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¿Código deontológico?
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¿código deontológico?
¿Qué os parece el "vuelco" de la Abogacía en los últimos años? ¿Dónde queda el tan cacareado "código deontológico" de esa profesión?s
Bufetes madrileños tienen como clientes a grandes narcos gallegosEl bufete de un ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se encarga actualmente de la defensa del capo gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. En esta compleja tarea, el prestigioso jurista Federico Carlos Sáinz de Robles estará auxiliado por distintos abogados colaboradores, entre ellos Rafael de Mendinazábal y Allende, ex magistrado del Tribunal Constitucional y ex presidente de la Audiencia Nacional, quien se ocupa de la defensa de los intereses de las sociedades mercantiles relacionadas con este proceso. También representa los intereses de la República de Togo, país de bandera de uno de los barcos apresados en la operación Grumete.
La labor de ambos se ve complementada por el trabajo del letrado cordobés José María Barrena.
Javier Gómez de Liaño y Botella, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, se ha hecho cargo de la defensa de Antonio Núñez Saavedra, un funcionario del Departamento de Aduanas que ocupó puestos de la máxima responsabilidad en Vigilancia Aduanera y que está imputado por tráfico de drogas en la Audiencia Nacional.
La situación actual contrasta con la que se registraba en la década de los noventa, cuando sólo unos pocos bufetes aceptaban este tipo de clientes y no estaban demasiado bien vistos por sus compañeros.
El primero en abrir sus puertas a los capos gallegos fue el catedrático Manuel Cobo del Rosal. Su estreno en la defensa de acusados por delitos contra la salud pública tuvo lugar hace más de diez años, en el macroproceso de la operación Nécora.
En la casa de campo madrileña compartió cartel con el también catedrático de Derecho Penal Gonzalo Rodríguez Mourullo. El capo gallego que más bufetes madrileños ha recorrido en la última década es Laureano Oubiña. Tras soltar amarras con Vioque, cayó en el bufete del asturiano Manuel Tuero , que lo defendió en el caso Nécora. Logró que de los 31 años que pedía para él el fiscal sólo le cayesen 12 en primera instancia y más tarde quedaron reducidos a la mitad por el Tribunal Supremo.
Estos resultados -más bien la minuta resultante, según algunas fuentes- no convencieron al capo gallego, que se buscó otro abogado para que defendiese en el Supremo el recurso elaborado por Tuero.
Como sus problemas con la Justicia no habían hecho más que empezar, Oubiña siguió fichando abogados, unos de renombre y otros de perfil bajo, pero no por ello menos útiles.
En el primer grupo destacan los nombres de Manuel Murillo Carrasco, ex-presidente del PSOE histórico, sustituido a los pocos meses por Joaquín Ruiz Jiménez Aguilar, hijo y compañero de despacho del histórico dirigente demócrata cristiano del mismo nombre y presidente durante algunos años de Unicef España. Otros han recibido ofrecimientos pero ni siquiera los han tomado en consideración. Tal es el caso de Ventura Pérez Mariño y Carlos Bueren Roncero.
En el segundo cabe citar a José Luis Piñeiro Vidal, Máximo Blázquez Aldana, funcionario del Ministerio del Interior, Gerardo Gayoso Martínez, Ana Solera Soriano, y el ex-policía Manuel Jesús Pérez Lorenzo.
Publicado en “La Voz de Galicia” el 22 de junio de 2003
La irrupción mas sorprendente en el negocio jurídico relacionado con el narcotráfico gallego fue la del bufete de jorge Trías Sagnier, al que se ha incorporado recientemente el magistrado en excedencia Javier Gómez de Liaño y Botella.
Jorge Trías, que fue diputado del Partido Popular por Barcelona desde 1996 hasta el 2000, se encargó de la defensa de Gómez de Liaño en el caso Sogecable y más tarde asumió la defensa del nacoabogado Pablo Vioque Izquierdo, tanto en el proceso del Dobell, como en el derivado de la operación Más Madera, cuyo juicio está pendiente de señalamiento.
Cuando saltó la noticia de la nueva detencion de Vioque como presunto instigador de una trama criminal para matar al teniente fiscal antidroga y a otras personas, Trías renunció a la defensa en ambos procesos.
En medios jurídicos se comentó en su momento que Gómez de Liaño también trabajó en la defensa de Vioque, quien lo llegó a proponer como testigo, pero en ningún momento se ha personado formalmente.
Si existe constancia de la personación del magistrado ourensano en la defensa del aduanero coruñés Antonio Núñez Saavedra, que fue detenido hace año y medio, junto a otros funcionarios públicos por su presunta implicación en actividades de narcotráfico –hachís- después de haber ocupado puestos de la máxima responsabilidad en Vigilancia Aduanera como director de operaciones aeronavales y jefe de base en A Coruña.
Esta causa, iniciada en el Juzgado de Instrucción número uno de Vilagarcía, se encuentra actualmente en el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional pendiente de procesamiento.
