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¿en interés del menor?
Solidarios con "Piedad"
Unas mil personas, se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava en solidaridad con la niña "Piedad" para que continúe en el seno de la familia que la acogió en adopción desde hace dos años, después de haber permanecido en un centro de menores desde los ocho meses por situación de desamparo por parte de su madre biológica. Un clamor unánime del que participaron las autoridades locales y entidades presentes en el acto, entre los que se encontraban los tenientes de alcalde de CC, Francisco Linares García y Candelaria Delgado Taoro, y el concejal de IPO Agapito de Cruz, así como representaciones de Prodeni (Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña) y DAGA (Defensa, Amparo y Garantías en Adopción y Acogimiento). La finalidad: arropar a Soledad Pérez en su lucha en defensa de su hija adoptiva para que permanezca con ella y así librarla de nuevos episodios de sufrimiento.
En la convocatoria de ayer se difundieron sendos informes sobre la situación legal de la niña "Piedad".
Soledad Pérez indicó que "intentamos evitar un sufrimiento atroz causado por la sinrazón, un desengaño inmenso que no cabe y que no encontrará explicación jamás en su cabecita de ángel".
Expresó un ruego por "los buenos principios y valores, por la justicia y su justa aplicación y por caridad, que dejen vivir en paz a quien ya ha alcanzado con su esfuerzo la paz, el amparo y la protección en su vida".
Subrayó que la sentencia judicial que le obliga a reincorporar a la niña a la madre biológica "no es imparcial". A su juicio, desoye los informes técnicos y de instituciones y casas donde ha estado acogida la niña sobre las consecuencias negativas que tendrá devolverla al escenario que motivó su "desamparo".
Conviene recordar que la familia adoptante compareció el 23 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción para declarar por la supuesta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial por negarse a cumplir las resoluciones que determinan que la menor "Piedad" viva en el domicilio de la madre biológica, la abuela y otras personas.
La familia de "Piedad" y los ciudadanos que apoyan a la niña temen en las próximas horas "una actuación desmesurada del Juzgado para llevarse a Piedad a la fuerza y con todas las consecuencias". De producirse esa actuación, indica Prodeni, "estaríamos ante una acción impresentable y de escándalo que produciría la lógica alarma en la ciudadanía, que heriría nuestra sensibilidad y concepción sobre el Estado de Derecho, pues arrasaría la dignidad y derechos de la persona, dignidad y derechos que consagran nuestra Constitución y ordenamiento jurídico. Si el Juzgado se llevara a Piedad por la fuerza, quedaría en entredicho la credibilidad del sistema y la niña entraría en una fase deprivativa en su entorno y familia, cayendo en depresión y afectando a su sistema orgánico".
"Piedad" tiene cinco años de edad. Con siete meses (mayo de 2002) fue declarada en situación de desamparo y la Comunidad Autónoma de Canarias asumió su tutela. La niña se encontraba con su madre biológica acampada en la calle, en solicitud de un piso. Hasta febrero de 2005, más de tres años, estuvo en un centro de acogida de menores.
La madre biológica inició un procedimiento judicial contra el desamparo que fue archivado por no formalizar la demanda. Posteriormente, emprende un nuevo procedimiento judicial a comienzos de 2004, en el Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas, número 5, que tarda dos años en dictar sentencia. En febrero de 2005, fue constituido el acogimiento familiar preadoptivo de "Piedad". La familia acogedora tiene conocimiento del procedimiento judicial en marzo de 2006, cuando el Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria acuerda la realización de un informe pericial sobre la madre y sus consecuencias.
Por un error judicial, que el juez se niega a subsanar, la familia acogedora no es citada a la celebración del juicio oral, las partes piden la suspensión y el juez la deniega, estimando que no debían estar en el procedimiento.
En el proceso no se realiza ninguna evaluación de la situación personal de la menor, ni de las circunstancias en las que vive en la actualidad.
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Continuará.
