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Gabinetes psicosociales: salta el escandalo
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Disculpe Mamaria, creo que no entendió mi pregunta. Lo que quería consultarle es quién les hace tener que hacer los psicosociales, ¿Es el juez, o a petición propia?
Por otro lado, el concepto "psicosocial" yo creo que se puede aplicar a una intervención profesional con un seguimiento, del que podría ser factible realizar un Informe, pero a mí no me parece una prueba pericial realmente. Es cierto que es algo sobre lo que el sistema judicial debe actuar, y también los Colegios profesionales de ambas disciplinas. A ver si hay suerte y sus demandas llegan a buen puerto.
Por otro lado, el listado de Peritos del que les hablo, pueden ser utilizados si el abogado solicita una pericial. En este caso, creo que el pago no lo realizaría el cliente; es algo similar a la justicia gratuita, y en ese caso el juez no podría decir que al ser de pago el informe es favorable al cliente...Consulten esta posibilidad también, porque creo que presentar un contra-informe, podría dejar muy en evidencia a los Informes que presentan los equipos psicosociales de los juzgados.
Por otro lado, el concepto "psicosocial" yo creo que se puede aplicar a una intervención profesional con un seguimiento, del que podría ser factible realizar un Informe, pero a mí no me parece una prueba pericial realmente. Es cierto que es algo sobre lo que el sistema judicial debe actuar, y también los Colegios profesionales de ambas disciplinas. A ver si hay suerte y sus demandas llegan a buen puerto.
Por otro lado, el listado de Peritos del que les hablo, pueden ser utilizados si el abogado solicita una pericial. En este caso, creo que el pago no lo realizaría el cliente; es algo similar a la justicia gratuita, y en ese caso el juez no podría decir que al ser de pago el informe es favorable al cliente...Consulten esta posibilidad también, porque creo que presentar un contra-informe, podría dejar muy en evidencia a los Informes que presentan los equipos psicosociales de los juzgados.
Perisoc, en cuanto a su pregunta, hasta donde se, unas veces lo pide una de las partes o también ambas, otras no.
Sin poder asegurar que sea "obligación" (no soy letrada y no me consta que asi fuera en todos absolutamente todos los casos) pero tanto por nuestro caso como por otros muchos que conozco, no se de ninguno en el que por contencioso se dirima custodia de hijos sin psicosocial de por medio.
Y dudo mucho que una prueba pericial de parte que vaya contra el psicosocial tuviera más peso en la decisión que toma el juez. Se supone que los psicosociales son "sus" profesionales. Y a no ser que se recaben pruebas demoledoras, se consiga su declaración (que eso si me consta también es harto difícil) o algo así, se da por hecho que es lo que va a considerar el juez.
En cuanto a la posibilidad de solicitar un perito de los que aparezcan incluidos en la lista de los juzgados......pues, si. Supongo que es una posibilidad. Que estaría o podría estar bien.
Pero, como también decía, en nuestro caso lo intentamos. Sabíamos que el psicosocial no valoraría la estabilidad emocional de la madre ni los tratornos que hasta el momento se le habían diagnosoticado, como tampoco las dificultades de aprendizaje o "problemas de atención" que incluso desde el colegio se decía tenía el niño. Para la madre en concreto solicitamos un perito psiquiatra de los adscritos al juzgado o lo que es lo mismo el que el juez designara para que hiciera esa evaluación. Pero no lo concedieron en base a que ya se hacía el psicosocial.
Vamos que.....pedirse o solicitarse se podrá. Pero otra cosa es que el juez lo conceda. Y mucho me temo que habiendo psicosocial......difícil está que se haga otra prueba.
Aunque el psicosocial sea una m....., con perdón. Difícilmente se designará otro profesional, por más pertinente que sea y mas espcializado, como difícilmente no será tenido en cuenta a favor de un importe "de parte"
Desafortunadamente (puesto que NO funciona) ése es el tinglao que se ha montado. Y....o a base de las denuncias y posibles sentencias en contra se va consiguiendo que cambie o.......continuarán haciendo las burradas que hacen.
cozumel, entiendo. Nosotros hemos denunciado ya a dos de los "peritos" que fueron presentados por la otra parte. Nos ha constado más de dos años.
El psicosocial estamos en ello.
Es lamentable que la única vía que dejen sea denunciar. Y que eso tan costoso, tanto económicamente como en tiempo.
Irá a hacer un año que pusimos la primera querella y todavía se están haciendo diligencias solicitando pruebas en base a las distintas declaraciones y pruebas que se han ido aportando. Penoso!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sin poder asegurar que sea "obligación" (no soy letrada y no me consta que asi fuera en todos absolutamente todos los casos) pero tanto por nuestro caso como por otros muchos que conozco, no se de ninguno en el que por contencioso se dirima custodia de hijos sin psicosocial de por medio.
Y dudo mucho que una prueba pericial de parte que vaya contra el psicosocial tuviera más peso en la decisión que toma el juez. Se supone que los psicosociales son "sus" profesionales. Y a no ser que se recaben pruebas demoledoras, se consiga su declaración (que eso si me consta también es harto difícil) o algo así, se da por hecho que es lo que va a considerar el juez.
En cuanto a la posibilidad de solicitar un perito de los que aparezcan incluidos en la lista de los juzgados......pues, si. Supongo que es una posibilidad. Que estaría o podría estar bien.
