Me han desestimado un recurso contencioso-administrativo contra el TEARIB en relación a la impugnación del valor catastral asignado a un inmueble del que soy titular. La sentencia se ampara en que las Ponencias de Valores no tienen el carácter de disposiciones generales, sino que gozan de naturaleza de actos administrativos y por ello no pueden ser impugnadas con posterioridad a la firmeza de la ponencia (acto consentido). Pero el problema ahora no es ese, sino el de las abusivas costas procesales con que me han condenado. La cuantía del recurso se señaló en indeterminada, pero el secretario del juzgado la fijo por error en 116.714,28 euros (valor catastral del inmueble) y mi abogado no efectuó recurso alguno, según dice porque no cabía. Por supuesto el Abogado del Estado (menudo elemento) procede a tasar las costas según el valor catastral del inmueble (de manera contraria a la consolidada jurisprudencia del TS) y minuta unas costas por importe aproximado de 6.000 euros (casi nada) por su mera contestación a la demanda (3 folios en interlineado doble, negando cualquier otro hecho que no resulte del expediente administrativo). Hay que tener en cuenta que la cuota del recibo del IBI era de tan sólo 738 euros y la legítima pretensión del recurrente de ahorrar unos pocos euros se ha convertido en un saqueo que supera los 11.000 (abogado, procurador, tasas, poder pleitos, informe pericial, etc.). Reconozco que mi abogado no estuvo a la altura, pero opino que se trata de un abuso de derecho y de autoridad. Por supuesto que se impugnó dicha tasación pero el Colegio de Abogados (otro que barre para su casa mediante un doble atraco, el inicial, cantidad a fondo perdido para la incorporación al colegio, y el continuo robo trimestral en forma de cuota colegial) rebaja la pretensión a 2.500 euros, aún así considero que se trata de un saqueo por tener la osadía de molestar a sus atareadas señorías que ni siquiera entraron a conocer el fondo del asunto. Estoy totalmente en desacuerdo con dichas costas pues son abusivas y desproporcionadas, ello sin contar que la ponencia de valores sobre la que se asienta el valor catastral cuestionado está plagada de quiebras e imperfecciones, y parece ser que tiene vocación de permanencia eterna. De esta forma se llega al absurdo de que para un pleito, cuya cuantía es de 738 euros, las costas ascienden a 6.000 euros, es decir, más de un 813 % de la cuantía del procedimiento aplicando la minuta presentada por el Abogado del Estado, y si se aplica la segunda, la rectificada por el Colegio de Abogados resulta que las costas importarán un 338 % de la cuantía del pleito, lo cual es totalmente abusivo y sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico, y que merece la más absoluta repulsa contra el sistema de costas.
Así, resulta que me es completamente imposible satisfacer tan desproporcionada cantidad, puesto que estoy arruinado, por lo que irremediablemente deberán proceder a su exacción coercitiva sobre el inmueble.
Mi consulta es relativa al modo en que se ejecutará dicha exacción, puesto que únicamente mis ingresos son los que percibo como empleado público (1.287 euros mensuales).