Unas mil personas, se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava en solidaridad con la niña "Piedad" para que continúe en el seno de la familia que la acogió en adopción desde hace dos años, después de haber permanecido en un centro de menores desde los ocho meses por situación de desamparo por parte de su madre biológica. Un clamor unánime del que participaron las autoridades locales y entidades presentes en el acto, entre los que se encontraban los tenientes de alcalde de CC, Francisco Linares García y Candelaria Delgado Taoro, y el concejal de IPO Agapito de Cruz, así como representaciones de Prodeni (Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña) y DAGA (Defensa, Amparo y Garantías en Adopción y Acogimiento). La finalidad: arropar a Soledad Pérez en su lucha en defensa de su hija adoptiva para que permanezca con ella y así librarla de nuevos episodios de sufrimiento.
En la convocatoria de ayer se difundieron sendos informes sobre la situación legal de la niña "Piedad".
Soledad Pérez indicó que "intentamos evitar un sufrimiento atroz causado por la sinrazón, un desengaño inmenso que no cabe y que no encontrará explicación jamás en su cabecita de ángel".
Expresó un ruego por "los buenos principios y valores, por la justicia y su justa aplicación y por caridad, que dejen vivir en paz a quien ya ha alcanzado con su esfuerzo la paz, el amparo y la protección en su vida".
Subrayó que la sentencia judicial que le obliga a reincorporar a la niña a la madre biológica "no es imparcial". A su juicio, desoye los informes técnicos y de instituciones y casas donde ha estado acogida la niña sobre las consecuencias negativas que tendrá devolverla al escenario que motivó su "desamparo".
Conviene recordar que la familia adoptante compareció el 23 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción para declarar por la supuesta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial por negarse a cumplir las resoluciones que determinan que la menor "Piedad" viva en el domicilio de la madre biológica, la abuela y otras personas.
La familia de "Piedad" y los ciudadanos que apoyan a la niña temen en las próximas horas "una actuación desmesurada del Juzgado para llevarse a Piedad a la fuerza y con todas las consecuencias". De producirse esa actuación, indica Prodeni, "estaríamos ante una acción impresentable y de escándalo que produciría la lógica alarma en la ciudadanía, que heriría nuestra sensibilidad y concepción sobre el Estado de Derecho, pues arrasaría la dignidad y derechos de la persona, dignidad y derechos que consagran nuestra Constitución y ordenamiento jurídico. Si el Juzgado se llevara a Piedad por la fuerza, quedaría en entredicho la credibilidad del sistema y la niña entraría en una fase deprivativa en su entorno y familia, cayendo en depresión y afectando a su sistema orgánico".
"Piedad" tiene cinco años de edad. Con siete meses (mayo de 2002) fue declarada en situación de desamparo y la Comunidad Autónoma de Canarias asumió su tutela. La niña se encontraba con su madre biológica acampada en la calle, en solicitud de un piso. Hasta febrero de 2005, más de tres años, estuvo en un centro de acogida de menores.
La madre biológica inició un procedimiento judicial contra el desamparo que fue archivado por no formalizar la demanda. Posteriormente, emprende un nuevo procedimiento judicial a comienzos de 2004, en el Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas, número 5, que tarda dos años en dictar sentencia. En febrero de 2005, fue constituido el acogimiento familiar preadoptivo de "Piedad". La familia acogedora tiene conocimiento del procedimiento judicial en marzo de 2006, cuando el Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria acuerda la realización de un informe pericial sobre la madre y sus consecuencias.
Por un error judicial, que el juez se niega a subsanar, la familia acogedora no es citada a la celebración del juicio oral, las partes piden la suspensión y el juez la deniega, estimando que no debían estar en el procedimiento.
En el proceso no se realiza ninguna evaluación de la situación personal de la menor, ni de las circunstancias en las que vive en la actualidad.
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Continuará.
Y esta es la situación actual.
La consejera canaria de Asuntos Sociales, Marisa Zamora, consideró que los jueces deberían replantearse su decisión de devolver a la niña "Piedad", de cinco años, a un centro de acogida mientras deciden si debe vivir con su familia de acogida o con la biológica.