Pero, como también decía, en nuestro caso lo intentamos. Sabíamos que el psicosocial no valoraría la estabilidad emocional de la madre ni los tratornos que hasta el momento se le habían diagnosoticado, como tampoco las dificultades de aprendizaje o "problemas de atención" que incluso desde el colegio se decía tenía el niño. Para la madre en concreto solicitamos un perito psiquiatra de los adscritos al juzgado o lo que es lo mismo el que el juez designara para que hiciera esa evaluación. Pero no lo concedieron en base a que ya se hacía el psicosocial.
Vamos que.....pedirse o solicitarse se podrá. Pero otra cosa es que el juez lo conceda. Y mucho me temo que habiendo psicosocial......difícil está que se haga otra prueba.
Aunque el psicosocial sea una m....., con perdón. Difícilmente se designará otro profesional, por más pertinente que sea y mas espcializado, como difícilmente no será tenido en cuenta a favor de un importe "de parte"
Desafortunadamente (puesto que NO funciona) ése es el tinglao que se ha montado. Y....o a base de las denuncias y posibles sentencias en contra se va consiguiendo que cambie o.......continuarán haciendo las burradas que hacen.
cozumel, entiendo. Nosotros hemos denunciado ya a dos de los "peritos" que fueron presentados por la otra parte. Nos ha constado más de dos años.
El psicosocial estamos en ello.
Es lamentable que la única vía que dejen sea denunciar. Y que eso tan costoso, tanto económicamente como en tiempo.
Irá a hacer un año que pusimos la primera querella y todavía se están haciendo diligencias solicitando pruebas en base a las distintas declaraciones y pruebas que se han ido aportando. Penoso!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mamaria, ante la negación del juez de someter a la otra parte a una pericial psiquiátrica, aduciendo que para eso existía el psicosocial, teníais que haber insistido de alguna forma, pues ahí el juez cometió un error, que es confundir una pericial psicológica de una psiquiatra. Aunque ambas profesiones tratan problemas de salud mental, cada una diagnostica unas cosas y da distintos tratamientos.
Es que creo que ahí esta el problema, que se confunden profesiones, se mezclan, y los distintos profesionales se dedican a peritar disciplinas que no les corresponden.
El trabajo pericial es muy interesante si se hace bien, y es muy complicado para los/ as Trabajadores/ as Sociales acceder a un puesto en los juzgados, pues es un terreno acotado a esos pocos que ejercen actualmente. Me da mucha pena que esté pasando lo que referís...
Es que creo que ahí esta el problema, que se confunden profesiones, se mezclan, y los distintos profesionales se dedican a peritar disciplinas que no les corresponden.
El trabajo pericial es muy interesante si se hace bien, y es muy complicado para los/ as Trabajadores/ as Sociales acceder a un puesto en los juzgados, pues es un terreno acotado a esos pocos que ejercen actualmente. Me da mucha pena que esté pasando lo que referís...
Un juez de familia sabe de sobra la diferencia entre informe pericial de parte y uno psicosocial adscrito, pero por eso quieren los psicosociales porque saben el sesgo que si o si tendrán hacia la madre y favoreciendola o protegiéndola, como en este caso, el mio y tantos otros
La responsabilidad final de toda esta corrupción es de los jueces ya que saben de sobra lo que pasa pero les da igual, se escudan en ellos y punto
La responsabilidad final de toda esta corrupción es de los jueces ya que saben de sobra lo que pasa pero les da igual, se escudan en ellos y punto
Por la presion del lobby feminista femizzaaxi, por no parar su progresión en la carrera judicial, por intereses espurios, por corrupción moral, por corrupción profesional. Conocemos de varios jueces que han denunciado esto y han sido o apartados de la carrera judicial, o las propias asociaciones femizzasi se han querellado contra esos jueces
Se querellan contra jueces por opinar con datos de su profesión pero no se querellan contra los jueces por dictar 95% de las sentencias a favor siempre de la amdre y dejnado a lso hijos huerfanos de padre
¿Acaso el 95% de las custodias no se dan a la madre, habiendo unos 130.000 procesos al año ese sesgo estadisticamente es imposible, quiere decir que si o si son custodias maternas
¿El 95% de los padres son malos padres desde el momento del divorcio antes no? ¿ el 95% de los padres no quieren la compartida?
¿Porque en primera instancia si o si se dan custodias a las madres o en audiencia teniendo que llegar al TS para que sea compartida si ya hay mucha jurisprudencia del TS donde dice que debe ser compartida, que por conflictividad no se puede evitar la compartida, que es mejor para el menor, etc etc ?
¿porque las asociaciones feministas no se movilizan en favor de la custodia compartida si es lo mejor para el menor?
Como nadie audita las sentencias de 1 instancia los jueces dictan sentencias contra la jurisprudencia
Se querellan contra jueces por opinar con datos de su profesión pero no se querellan contra los jueces por dictar 95% de las sentencias a favor siempre de la amdre y dejnado a lso hijos huerfanos de padre
¿Acaso el 95% de las custodias no se dan a la madre, habiendo unos 130.000 procesos al año ese sesgo estadisticamente es imposible, quiere decir que si o si son custodias maternas
¿El 95% de los padres son malos padres desde el momento del divorcio antes no? ¿ el 95% de los padres no quieren la compartida?
¿Porque en primera instancia si o si se dan custodias a las madres o en audiencia teniendo que llegar al TS para que sea compartida si ya hay mucha jurisprudencia del TS donde dice que debe ser compartida, que por conflictividad no se puede evitar la compartida, que es mejor para el menor, etc etc ?
