El Ayuntamiento en el que soy funcionario alega ilegalidad en pactar un acuerdo con sus funcionarios que establezca la mejora social de una "Ayuda al estudio", ya que no lo prevé el Estatuto Básico del Empleado Público, cuando en años anteriores sí nos las estaba haciendo efectivas, por acuerdo del Pleno y en equiparación con lo previsto a tal efecto en el correspondiente Convenio Colectivo del Personal Laboral.