vinculante. Si Rajoy acepta se equivocará.
Esto es una vez aprobada, ser “generoso” y amable con la interpretación de que el “encaje” de Cataluña es asunto y materia competencial de la Generalitat y por lo tanto, procedente, que se use la ley de consultas catalana para hacer un referéndum light se celebrara. Tragar con el plan torticero de Mas, tendría costes políticos para Rajoy, aunque rebajaría en el corto plazo la presión política en 2014. Para Mas si es la tabla de salvación, la cuadratura del círculo que le permitiría salir del callejón en el que se ha metido.
¿Y si sale que sí? , se preguntarán ustedes. Bueno, instalados en el cortoplacismo, nuestros políticos rara vez piensan en las consecuencias futuras de sus pactos y apaños de hoy. ¿Se acuerdan de los agradecimientos a Rubalcaba cuando se marchó? Si sale sí, en poco tiempo tendremos consulta vasca y quién sabe si otras más. Se acuerdan de aquel Rajoy que tildaba de “líos y algarabías” la cadena humana pro independencia. La indolencia también es culposa.
La hoja de ruta” del independentismo catalán, con ese si en el bolsillo, tomará el estilo kosovar. El Parlamento catalán, de forma unilateral declara la independencia del territorio y su separación de España y la proclamación de la República catalana. No muy distinto a lo del 14 de abril de 1931 con Companys en el balcón.
Mas quiere tener el partido “en primer tiempo de revista” para el 11 de septiembre, la Diada. Huele a elecciones anticipadas, también por eso se aparta a Oriol Pujol Ferrusola afectado por presunta corrupción y se elige secretario general entre el abstruso Felip Puig y el insólito y amenazante Francesc Homs, portavoz de la Generalitat. Mientras en las prisiones catalanas, los presos preparan las cajas; con dinero público se trabaja en un censo sui generis y, si se cambia la pregunta, va a ser un problema porque las papeletas con las dos preguntas de Mas están en pre impresión. Recuerden que las preguntas diseñadas por Mas son; ¿Quiere que Cataluña sea un estado?”. Los que voten que sí, tendrán una segunda pregunta, que dirá: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente?”. Por si acaso, Mas ya prepara las movilizaciones para el 11 de septiembre, que es una prueba de fuerza
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