¿porque las asociaciones feministas no se movilizan en favor de la custodia compartida si es lo mejor para el menor?
Como nadie audita las sentencias de 1 instancia los jueces dictan sentencias contra la jurisprudencia
Perisoc, por todo lo que he podido saber en estos años pero sobre todo por lo que he visto, aquí parece que los jueces no comenten nunca errores.
Su criterio es su critero. Y contra eso.....no se puede hacer nada. Ni siquiera reclamar.
Desde hace ya casi once años (más los anteriores en áreas afines) trabajo en un centro donde se atiende a personas con enfermedad mental y sus familias. Si algo me consta es el desconocimiento de la sociedad sobre estas patologías. Se de sobra que muchas veces se confunden, a veces porque simplemente interesa. No es lo mismo decir que uno tiene un trastorno tal o cual que decir que es que está deprimido o padece de nervios. Pero desde luego una y otra cosa no son lo mismo.
Sé además que los jueces, fiscales, abogados....están un poco o a veces un mucho perdidos en esto. Normal por otra parte, puesto que no es ésa su formación ni directamente su trabajo.
Pero si yo soy juez (o fiscal, o abogado...) y me están presentando algo tan serio tan como eso y yo no no dispongo de herramientas propias para cerciorarme de dónde está la verdad o qué magnitud tiene esa circunstancia, teniendo que decidir sobre la vida de un niño, claro que designo a un perito o a los que hagan falta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Porque para eso soy juez y tengo en mi mano hacerlo.
Sin embago, habiendo presentado en multitud de ocasiones el amplio y largo historial de salud mental de uno de los progenitores con al menos dos intentos de suicidio de por medio (que se sepa, porque son los que están documentados) a lo largo de estos casi diez años que mi marido lleva luchando NADIE se ha preocupado de que esta circunstancia pueda no ser lo mejor para el menor. NADIE LA HA VALORADO.
Sistemáticamente la obvian.
Po rqué???????
Por qué tienen los jueces tienen que favorecer a las mujeres???
Supongo que podriamos estar horas discutiendo posibles motivos. Porque es lo que está bien visto, porque "retirar" una custodia a las madres es como desprestigiarla o dejarla en mal lugar, porque ese tipo de casos trascienden y son juzgados por la opinión publica genralmente para mal, etc, etc, etc.
Pero lo que está claro es que la realidad es innegable: un porcentage de MAYORÍA APLASTANTE de custodias únicas para las madres.
Y no precisamente en casos en que los padres sean evidentes en su s actos o declarados como incapaces, ni porque éstos se hayan desentendido o no hayan proporcionado cuidados, ni porque no pidan custodia compartida o también para ellos............NINGUNA de esas cosas.
La realidad es que se concede custodias únicas a Madres psicológicamente inestables (hablo en plural puesto que doy fe de otros muuuchos casos que conocemos casi calcdos al nuestro) además de muuuuuuuuchas otras cosas que serían desde luego achacables en detrimento de progenitores sanos con mejores condiciones y disposición para atender y ocuparse de esos hijos. Los mismos a los que se dice "protegen".
Alguien lo entiende??????
Porque yo desde luego, a pesar de toodo el tiempo y de toodo lo que he visto, reconozco que soy incapaz.
No me cabe en la cabeza. Pero desde luego como he dicho ya muchas veces, tengo clarísimo que si mi marido hubiera sido mujer y no hombre su hijo estaría con él. Como a la inversa, si mi marido tuviera todas esas circunstancias que si tiene la madre de su hijo: un histotial de salud mental de años de evolucion, sin tratamiento reconocido, sin empleo ni trabajo estable, sin ingresos ni vivienda propia, obstaculizando continuamente las visitas y comunicación, incumpliendo reiteradamente la patria potestad, etc, etc, etcétera, NUNCA se le hubiera concedido -con razón- una custodia única de su hijo.
Que los jueces no son los primeros conscientes de todo esto??????
Pues creo que también es algo fuera de toda discusión.
Lo son como la jueza de nuestro último juicio era perfectamente consiciente de que una de las partes presentaba dos peritos que NO podían declarar ni ejercer como tal por su condición de funcionarios porque ella, la única que podía hacerlo, no los había pedido.
Sin embargo permitió que declarasen y utilizó o tuvo en cuenta sus argumentos. Pese a las advertencias de falso testimonio, que tampoco se molestó en comprobar.
Ella era la primera que sabía que faltaba documentación que se había pedido, considerablemente importnte a tenor de lo que se exponía. ETC,ETC.
Pero a pesar de todo..............ella y sólo ella decide. Sin tener que justificar o explicar absolutamente nada. Como tampoco nada pasará si la situación que ella y otras peersonas han permitido termina afectando a ese niño.
A no ser que expresamente se le denuncie, no trendrá que asumir la más mínima responsabilidad.
Y eso.....pues no creo que sea justo. Ni siquiera de recibo por parte de aquellos que -se supone- son los que la imparten.
Su criterio es su critero. Y contra eso.....no se puede hacer nada. Ni siquiera reclamar.
Desde hace ya casi once años (más los anteriores en áreas afines) trabajo en un centro donde se atiende a personas con enfermedad mental y sus familias. Si algo me consta es el desconocimiento de la sociedad sobre estas patologías. Se de sobra que muchas veces se confunden, a veces porque simplemente interesa. No es lo mismo decir que uno tiene un trastorno tal o cual que decir que es que está deprimido o padece de nervios. Pero desde luego una y otra cosa no son lo mismo.