La niña de nombre supuesto "Piedad" ingresó en un centro de acogida con ocho meses y, tras dos años, se decidió entregarla a una familia de acogida dados los problemas que presentaba, pues padecía ataques epilépticos y no sabía tragar comida.
Zamora indicó que desde entonces vive con una familia que "le ha dado todo el cariño del mundo y con la que tiene un vínculo maravillo" y que, a su juicio, es el entorno ideal para su desarrollo normal.
Sin embargo, después de más de dos años con su nueva familia, que ha pasado a ser preadoptiva, un auto judicial ordenó que fuera entregada a su madre biológica, que reclamaba a la niña por considerar que reunía las condiciones necesarias para criarla.
Marisa Zamora aseguró que la madre biológica padece desequilibrios mentales y sus condiciones no garantizan el futuro de la menor.
La consejera considera "sorprendente" el auto de la Audiencia Provincial emitido esta semana, ya que nadie ha pedido que la menor regrese a un centro de acogida hasta que se resuelva el recurso de apelación presentado contra la sentencia del Juzgado número 5 de Las Palmas que requería que la menor fuera devuelta a su madre biológica.
En su opinión, el auto cae en una contradicción al ordenar que se adopte esta medida cautelar al tiempo que pide que sea con el menor efecto negativo posible para la niña.
Por ello, el departamento autonómico estudia cómo cumplir el auto, que de cualquier modo causará graves daños sicológicos a la menor, aseguró.
La consejera, quién reiteró que pedirán amparo al Tribunal Constitucional, pidió que se resuelva cuanto antes el recurso de apelación, que es la razón de fondo de este conflicto judicial.
"No se trata de darle la razón a unos u otros, sino a la niña", dijo Zamora, quien aseguró que medidas como esta tienen un efecto negativo sobre las familias que tienen prevista una adopción nacional.
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La niña, ya perfectamente integrada en su nueva familia, a un centro de nuevo...
Lo que hay que ver.
La consejera canaria de Asuntos Sociales, Marisa Zamora, consideró que los jueces deberían replantearse su decisión de devolver a la niña "Piedad", de cinco años, a un centro de acogida mientras deciden si debe vivir con su familia de acogida o con la biológica.
La niña de nombre supuesto "Piedad" ingresó en un centro de acogida con ocho meses y, tras dos años, se decidió entregarla a una familia de acogida dados los problemas que presentaba, pues padecía ataques epilépticos y no sabía tragar comida.
Zamora indicó que desde entonces vive con una familia que "le ha dado todo el cariño del mundo y con la que tiene un vínculo maravillo" y que, a su juicio, es el entorno ideal para su desarrollo normal.
Sin embargo, después de más de dos años con su nueva familia, que ha pasado a ser preadoptiva, un auto judicial ordenó que fuera entregada a su madre biológica, que reclamaba a la niña por considerar que reunía las condiciones necesarias para criarla.
Marisa Zamora aseguró que la madre biológica padece desequilibrios mentales y sus condiciones no garantizan el futuro de la menor.
La consejera considera "sorprendente" el auto de la Audiencia Provincial emitido esta semana, ya que nadie ha pedido que la menor regrese a un centro de acogida hasta que se resuelva el recurso de apelación presentado contra la sentencia del Juzgado número 5 de Las Palmas que requería que la menor fuera devuelta a su madre biológica.
En su opinión, el auto cae en una contradicción al ordenar que se adopte esta medida cautelar al tiempo que pide que sea con el menor efecto negativo posible para la niña.
Por ello, el departamento autonómico estudia cómo cumplir el auto, que de cualquier modo causará graves daños sicológicos a la menor, aseguró.
La consejera, quién reiteró que pedirán amparo al Tribunal Constitucional, pidió que se resuelva cuanto antes el recurso de apelación, que es la razón de fondo de este conflicto judicial.
"No se trata de darle la razón a unos u otros, sino a la niña", dijo Zamora, quien aseguró que medidas como esta tienen un efecto negativo sobre las familias que tienen prevista una adopción nacional.
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La niña, ya perfectamente integrada en su nueva familia, a un centro de nuevo...
Lo que hay que ver.
