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Contratación de cuidadoras ilegales
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Contratación de cuidadoras ilegales
Buenas tardes.
Expongo un caso que ha sucedido recientemente.
Como consecuencia de un divorcio contencioso, con un origen en la enfermedad de alzhéimer de mi ex esposa, y aunque no reconocido por los tribunales divorcio instado y perpetrado por su familia, desde primeros de 2017 hasta Enero de 2020, estuve personado en el procedimiento de tutela de mi ex esposa, incapacitada judicialmente, e informado de todas las actuaciones de la tutora, una sobrina suya de profesión Policía Nacional, y de sus rendiciones de cuentas. Del estudio y análisis del contenido de las rendiciones de cuentas presentadas por la tutora se desprende que no se ha realizado ningún contrato con ninguna de las cuidadoras dado que no existen cargos de la Seguridad Social por ese concepto y tampoco se han presentado contratos ni siquiera justificante de los pagos realizados a las cuidadoras.
La tutora ha aportado en las rendiciones de cuentas los nombres y números de pasaportes y de DNI de las diferentes cuidadoras y los importes pagados a cada una de ellas en metálico, por los servicios que han prestado. De todas las personas declaradas como cuidadoras en los diferentes inventarios de bienes, al menos 5 de ellas constan con nº de pasaporte. Estamos hablando de unos importes pagados superiores a los 140.000€, durante al menos 5 años consecutivos.
Con los argumentos citados anteriormente, en Junio de 2020 presenté denuncia contra la tutora ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para posteriormente presentar escrito solicitando la personación como parte perjudicada en el expediente, sin que se haya aceptado dicha petición, por lo que no tengo ninguna noticia acerca del procedimiento ni de su resolución.
El gravísimo problema, a la par que la absoluta falta de rigor por ambas partes, es que tanto el Juez como el Fiscal del juzgado donde llevan el expediente de tutela, han consentido y aprobado estas irregulares actuaciones y son conscientes de ello pues yo les he advertido en diversos escritos enviados dentro del procedimiento de tutela.
Me parece un gravísimo agravio que se admita por parte del Juzgado estas irregularidades en la contratación y la no justificación de los gastos habidos cuando hay miles de tutores particulares en España a los que los Juzgados obligan a justificar los gastos pequeños y por supuesto, como no puede ser de otra forma, a la contratación de cuidadoras legales y su inscripción en la Seguridad Social.
He presentado recientemente denuncia penal contra la tutora por los posibles delitos de apropiacion indebida y administracion desleal de los bienes de la incapacitada, así como de apropiacion indebida de objetos de mi propiedad que quedaron en el domicilio conyugal así como un posible delito contra el dercho de los trabajadores segú, art 311 de Código Penal.
En el juzgado de Instrucion se ha fallado el sobreseimiento provisional de todas las actuaciones, sin siquiera mencionar el asunto de las trabajadores irregulares, como sino lo hubiera denunciado; de igual modo y con una rapidez inaudita, el recurso de apelación ante la Audiencia Provoncial ha sido desestimado en su totalidad, sin ni siquiera mencionar tampco el tema de las cuidadoras ilegales.
Mi petición hacia vosotros es si me podéis recomendar como actuar y si conocéis alguna organización, asociación, plataforma, fundación, partido político, etc, a la que pudiera interesar el asunto y se presentara como acusación popular, o también de qué forma y a través de qué medios de comunicación se podría divulgar este asunto que aunque es particular, afecta a instituciones y órganos del propio estado.
Gracias a todos por vuestro interés.
Expongo un caso que ha sucedido recientemente.
Como consecuencia de un divorcio contencioso, con un origen en la enfermedad de alzhéimer de mi ex esposa, y aunque no reconocido por los tribunales divorcio instado y perpetrado por su familia, desde primeros de 2017 hasta Enero de 2020, estuve personado en el procedimiento de tutela de mi ex esposa, incapacitada judicialmente, e informado de todas las actuaciones de la tutora, una sobrina suya de profesión Policía Nacional, y de sus rendiciones de cuentas. Del estudio y análisis del contenido de las rendiciones de cuentas presentadas por la tutora se desprende que no se ha realizado ningún contrato con ninguna de las cuidadoras dado que no existen cargos de la Seguridad Social por ese concepto y tampoco se han presentado contratos ni siquiera justificante de los pagos realizados a las cuidadoras.
La tutora ha aportado en las rendiciones de cuentas los nombres y números de pasaportes y de DNI de las diferentes cuidadoras y los importes pagados a cada una de ellas en metálico, por los servicios que han prestado. De todas las personas declaradas como cuidadoras en los diferentes inventarios de bienes, al menos 5 de ellas constan con nº de pasaporte. Estamos hablando de unos importes pagados superiores a los 140.000€, durante al menos 5 años consecutivos.
Con los argumentos citados anteriormente, en Junio de 2020 presenté denuncia contra la tutora ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para posteriormente presentar escrito solicitando la personación como parte perjudicada en el expediente, sin que se haya aceptado dicha petición, por lo que no tengo ninguna noticia acerca del procedimiento ni de su resolución.
El gravísimo problema, a la par que la absoluta falta de rigor por ambas partes, es que tanto el Juez como el Fiscal del juzgado donde llevan el expediente de tutela, han consentido y aprobado estas irregulares actuaciones y son conscientes de ello pues yo les he advertido en diversos escritos enviados dentro del procedimiento de tutela.
Me parece un gravísimo agravio que se admita por parte del Juzgado estas irregularidades en la contratación y la no justificación de los gastos habidos cuando hay miles de tutores particulares en España a los que los Juzgados obligan a justificar los gastos pequeños y por supuesto, como no puede ser de otra forma, a la contratación de cuidadoras legales y su inscripción en la Seguridad Social.
He presentado recientemente denuncia penal contra la tutora por los posibles delitos de apropiacion indebida y administracion desleal de los bienes de la incapacitada, así como de apropiacion indebida de objetos de mi propiedad que quedaron en el domicilio conyugal así como un posible delito contra el dercho de los trabajadores segú, art 311 de Código Penal.
En el juzgado de Instrucion se ha fallado el sobreseimiento provisional de todas las actuaciones, sin siquiera mencionar el asunto de las trabajadores irregulares, como sino lo hubiera denunciado; de igual modo y con una rapidez inaudita, el recurso de apelación ante la Audiencia Provoncial ha sido desestimado en su totalidad, sin ni siquiera mencionar tampco el tema de las cuidadoras ilegales.
Mi petición hacia vosotros es si me podéis recomendar como actuar y si conocéis alguna organización, asociación, plataforma, fundación, partido político, etc, a la que pudiera interesar el asunto y se presentara como acusación popular, o también de qué forma y a través de qué medios de comunicación se podría divulgar este asunto que aunque es particular, afecta a instituciones y órganos del propio estado.
Gracias a todos por vuestro interés.