Bufetes madrileños tienen como clientes a grandes narcos gallegosEl bufete de un ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se encarga actualmente de la defensa del capo gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. En esta compleja tarea, el prestigioso jurista Federico Carlos Sáinz de Robles estará auxiliado por distintos abogados colaboradores, entre ellos Rafael de Mendinazábal y Allende, ex magistrado del Tribunal Constitucional y ex presidente de la Audiencia Nacional, quien se ocupa de la defensa de los intereses de las sociedades mercantiles relacionadas con este proceso. También representa los intereses de la República de Togo, país de bandera de uno de los barcos apresados en la operación Grumete.
La labor de ambos se ve complementada por el trabajo del letrado cordobés José María Barrena.
Javier Gómez de Liaño y Botella, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, se ha hecho cargo de la defensa de Antonio Núñez Saavedra, un funcionario del Departamento de Aduanas que ocupó puestos de la máxima responsabilidad en Vigilancia Aduanera y que está imputado por tráfico de drogas en la Audiencia Nacional.
La situación actual contrasta con la que se registraba en la década de los noventa, cuando sólo unos pocos bufetes aceptaban este tipo de clientes y no estaban demasiado bien vistos por sus compañeros.
El primero en abrir sus puertas a los capos gallegos fue el catedrático Manuel Cobo del Rosal. Su estreno en la defensa de acusados por delitos contra la salud pública tuvo lugar hace más de diez años, en el macroproceso de la operación Nécora.
En la casa de campo madrileña compartió cartel con el también catedrático de Derecho Penal Gonzalo Rodríguez Mourullo. El capo gallego que más bufetes madrileños ha recorrido en la última década es Laureano Oubiña. Tras soltar amarras con Vioque, cayó en el bufete del asturiano Manuel Tuero , que lo defendió en el caso Nécora. Logró que de los 31 años que pedía para él el fiscal sólo le cayesen 12 en primera instancia y más tarde quedaron reducidos a la mitad por el Tribunal Supremo.
Estos resultados -más bien la minuta resultante, según algunas fuentes- no convencieron al capo gallego, que se buscó otro abogado para que defendiese en el Supremo el recurso elaborado por Tuero.
Como sus problemas con la Justicia no habían hecho más que empezar, Oubiña siguió fichando abogados, unos de renombre y otros de perfil bajo, pero no por ello menos útiles.
En el primer grupo destacan los nombres de Manuel Murillo Carrasco, ex-presidente del PSOE histórico, sustituido a los pocos meses por Joaquín Ruiz Jiménez Aguilar, hijo y compañero de despacho del histórico dirigente demócrata cristiano del mismo nombre y presidente durante algunos años de Unicef España. Otros han recibido ofrecimientos pero ni siquiera los han tomado en consideración. Tal es el caso de Ventura Pérez Mariño y Carlos Bueren Roncero.
En el segundo cabe citar a José Luis Piñeiro Vidal, Máximo Blázquez Aldana, funcionario del Ministerio del Interior, Gerardo Gayoso Martínez, Ana Solera Soriano, y el ex-policía Manuel Jesús Pérez Lorenzo.
Publicado en “La Voz de Galicia” el 22 de junio de 2003
La irrupción mas sorprendente en el negocio jurídico relacionado con el narcotráfico gallego fue la del bufete de jorge Trías Sagnier, al que se ha incorporado recientemente el magistrado en excedencia Javier Gómez de Liaño y Botella.
Jorge Trías, que fue diputado del Partido Popular por Barcelona desde 1996 hasta el 2000, se encargó de la defensa de Gómez de Liaño en el caso Sogecable y más tarde asumió la defensa del nacoabogado Pablo Vioque Izquierdo, tanto en el proceso del Dobell, como en el derivado de la operación Más Madera, cuyo juicio está pendiente de señalamiento.
Cuando saltó la noticia de la nueva detencion de Vioque como presunto instigador de una trama criminal para matar al teniente fiscal antidroga y a otras personas, Trías renunció a la defensa en ambos procesos.
En medios jurídicos se comentó en su momento que Gómez de Liaño también trabajó en la defensa de Vioque, quien lo llegó a proponer como testigo, pero en ningún momento se ha personado formalmente.
Si existe constancia de la personación del magistrado ourensano en la defensa del aduanero coruñés Antonio Núñez Saavedra, que fue detenido hace año y medio, junto a otros funcionarios públicos por su presunta implicación en actividades de narcotráfico –hachís- después de haber ocupado puestos de la máxima responsabilidad en Vigilancia Aduanera como director de operaciones aeronavales y jefe de base en A Coruña.
Esta causa, iniciada en el Juzgado de Instrucción número uno de Vilagarcía, se encuentra actualmente en el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional pendiente de procesamiento.
Tienen derecho a defensa Isd2, pero la cuestión, a mi ver impresentable es que los defienden (por dinero conseguido criminalmente y mucho) gente que posiblemente en su día les condenaron y ahora cambian la tortilla.
En este foro se habla mucho por parte de determinados miembros de código deontológico o moral pero a la vista de esas actuaciones me parece que el dinero lo justifica todo y en jusiticia más.
Salu2
En este foro se habla mucho por parte de determinados miembros de código deontológico o moral pero a la vista de esas actuaciones me parece que el dinero lo justifica todo y en jusiticia más.
Salu2
