Hace tres años que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó una sentencia firme en un recurso contencioso-administrativo entre un ayuntamiento y un funcionario. El recurso era contra una resolución de un expediente disciplinario que separaba del servicio por tres años a un funcionario por diversas faltas graves. El funcionario perdió el recurso, se le denegó la casación, y el amparo ante el TC. Pero al cambiar el signo político del Ayuntamiento, el nuevo equipo de gobierno no cumple la sentencia. ¿Es esto legal? ¿Quien puede pedir la ejecución de la sentencia?