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El caso es que por una iniciativa por mi parte de disolucion de empresa, y puestos a revisar todos los documentos de la misma, ha aparecido una deuda que la junta de andalucia nos va a exigir en breve (calculo que antes del verano). Resulta que durante el año 2006 se realizaron 2 acciones formativas de formacion profesional ocupacional(FPO) con un compromiso de contratacion del 60%. Estas acciones se realizaron y se presentaron las justificaciones economicas al respecto, pero no se pudo relizar el compromiso de contratación. El caso es que ahora nos reclaman la devolución del importe integro de estas acciones formativas (mas de 100 mil euros), sin tener en cuenta los gastos incurridos y justificados. Por una negligencia (o mas bien dejadez o desconocimiento) del jefe de administración, no se han reclamado los expedientes. Con esto va a ocurrir que la empresa no va a ser capaz de devolver el importe integro que le reclaman. Pues bien, hasta finales del año pasado, yo era el administrador de la sociedad (de cuatro socios, al 25% cada uno) y quisiera saber a que me enfrento sabiendo que la empresa no va a poder realizar esa devolucion (es una empresa pequeñita). ¿sería factible intentar negociar con la administración pública? ¿podrían embargarme a mi los pocos bienes de que dispongo? ¿podría proteger del embargo a mi familia?
Muchas gracias.
Nota: mis unicas propiedades son un coche y la vivienda habitual (la cual estoy pagando hipoteca), y que tengo en bienes gananciales con mi mujer.
Administracion publica
El caso es que por una iniciativa por mi parte de disolucion de empresa, y puestos a revisar todos los documentos de la misma, ha aparecido una deuda que la junta de andalucia nos va a exigir en breve (calculo que antes del verano). Resulta que durante el año 2006 se realizaron 2 acciones formativas de formacion profesional ocupacional(FPO) con un compromiso de contratacion del 60%. Estas acciones se realizaron y se presentaron las justificaciones economicas al respecto, pero no se pudo relizar el compromiso de contratación. El caso es que ahora nos reclaman la devolución del importe integro de estas acciones formativas (mas de 100 mil euros), sin tener en cuenta los gastos incurridos y justificados. Por una negligencia (o mas bien dejadez o desconocimiento) del jefe de administración, no se han reclamado los expedientes. Con esto va a ocurrir que la empresa no va a ser capaz de devolver el importe integro que le reclaman. Pues bien, hasta finales del año pasado, yo era el administrador de la sociedad (de cuatro socios, al 25% cada uno) y quisiera saber a que me enfrento sabiendo que la empresa no va a poder realizar esa devolucion (es una empresa pequeñita). ¿sería factible intentar negociar con la administración pública? ¿podrían embargarme a mi los pocos bienes de que dispongo? ¿podría proteger del embargo a mi familia?
Muchas gracias.
Nota: mis unicas propiedades son un coche y la vivienda habitual (la cual estoy pagando hipoteca), y que tengo en bienes gananciales con mi mujer.
