Expongo mi caso para ver si alguien puede orientarme.
Mi hermana recibió una oferta de alquiler de vivienda por parte de una empresa pública de un ayuntamiento. Cuando la llamaron por teléfono, le indicaron un precio, pero en la entrevista presencial le dijeron uno más alto. Yo también asistí a la entrevista y grabé la conversación en la que nos proporcionaron esta información de forma verbal.
Posteriormente, presentamos una reclamación y nos respondieron por teléfono, informándonos de que el precio de la vivienda era aún más alto de lo que nos habían dicho en la entrevista, diciendo que no cumplía los requisitos para acceder al alquiler.
Resumiendo para no extenderme demasiado, tengo la duda de si esta información errónea facilitada en varias ocasiones podría no ser un simple error, sino un posible delito de prevaricación por parte del funcionario que nos atendió. No sé si lo más adecuado sería presentar una denuncia en el Juzgado o acudir al Defensor del Pueblo de nuestra comunidad autónoma.
¿Qué vía sería la más apropiada?
¿La grabacion de la entrevista se le podría entregar al Defensor del Pueblo?