Sé además que los jueces, fiscales, abogados....están un poco o a veces un mucho perdidos en esto. Normal por otra parte, puesto que no es ésa su formación ni directamente su trabajo.
Pero si yo soy juez (o fiscal, o abogado...) y me están presentando algo tan serio tan como eso y yo no no dispongo de herramientas propias para cerciorarme de dónde está la verdad o qué magnitud tiene esa circunstancia, teniendo que decidir sobre la vida de un niño, claro que designo a un perito o a los que hagan falta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Porque para eso soy juez y tengo en mi mano hacerlo.
Sin embago, habiendo presentado en multitud de ocasiones el amplio y largo historial de salud mental de uno de los progenitores con al menos dos intentos de suicidio de por medio (que se sepa, porque son los que están documentados) a lo largo de estos casi diez años que mi marido lleva luchando NADIE se ha preocupado de que esta circunstancia pueda no ser lo mejor para el menor. NADIE LA HA VALORADO.
Sistemáticamente la obvian.
Po rqué???????
Por qué tienen los jueces tienen que favorecer a las mujeres???
Supongo que podriamos estar horas discutiendo posibles motivos. Porque es lo que está bien visto, porque "retirar" una custodia a las madres es como desprestigiarla o dejarla en mal lugar, porque ese tipo de casos trascienden y son juzgados por la opinión publica genralmente para mal, etc, etc, etc.
Pero lo que está claro es que la realidad es innegable: un porcentage de MAYORÍA APLASTANTE de custodias únicas para las madres.
Y no precisamente en casos en que los padres sean evidentes en su s actos o declarados como incapaces, ni porque éstos se hayan desentendido o no hayan proporcionado cuidados, ni porque no pidan custodia compartida o también para ellos............NINGUNA de esas cosas.
La realidad es que se concede custodias únicas a Madres psicológicamente inestables (hablo en plural puesto que doy fe de otros muuuchos casos que conocemos casi calcdos al nuestro) además de muuuuuuuuchas otras cosas que serían desde luego achacables en detrimento de progenitores sanos con mejores condiciones y disposición para atender y ocuparse de esos hijos. Los mismos a los que se dice "protegen".
Alguien lo entiende??????
Porque yo desde luego, a pesar de toodo el tiempo y de toodo lo que he visto, reconozco que soy incapaz.
No me cabe en la cabeza. Pero desde luego como he dicho ya muchas veces, tengo clarísimo que si mi marido hubiera sido mujer y no hombre su hijo estaría con él. Como a la inversa, si mi marido tuviera todas esas circunstancias que si tiene la madre de su hijo: un histotial de salud mental de años de evolucion, sin tratamiento reconocido, sin empleo ni trabajo estable, sin ingresos ni vivienda propia, obstaculizando continuamente las visitas y comunicación, incumpliendo reiteradamente la patria potestad, etc, etc, etcétera, NUNCA se le hubiera concedido -con razón- una custodia única de su hijo.
Que los jueces no son los primeros conscientes de todo esto??????
Pues creo que también es algo fuera de toda discusión.
Lo son como la jueza de nuestro último juicio era perfectamente consiciente de que una de las partes presentaba dos peritos que NO podían declarar ni ejercer como tal por su condición de funcionarios porque ella, la única que podía hacerlo, no los había pedido.
Sin embargo permitió que declarasen y utilizó o tuvo en cuenta sus argumentos. Pese a las advertencias de falso testimonio, que tampoco se molestó en comprobar.
Ella era la primera que sabía que faltaba documentación que se había pedido, considerablemente importnte a tenor de lo que se exponía. ETC,ETC.
Pero a pesar de todo..............ella y sólo ella decide. Sin tener que justificar o explicar absolutamente nada. Como tampoco nada pasará si la situación que ella y otras peersonas han permitido termina afectando a ese niño.
A no ser que expresamente se le denuncie, no trendrá que asumir la más mínima responsabilidad.
Y eso.....pues no creo que sea justo. Ni siquiera de recibo por parte de aquellos que -se supone- son los que la imparten.
Consejería de Servicios Sociales y Fiscalía cruzan denuncias con padres de “Niños Robados” en Andalucía
La Delegación de Gobierno de Córdoba, al parecer en representación de los Servicios Sociales, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra D. Francisco Javier Merino Fernández, por la publicación de una página web titulada http://injusticiaencordoba.jimdo.com y la grabación en You Tube: “barbaridades psicologos”.
El texto de la denuncia resulta sorprendente porque admite que, tanto en la página como en la grabación, lo que se exhibe son copias fielmente escaneadas de documentos que forman parte de expedientes judiciales y grabaciones íntegras de declaraciones en sala de juicio, que nunca han estado bajo secreto de sumario. Sin embargo, su publicación se califica como “posible ilícito penal”, simplemente porque “está originando un gran malestar entre los profesionales de los equipos psicosociales al servicio de la Administración de Justicia”.
El denunciado, Javier, subió a La Red esas publicaciones porque a su vez quería denunciar públicamente lo ocurrido con su hijo en su proceso de divorcio, porque lo considera una monstruosidad, un atropello hacia su persona, hacia el sentido común, hacia la decencia y, sobre todo, hacia su hijo.
