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Unos 150 profesionales se incorporan a la Administración Penitenciaria para combatir la violencia de género
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias continúa avanzando en la prevención y el tratamiento de la violencia de género desarrollando nuevos programas de intervención con personas condenadas por estos delitos.
Alrededor de 150 profesionales se incorporaron a la Administración Penitenciaria, 50 psicólogos y 95 trabajadores sociales, como consecuencia del conjunto de Medidas Urgentes aprobadas por el Gobierno de España para la aplicación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Según declaraciones del Ministerio del Interior, la finalidad de estos programas es modificar las conductas de los agresores para disminuir la reincidencia y evitar así que haya nuevas víctimas de maltrato.
Con carácter previo, los nuevos psicólogos y trabajadores sociales han recibido un curso de formación específico sobre el Programa de tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar -promovido por la Dirección General y elaborado por profesionales del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias- que se está desarrollando desde hace tres años en el interior de los centros penitenciarios.
Gracias a la incorporación de estos profesionales, además de los programas que ya se están desarrollando en 40 centros penitenciarios para que los agresores modifiquen sus conductas violentas, la Administración Penitenciarias ofrece al sistema penal alternativo un programa reeducador homogéneo en todos los Servicios Sociales Penitenciarios que será la referencia de todas las intervenciones tratamentales que se hagan en este ámbito en cada provincia.
Además, de los técnicos con los que cuenta la Administración Penitenciaria, más de 40 entidades y Organismos públicos y privados colaboran en el desarrollo de Programas de Tratamiento para maltratadores condenados a penas y medidas alternativas.
Con esta medida adoptada por el Gobierno, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias pasa a liderar y canalizar con sus propios efectivos todas las actuaciones tratamentales llevadas a cabo como consecuencia de la aplicación del Sistema Penal Alternativo, de manera que todas ellas se lleven a cabo con unidad de criterios de intervención.
Alrededor de 150 profesionales se incorporaron a la Administración Penitenciaria, 50 psicólogos y 95 trabajadores sociales, como consecuencia del conjunto de Medidas Urgentes aprobadas por el Gobierno de España para la aplicación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Según declaraciones del Ministerio del Interior, la finalidad de estos programas es modificar las conductas de los agresores para disminuir la reincidencia y evitar así que haya nuevas víctimas de maltrato.
Con carácter previo, los nuevos psicólogos y trabajadores sociales han recibido un curso de formación específico sobre el Programa de tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar -promovido por la Dirección General y elaborado por profesionales del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias- que se está desarrollando desde hace tres años en el interior de los centros penitenciarios.
Gracias a la incorporación de estos profesionales, además de los programas que ya se están desarrollando en 40 centros penitenciarios para que los agresores modifiquen sus conductas violentas, la Administración Penitenciarias ofrece al sistema penal alternativo un programa reeducador homogéneo en todos los Servicios Sociales Penitenciarios que será la referencia de todas las intervenciones tratamentales que se hagan en este ámbito en cada provincia.
Además, de los técnicos con los que cuenta la Administración Penitenciaria, más de 40 entidades y Organismos públicos y privados colaboran en el desarrollo de Programas de Tratamiento para maltratadores condenados a penas y medidas alternativas.
Con esta medida adoptada por el Gobierno, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias pasa a liderar y canalizar con sus propios efectivos todas las actuaciones tratamentales llevadas a cabo como consecuencia de la aplicación del Sistema Penal Alternativo, de manera que todas ellas se lleven a cabo con unidad de criterios de intervención.
