Expongo un supuesto con el fin de intentar determinar, cuándo una actuación de un funcionario ante una tramitación se puede considerar un simple mal comportamiento en el desempeño de su labor para pasar a ser una presunta prevaricación.
Hecho frecuente: al presentar una solicitud, para reclamar un derecho al cual se considera que se tiene acceso por cumplir las condiciones, (pongamos por caso una subvención o prestación), el proceso de concesión/denegación se alarga más allá de lo que podemos considerar normal. motivo por el cual "se reclama" la decisión. El funcionario, agotada las escusas convencionales, comienza a solicitar datos adicionales pero hasta el extremo que incluso solicita documentación que por su caracteristicas y cronologia son totalmente innecesarias al procedimiento y asegura ademas que las va a tener en cuenta para la resolución del expediente. ¿Esta actuación del funcionario como se cataloga Mala conducta o directamente prevaricación?. Y en consecuencia ¿Tendría algún valor probatorio la propia solicitud de dichas solicitudes documentales inapropiadas?