Sufrió un divorcio contencioso en el que solicitaba la custodia alegando enfermedad psiquiátrica en la madre. El fiscal del caso pedía la custodia compartida, pero aunque la sentencia repartió por mitad el tiempo del menor entre ambos padres, le adjudicó la custodia a la madre otorgándole así derecho a pensión. Ambos recurrieron, el padre porque no se habían tenido en cuenta los informes médicos sobre la salud mental de la madre, ella para reducir el tiempo adjudicado a él y afianzar así la pensión alimenticia. Entonces fue cuando entraron en juego los Equipos Psicosociales de la Administración de Justicia de Andalucía, que hicieron un informe que, en opinión del fiscal, resultaba “IRRISORIO Y RIDÍCULO”. En él se rechazaba los informes psiquiátricos aportados por el padre y se interpretaba el asunto de una forma engañosa negando la enfermedad de la madre mediante una alocución que en realidad la reafirma: “La apelante nos indica que sigue el tratamiento farmacológico siendo además muy consciente de que tiene que tomar todas las medicaciones prescritas ya que depende de ello la buena recuperación que ha ido teniendo”. Sin embargo, la Audiencia Provincial, prescindiendo de la peritación de cualquier otro profesional cualificado en Psiquiatría o Psicología Clínica, dio la razón a los Psicosociales y a la madre, reduciendo el tiempo de permanencia del menor con el padre
La Delegación de Gobierno de Córdoba, al parecer en representación de los Servicios Sociales, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra D. Francisco Javier Merino Fernández, por la publicación de una página web titulada http://injusticiaencordoba.jimdo.com y la grabación en You Tube: “barbaridades psicologos”.
El texto de la denuncia resulta sorprendente porque admite que, tanto en la página como en la grabación, lo que se exhibe son copias fielmente escaneadas de documentos que forman parte de expedientes judiciales y grabaciones íntegras de declaraciones en sala de juicio, que nunca han estado bajo secreto de sumario. Sin embargo, su publicación se califica como “posible ilícito penal”, simplemente porque “está originando un gran malestar entre los profesionales de los equipos psicosociales al servicio de la Administración de Justicia”.
El denunciado, Javier, subió a La Red esas publicaciones porque a su vez quería denunciar públicamente lo ocurrido con su hijo en su proceso de divorcio, porque lo considera una monstruosidad, un atropello hacia su persona, hacia el sentido común, hacia la decencia y, sobre todo, hacia su hijo.
Sufrió un divorcio contencioso en el que solicitaba la custodia alegando enfermedad psiquiátrica en la madre. El fiscal del caso pedía la custodia compartida, pero aunque la sentencia repartió por mitad el tiempo del menor entre ambos padres, le adjudicó la custodia a la madre otorgándole así derecho a pensión. Ambos recurrieron, el padre porque no se habían tenido en cuenta los informes médicos sobre la salud mental de la madre, ella para reducir el tiempo adjudicado a él y afianzar así la pensión alimenticia. Entonces fue cuando entraron en juego los Equipos Psicosociales de la Administración de Justicia de Andalucía, que hicieron un informe que, en opinión del fiscal, resultaba “IRRISORIO Y RIDÍCULO”. En él se rechazaba los informes psiquiátricos aportados por el padre y se interpretaba el asunto de una forma engañosa negando la enfermedad de la madre mediante una alocución que en realidad la reafirma: “La apelante nos indica que sigue el tratamiento farmacológico siendo además muy consciente de que tiene que tomar todas las medicaciones prescritas ya que depende de ello la buena recuperación que ha ido teniendo”. Sin embargo, la Audiencia Provincial, prescindiendo de la peritación de cualquier otro profesional cualificado en Psiquiatría o Psicología Clínica, dio la razón a los Psicosociales y a la madre, reduciendo el tiempo de permanencia del menor con el padre
Los problemas no tardaron en aparecer, reflejándose en denuncias del padre contra la madre por malos tratos hacia el niño. La respuesta de los “Equipos” de los Servicios Sociales resultó paradójica, pues incorporaron al niño a un “¡¡¡PROGRAMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO!!!”, a pesar de que no existía ni siquiera una sola denuncia contra el padre por ese motivo. Dicho programa se impartía en una entidad privada concertada, subvencionada por los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía (Encuentr@cuerdos) Apoyada por informes de esa Entidad y de los Servicios Sociales, la madre presentó una modificación de medidas para que le fuesen suspendidas las visitas al padre. No consiguió su objetivo, sino que el juez impuso a los dos progenitores la asistencia a terapia conjunta para acercar posturas, sin embargo cuando ella se negó a asistir no adoptó medida alguna en su contra. Según refleja el padre en su página web, cinco años después de iniciarse el divorcio, “el menor está en una situación insostenible que incluso llegan a la agresión física repetida y a los constantes enfrentamientos con su madre”.
Javier forma parte del grupo andaluz de los damnificados que han denunciado de forma simultánea la actuación irregular de algunos de estos Equipos Psicosociales a lo largo de todo el País. Los acusan de favorecer el internamiento de menores en centros o familias de acogida, incluirlos en programas subvencionados de tratamiento psicológico o arrebatarlos a sus padres para destinarlos a la adopción (“Niños Robados”) mediante le elaboración de informes falseados o tergiversados. Aseguran que se trata de una trama organizada que pretende favorecer el interés económico de las personas o empresas con las que se conciertan estos costosos servicios públicos, que forman parte de lo que denominan “Industria del Género”. Los andaluces señalan a la Fiscal Jefe de Sevilla, la Sra. Segarra, como la cabeza visible y encubridora necesaria de este tipo de prácticas en su Región, por lo que el ahora denunciado no puede evitar cobijar dudas sobre su seguridad jurídica al ser ella la responsable última de la tramitación de la denuncia contra él.
