Tras una denuncia a un secretario por retardo malicioso, éste obtuvo la absolución libre y no se recurrió. Alegó el juez perseguir testimonio por falsa denuncia sin apenas leer los hechos y los documentos aportados, y mofándose de que no podrían haber sucedido tales hechos, que eran muy farragosos de esclarecer e incluso insinuó alusiones a cierto tipo de enfermedades mentales. Alegó falta de pruebas objetivas a pesar de que se le indicó que pidiera lo que necesitara. Se jactaba de que sólo bastaba una lectura por encima para
saber que eran todos los hechos falsos.
Tras el testimonio liberado, se incrementaron dos cargos al ya denunciado a pesar de que no se denunció más que lo indicado anteriormente. Los sacaron de las referencias de la descripción de los hechos cronológicos. Además la defensa del secretario pidió injurias y calumnias de ese mismo escrito de denuncia. Pues bien, le concedieron las injurias. No aporta ninguna prueba esclarecedora. Se limita a negar todos los hechos, pedir un interrogatorio y presentar un testigo que poco participó en los hechos y además ya no trabaja en
ese juzgado.
Lo peor de todo son las cantidades pedidas, que las hicieron con un baremo de 16 diarios sin justificarlo, pidieron casi los 2 años completos de la falsa denuncia y los 7 meses tope de las injurias a funcionario público. Además eran 2 firmantes con lo que el total se aproxima a los 45000 euros y 2 años de prisión. Algo que me parece exagerado para unas personas que solo han relatado las negligencias administrativas que les han ido sucediendo a lo largo de varios procesos con mejor o peor fortuna en el tono expresado, pero tono
más o menos lógico después del calvario sufrido.
La mediación de la fiscalía que en un principio pedía lo mismo, concurre en bajar a 9 por día debido a insolvencia y a eliminar la pena de cárcel, pero mantienen los meses de multa.
Para más información cabe decir que las personas acusadas, no tenían antecedentes penales ni se habían visto con la justicia en toda su vida hasta ahora. Los procesos se deben a que habían sido denunciados en falso en procesos de faltas de los cuales resultaron absueltos, pero intermediaron nuevas denuncias debido a la cantidad de injurias y calumnias vertidas en las alegaciones de la parte contraria (Aprox. 2000 hojas), y que fueron retrasadas y entorpecidas con negligencias por la administración para que no pudieran ser demostradas por los ahora acusados de denuncia falsa para su peor colmo.
Mis dudas son las siguientes:
¿Merece la pena acordar ese trato con la Fiscalía?
¿Es correcto que metieran esos nuevos cargos de falsa denuncia, cuando no se denunciaron explícitamente, ni se investigaron, ni tiene su absolución concreta?
¿Es correcto que creen el nuevo cargo de injurias a funcionario público sacadas del mismo escrito de la denuncia?
¿Es normal que se pongan esas cifras de multa? (Sólo de responsabilidad civil el secretario pide 15000 euros)
Insistieron en si se buscó información jurídica para realizar la denuncia o si se tenían conocimientos judiciales. Se optó por decir que no, pero claro esto implica temeridad. Si se dice que sí implica alevosía. Y si no se dice nada, lo que quieran ellos. ¿No es esto una encerrona inquisitorial? ¿Cómo se debe de proceder en esta situación?
No conozco un caso parecido en la jurisprudencia española y la verdad que ya no sé dónde obtener amparo. El Poder Judicial en su día se lavó las manos diciendo que no podía mediar en procesos iniciados y lo mismo el decanato aludiendo a que no podía mediar en las decisiones judiciales. El caso es que nunca dieron explicación objetiva a los retrasos ni a las negligencias administrativas.
Bueno, los funcionarios públicos también tienen derecho al honor, a que se les proteja y reintegre en el mismo cuando se les imputan determinados hechos constitutivos de delito, infraccion disciplinaria, etc....a no tener que soportar vejaciones, injurias, etc., en el ejercicio de su cargo, y a ejercer las acciones civiles y penales que procedan.
Unas afirmaciones admitirían prueba en contra, otras no.
Podrá ejercer su defensa libremente, y seguro que el honor de un Secretario judicial no vale 15.000 euros, no se preocupe por eso, por muy mamonazo que se sea.
Casos parecidos, los hay y no pocos.