EL hecho de que un Alcalde construya en una finca de su propiedad contraviniendo las normas urbanísticas se puede considerar delito contra la ordenación del territorio y aplicarle las penas de prevaricación. Hay que tener en cuenta que cuando concedió el permiso, él no era propietario de la finca, pero en este momento si lo es. Por otro lado los vecinos ya han denunciado la obra al Ayuntamiento.