Los indicios sobre la implicación de algunos sectores de la Administración de Justicia, especialmente la Fiscalía, en la Industria del Género se hacen muy evidentes en el caso de otro afectado: José Manuel Boix Cebolla. Se trata de un vecino del municipio sevillano de Isla Mayor, agricultor profesional “de mundo” que había trabajado en empresas españolas afincadas en Mauritania y estaba casado en España con una cubana, con la que había estado residiendo después en Costa Rica y Cuba. Desconocía José Manuel porqué su esposa le pedía de forma insistente volver a España, hasta que recibió su denuncia de violencia de género por “malos tratos psíquicos” y era porque ella ya había mantenido contactos con unos Servicios Sociales Españoles que actúan a modo de “Logia Sectaria” con este tipo de denuncias y aquí ella conseguiría sus objetivos, propios de una mente desequilibrada, a base de falacias. La juez encargada archivó el caso y denegó cualquier medida de protección o alejamiento por considerar “falso” el motivo de la denuncia. Sin embargo, y según se enteró más tarde, un día después de que fuese dictada la sentencia, algún desalmado envió desde el Juzgado a los cuarteles de la Guardia Civil y la Policía Municipal más cercanos a su domicilio, una orden falsa de protección para ella, en nombre de la jueza, pero sin molestarse siquiera en imitar su firma. Aquello abrió para José Manuel y para sus hijos las puertas de un infierno del que aún están muy lejos de escapar, porque los convirtió en materia prima de esa despiadada “Industria” que mueve miles de millones de Euros al año en España.
Javier forma parte del grupo andaluz de los damnificados que han denunciado de forma simultánea la actuación irregular de algunos de estos Equipos Psicosociales a lo largo de todo el País. Los acusan de favorecer el internamiento de menores en centros o familias de acogida, incluirlos en programas subvencionados de tratamiento psicológico o arrebatarlos a sus padres para destinarlos a la adopción (“Niños Robados”) mediante le elaboración de informes falseados o tergiversados. Aseguran que se trata de una trama organizada que pretende favorecer el interés económico de las personas o empresas con las que se conciertan estos costosos servicios públicos, que forman parte de lo que denominan “Industria del Género”. Los andaluces señalan a la Fiscal Jefe de Sevilla, la Sra. Segarra, como la cabeza visible y encubridora necesaria de este tipo de prácticas en su Región, por lo que el ahora denunciado no puede evitar cobijar dudas sobre su seguridad jurídica al ser ella la responsable última de la tramitación de la denuncia contra él.
Los indicios sobre la implicación de algunos sectores de la Administración de Justicia, especialmente la Fiscalía, en la Industria del Género se hacen muy evidentes en el caso de otro afectado: José Manuel Boix Cebolla. Se trata de un vecino del municipio sevillano de Isla Mayor, agricultor profesional “de mundo” que había trabajado en empresas españolas afincadas en Mauritania y estaba casado en España con una cubana, con la que había estado residiendo después en Costa Rica y Cuba. Desconocía José Manuel porqué su esposa le pedía de forma insistente volver a España, hasta que recibió su denuncia de violencia de género por “malos tratos psíquicos” y era porque ella ya había mantenido contactos con unos Servicios Sociales Españoles que actúan a modo de “Logia Sectaria” con este tipo de denuncias y aquí ella conseguiría sus objetivos, propios de una mente desequilibrada, a base de falacias. La juez encargada archivó el caso y denegó cualquier medida de protección o alejamiento por considerar “falso” el motivo de la denuncia. Sin embargo, y según se enteró más tarde, un día después de que fuese dictada la sentencia, algún desalmado envió desde el Juzgado a los cuarteles de la Guardia Civil y la Policía Municipal más cercanos a su domicilio, una orden falsa de protección para ella, en nombre de la jueza, pero sin molestarse siquiera en imitar su firma. Aquello abrió para José Manuel y para sus hijos las puertas de un infierno del que aún están muy lejos de escapar, porque los convirtió en materia prima de esa despiadada “Industria” que mueve miles de millones de Euros al año en España.
Los indicios sobre la implicación de algunos sectores de la Administración de Justicia, especialmente la Fiscalía, en la Industria del Género se hacen muy evidentes en el caso de otro afectado: José Manuel Boix Cebolla. Se trata de un vecino del municipio sevillano de Isla Mayor, agricultor profesional “de mundo” que había trabajado en empresas españolas afincadas en Mauritania y estaba casado en España con una cubana, con la que había estado residiendo después en Costa Rica y Cuba. Desconocía José Manuel porqué su esposa le pedía de forma insistente volver a España, hasta que recibió su denuncia de violencia de género por “malos tratos psíquicos” y era porque ella ya había mantenido contactos con unos Servicios Sociales Españoles que actúan a modo de “Logia Sectaria” con este tipo de denuncias y aquí ella conseguiría sus objetivos, propios de una mente desequilibrada, a base de falacias. La juez encargada archivó el caso y denegó cualquier medida de protección o alejamiento por considerar “falso” el motivo de la denuncia. Sin embargo, y según se enteró más tarde, un día después de que fuese dictada la sentencia, algún desalmado envió desde el Juzgado a los cuarteles de la Guardia Civil y la Policía Municipal más cercanos a su domicilio, una orden falsa de protección para ella, en nombre de la jueza, pero sin molestarse siquiera en imitar su firma. Aquello abrió para José Manuel y para sus hijos las puertas de un infierno del que aún están muy lejos de escapar, porque los convirtió en materia prima de esa despiadada “Industria” que mueve miles de millones de Euros al año en España.
