Imáginemos que hay un aumento de la cuantía mínima para constatar la existencia de un delito fiscal, de 120.000 € a 200.000 € a causa de los efectos de la inflación. Una persona condenada por ese mismo delito por haber defraudado, antes del cambio legislativo, 125.000 €, ¿se vería afectada en virtud del principio de retroactividad de las disposiciones favorables (art. 2.2 CP)?