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El mismo delito, distintas penas
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El mismo delito, distintas penas
LA VANGUARDIA - 28/08/2005
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de diciembre por unanimidad la Ley Integral contra la Violencia de Género, pionera en Europa. El punto más controvertido es la discriminación positiva en lo que respecta al agravamiento de penas para hombres. Este aspecto -en su momento criticado por el Consejo de Estado y que produjo división de opiniones entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial-implica condenas más altas para hombres que para mujeres por el mismo delito aunque en aras del consenso este endurecimiento se amplió a cualquier persona que maltrate a otra " especialmente vulnerable" que conviva con el autor, sea cual sea su sexo. " Cuando las desigualdades son de gran calado es preciso introducir acciones desiguales para realmente igualar" justificó Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su momento mientras que Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, defendió la discriminación positiva asegurando que no existe " una casuística de hombres que tengan miedo de volver a casa porque son golpeados".
Esta discriminación se observa en las penas. Por ejemplo, las lesiones que menoscaben la integridad de la mujer serán castigadas con una pena de dos a cinco años de prisión si el autor es el hombre con el que tiene o ha tenido una relación sentimental mientras que si la mujer es la agresora la pena es entre seis meses y tres años de prisión. Por otra parte, una lesión leve o un maltrato considerado como falta en el Código Penal y cometido por un hombre se convertirá en delito y será castigado con una pena que oscilará entre seis meses y un año de prisión o bien trabajos en beneficio de la comunidad. Además, puede verse inhabilitado de la patria potestad hasta cinco años. En cambio, cuando la agresión surge de una mujer y es la víctima un hombre no vulnerable, entonces la pena será de tres meses a un año de cárcel. En el caso de amenazas y coacciones leves la discriminación se mantiene. Según el psicólogo y sexólogo Eloy Rodríguez la ley es " aberrante, antidemocrática y anticonstitucional. Te cargas el estado de derecho pues la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley". En cambio, la magistrada Montserrat Comas asegura que " las leyes responden a cómo afrontar problemas sociales" y recuerda que ningún hombre maltratado que denuncie su caso dejará de recibir tutela efectiva.
LA VANGUARDIA - 28/08/2005
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de diciembre por unanimidad la Ley Integral contra la Violencia de Género, pionera en Europa. El punto más controvertido es la discriminación positiva en lo que respecta al agravamiento de penas para hombres. Este aspecto -en su momento criticado por el Consejo de Estado y que produjo división de opiniones entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial-implica condenas más altas para hombres que para mujeres por el mismo delito aunque en aras del consenso este endurecimiento se amplió a cualquier persona que maltrate a otra " especialmente vulnerable" que conviva con el autor, sea cual sea su sexo. " Cuando las desigualdades son de gran calado es preciso introducir acciones desiguales para realmente igualar" justificó Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su momento mientras que Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, defendió la discriminación positiva asegurando que no existe " una casuística de hombres que tengan miedo de volver a casa porque son golpeados".
Esta discriminación se observa en las penas. Por ejemplo, las lesiones que menoscaben la integridad de la mujer serán castigadas con una pena de dos a cinco años de prisión si el autor es el hombre con el que tiene o ha tenido una relación sentimental mientras que si la mujer es la agresora la pena es entre seis meses y tres años de prisión. Por otra parte, una lesión leve o un maltrato considerado como falta en el Código Penal y cometido por un hombre se convertirá en delito y será castigado con una pena que oscilará entre seis meses y un año de prisión o bien trabajos en beneficio de la comunidad. Además, puede verse inhabilitado de la patria potestad hasta cinco años. En cambio, cuando la agresión surge de una mujer y es la víctima un hombre no vulnerable, entonces la pena será de tres meses a un año de cárcel. En el caso de amenazas y coacciones leves la discriminación se mantiene. Según el psicólogo y sexólogo Eloy Rodríguez la ley es " aberrante, antidemocrática y anticonstitucional. Te cargas el estado de derecho pues la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley". En cambio, la magistrada Montserrat Comas asegura que " las leyes responden a cómo afrontar problemas sociales" y recuerda que ningún hombre maltratado que denuncie su caso dejará de recibir tutela efectiva.
