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Falsificación de autorización
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Falsificación de autorización
Qué ocurre si el Ayuntamiento concede licencia para hacer un local comercial y viviendas y luego resulta que lo se construye es sólo una nave industrial. Todo esto dentro del casco urbano, cuando además hay señalado en el municipio un Poligono industrial. Qué responsabilidad tienen el arquitecto particular, el oficial, el asesor jurídico del municipio y todos los demás que pudieran resultar responsables. Hay aquí una infracción penal o administrativa?
En principio seria infracción administrativa, sólo imputable al particular que realiza la edificación. Una cosa es la licencia, en la que el ayuntamiento te autoriza a realizar una edificación y otra que el ciudadano realice por su cuenta y riesgo otra. Como indica el sentido común será responsabilidad de aquel que hace algo distinto a lo autorizado.
Otra cosa sería si la licencia la conceden una vez esté construida la edificación.
Medios para solucionar la obra ilegal: denunciar al ayuntamiento y que éste tome cartas en el asunto y le obligue o bien a que legalice (si fuese legalizable) la construcción existente, o que la acomode a la licencia dada.
Soy abogado urbanista, si necesitas asesoramiento no dudes en mandarme un mail a:
letradourbanista@gmail.com
Un saludo
Otra cosa sería si la licencia la conceden una vez esté construida la edificación.
Medios para solucionar la obra ilegal: denunciar al ayuntamiento y que éste tome cartas en el asunto y le obligue o bien a que legalice (si fuese legalizable) la construcción existente, o que la acomode a la licencia dada.
Soy abogado urbanista, si necesitas asesoramiento no dudes en mandarme un mail a:
letradourbanista@gmail.com
Un saludo
No entiendo de obras y edificaciones, pero si creo que el arquitecto que hizo el proyecto debe revisar de vez en cuando cómo se va desarrollando, lo mismo que el técnico del Ayuntamiento y los agentes encargados de revisar si se hace con las condiciones de seguridad. Al Ayuntamiento se le comunicó desde el primer día que no se ajustaba a lo que nos había dicho a los afectados; se le enviaron varios escritos, todos registrados, y no nos hicieron ni caso. El Tribunal Superior ordenó la demolición, sin más recursos y el ayuntamiento no cumple la sentencia.
