Hace muchos años, por lo menos desde que se aprobó la Constitución, que debería haberse regulado, y además en todo el ámbito estatal, la publicación en boletín oficial de absolutamente todos los actos de la Administración que fueran dirigidos o pudieran afectara a una pluralidad indeterminada de personas, ya sean normas, disposiciones, decretos, instrucciones, comunicaciones ¡o como diantres quieran llamarlos!
Ello aumentaría mucho la seguridad jurídica de los actos de las administraciones. Si estos son ilegales, es fácil pillarles y si no se publican, sencillamente no existen y no vinculan a nadie. Así, nos ahorraríamos los problemas ocasionados por vía de hecho en un buen número de casos.
Alguien dirá que sería una burrada de información pero para eso está la descentralización. Bastaría con modificar el art. 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo y obligar a disponer de boletín oficial a cualquier Administración que produjera más de un determinado volumen de publicaciones. Naturalmente, estas publicaciones podrían estar restringidas o reguladas específicamente en aquellos casos previstos en el art. 37 de la misma Ley para el acceso público a archivos y registros.
Es fácil, sencillo, y sobre todo barato en la era digital en que vivimos. Pero no se pondrá en práctica nunca porque es transparente, ¿verdad?
Loas ayuntamientos, en su afán de lucro, ahoro de costes, o conveniencias infringen la ley de forma sistemática. Lo que pasa es que resulta bastante complicado meterse con ellos. Y muchas veces tampoco infringen normas claras, sino simplemente se olvidan de que su misión no es recaudar a costa de los ciudadanos, sino trata de hacer cosas por ellos.
Ahi tenemos a Gallardón, que se gastó una fortuna en soterrar la M30, y adivinen ustedes cómo va a obtener dinero ahora.
No creo que pueda denunciar, como mucho pedir acalaraciones de dónde se puede consultar lo que ahora ya no le ofrece el ayuntamiento.
Hola, desde hace años he tenido acceso a través de Internet a los decretos del Ayuntamiento; ahora el acceso a estos documentos públicos han sido denegados y es imposible obtenerlos ya que el Consistorio deniega el acceso.
¿Es esto legal, donde y como se puede denunciar?
Gracias