Después de aquel juicio, ella desapareció llevándose consigo a los 2 hijos comunes y fueron escondidos por las instituciones andaluzas inicialmente en un lugar indeterminado de Sevilla y posteriormente en la Casa de Acogida de Huelva, sin orden judicial alguna. Él denunció el secuestro, pero tan sólo consiguió que, al cabo de un tiempo, le asignaran un Punto de Encuentro Familiar al que ella no acudía. Más de una decena de condenas contra ella por incumplimiento del régimen de visitas, pero ninguna medida para sancionarla. Dos años después de su fuga, el padre consiguió localizarlos a través de unos detectives privados en el Centro de la mujer del Ayuntamiento de Huelva, donde había sido alojada por los Servicios Sociales a costa de engordar facturas con cargo al Erario Público. En cuanto él apareció la realojaron en otro lugar, desplazando otra vez a los chicos de colegio. Ahora, 5 años después de que empezase este calvario, los niños han pasado de ser alumnos ejemplares al más completo fracaso escolar, en especial en el caso del mayor que va a repetir por segunda vez el mismo curso. Ha llegado a protagonizar agresiones a profesores porque le han enseñado a odiar a su propio padre y al resto de la humanidad. El padre, por su parte, con todo ese disgusto ha necesitado ser operado del corazón, quizás porque se le rompiera.
Con todo el sistema de Asuntos Sociales y Protección de Menores de Andalucía atrapado en el clientelismo de este “Negocio del Género”, de poco le sirvió a José Manuel demostrar la falsedad de las órdenes de alejamiento ante cualquier Institución Pública, empezando por los colegios de sus hijos y terminando por la Fiscalía de Menores de Huelva, que ni siquiera se molestó en verificar que aún no estaban divorciados cuando elaboró la ratificación del auto de protección falso en favor de su mujer, el que facilitó su internamiento en el Centro de la Mujer de Huelva. El caso ha sido denunciado en todas las instancias posibles, desde el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Huelva hasta la Fiscalía General del Estado (cuya titular era Fiscal de Menores del Estado cuando ocurrieron los hechos) pero la Justicia ha preferido tapar la maldad que hizo aquel desaprensivo desde dentro del Juzgado y favorecer a ese “negocio” que tiene atrapadas a las Instituciones del Estado, antes que hacer justicia. Él, junto con el resto de los afectados, siempre terminan señalando a la Fiscal Jefe de Sevilla, la Sra. Segarra, como a la persona que mantiene bloqueada la investigación sobre todo este tipo de asuntos en Andalucía, pues desoyó la orden de investigación que recibió en Noviembre de 2013 el Fiscal General del Estado y del Fiscal Superior de Andalucía . Así, la Justicia crea la imagen de estar “escondiendo las basuras” hasta que prescriban las responsabilidades penales que parecen rezumar de ellas, en vez de sanear la Institución depurando malas prácticas.
Después de aquel juicio, ella desapareció llevándose consigo a los 2 hijos comunes y fueron escondidos por las instituciones andaluzas inicialmente en un lugar indeterminado de Sevilla y posteriormente en la Casa de Acogida de Huelva, sin orden judicial alguna. Él denunció el secuestro, pero tan sólo consiguió que, al cabo de un tiempo, le asignaran un Punto de Encuentro Familiar al que ella no acudía. Más de una decena de condenas contra ella por incumplimiento del régimen de visitas, pero ninguna medida para sancionarla. Dos años después de su fuga, el padre consiguió localizarlos a través de unos detectives privados en el Centro de la mujer del Ayuntamiento de Huelva, donde había sido alojada por los Servicios Sociales a costa de engordar facturas con cargo al Erario Público. En cuanto él apareció la realojaron en otro lugar, desplazando otra vez a los chicos de colegio. Ahora, 5 años después de que empezase este calvario, los niños han pasado de ser alumnos ejemplares al más completo fracaso escolar, en especial en el caso del mayor que va a repetir por segunda vez el mismo curso. Ha llegado a protagonizar agresiones a profesores porque le han enseñado a odiar a su propio padre y al resto de la humanidad. El padre, por su parte, con todo ese disgusto ha necesitado ser operado del corazón, quizás porque se le rompiera.
