Hemos solicitado la descalificación de una vivienda de VPO sita en la Comunidad Valenciana ante el Instituto de la Vivienda.
La vivienda reune todos los requisitos exigidos legalemente para ser descalificada.
No obstante, el Instituto de la Vivienda ha decidido que, haciendo uso de la potestad discreccional que la da la Administración para denegar dichas solicitudes, desestimar nuestra solicitud con el único motivo de "prevenir el fraude de venta de viviendas que se está produciendo en la comunidad".
¿Se puede hacer algo contra esto?
¿Si la vivienda reune todos los requisitos legales, se pueden negar a descalificarla basándose en la discreccionalidad de la administración?
¿Donde está la seguridad jurídica?
Gracias por sus respuestas.