Con todo el sistema de Asuntos Sociales y Protección de Menores de Andalucía atrapado en el clientelismo de este “Negocio del Género”, de poco le sirvió a José Manuel demostrar la falsedad de las órdenes de alejamiento ante cualquier Institución Pública, empezando por los colegios de sus hijos y terminando por la Fiscalía de Menores de Huelva, que ni siquiera se molestó en verificar que aún no estaban divorciados cuando elaboró la ratificación del auto de protección falso en favor de su mujer, el que facilitó su internamiento en el Centro de la Mujer de Huelva. El caso ha sido denunciado en todas las instancias posibles, desde el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Huelva hasta la Fiscalía General del Estado (cuya titular era Fiscal de Menores del Estado cuando ocurrieron los hechos) pero la Justicia ha preferido tapar la maldad que hizo aquel desaprensivo desde dentro del Juzgado y favorecer a ese “negocio” que tiene atrapadas a las Instituciones del Estado, antes que hacer justicia. Él, junto con el resto de los afectados, siempre terminan señalando a la Fiscal Jefe de Sevilla, la Sra. Segarra, como a la persona que mantiene bloqueada la investigación sobre todo este tipo de asuntos en Andalucía, pues desoyó la orden de investigación que recibió en Noviembre de 2013 el Fiscal General del Estado y del Fiscal Superior de Andalucía . Así, la Justicia crea la imagen de estar “escondiendo las basuras” hasta que prescriban las responsabilidades penales que parecen rezumar de ellas, en vez de sanear la Institución depurando malas prácticas.
Ahora, la honorabilidad de la Sra. Segarra ha sido puesta de nuevo en duda desde el Sindicato de Policía de Sevilla, pues desde la Junta de Personal se está tramitando una denuncia contra ella por el uso ilegal de un grupo de policías locales autodenominado GEPOL (Grupo Especial de Policía Local) que actuaba con funciones de “policía judicial” bajo sus órdenes directas. Estos hechos, que se han prolongado durante varios años, recuerdan el uso de “policía política” por los “caciques locales” en los regímenes totalitarios. Todo lo sucedido ya ha sido comunicado a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento de Sevilla para su investigación, pero este último, al parecer, ha expresado su intención de no abrir expediente alguno al respecto e incluso demorar la disolución de esa Unidad Policial hasta que termine la investigación que está llevando a cabo en la actualidad. Este tipo de asuntos producen un descrédito bochornoso de nuestras Instituciones Públicas y nuestro Estado de Derecho, alejándonos de la imagen de pulcritud que reviste a las democracias occidentales de nuestro entorno.
El colectivo de padres y madres que han agrupado sus denuncias a lo largo de todo el Territorio Nacional Español, esperan conseguir que en el Grupo de Apoyo de la Fiscalía General del Estado donde se han ido reuniendo sus denuncias, se pongan en marcha definitivamente las investigaciones pertinentes, para corregir las graves irregularidades que se vienen cometiendo en el arbitraje que ejerce el Estado en asuntos tan delicados como el de la conflictividad familiar.
El colectivo de padres y madres que han agrupado sus denuncias a lo largo de todo el Territorio Nacional Español, esperan conseguir que en el Grupo de Apoyo de la Fiscalía General del Estado donde se han ido reuniendo sus denuncias, se pongan en marcha definitivamente las investigaciones pertinentes, para corregir las graves irregularidades que se vienen cometiendo en el arbitraje que ejerce el Estado en asuntos tan delicados como el de la conflictividad familiar.
Otro caso más!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Otra ocasión en que sencillamente se pasa por alto que uno de los progenitores cuenta con un HISTORIAL PSIQUIÁTRICO frente a otro progenitor SANO!!!!!!!!!!!!
SIEEEEEEEEEEEMPRE en el caso de Madres.
Porque todavía estoy por ver el caso de un Padre con enfermedad mental acreditada y demostrada, incluso con intentos de suicidio de por medio, a quien se conceda una custodia única!!!!!
Pero la Consejería en lugar de investigar, en lugar de cerciorarse lo más mínimo sobre qué hay de cierto en lo que dicen (y decimos) ya bastantes afectados, opta por "denunciar" a quienes han decidido no callarse.
Probablemente pensando en aquello de que la mejor defensa es un buen ataque. Pero........mal vamos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y yo me pregunto:
Qué es lo que tienen que ocultar?????????????
Por qué no se investiga de una vez???
Qué temen que ya no se pueda oculatar más???
Otra ocasión en que sencillamente se pasa por alto que uno de los progenitores cuenta con un HISTORIAL PSIQUIÁTRICO frente a otro progenitor SANO!!!!!!!!!!!!
SIEEEEEEEEEEEMPRE en el caso de Madres.
Porque todavía estoy por ver el caso de un Padre con enfermedad mental acreditada y demostrada, incluso con intentos de suicidio de por medio, a quien se conceda una custodia única!!!!!
Pero la Consejería en lugar de investigar, en lugar de cerciorarse lo más mínimo sobre qué hay de cierto en lo que dicen (y decimos) ya bastantes afectados, opta por "denunciar" a quienes han decidido no callarse.
Probablemente pensando en aquello de que la mejor defensa es un buen ataque. Pero........mal vamos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y yo me pregunto:
Qué es lo que tienen que ocultar?????????????
Por qué no se investiga de una vez???
Qué temen que ya no se pueda oculatar más???
Hola buenas tardes , pues.la.verdas si que es increíble de saber q tenia razón después de haber pasado lo.mismo con un informe falseado y datos alterados y me gustaría saber donde unirme para denunciar ya q en el.imforme alteraron inclusive datos de otra persona q no correspondían al la ex pareja .
Un saludo
Un saludo
Hola buenas tardes , pues.la.verdas si que es increíble de saber q tenia razón después de haber pasado lo.mismo con un informe falseado y datos alterados y me gustaría saber donde unirme para denunciar ya q en el.imforme alteraron inclusive datos de otra persona q no correspondían al la ex pareja .
Un saludo
Un saludo
