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Una sentencia ordena a un Ayuntamiento restablecer la legalidad urbanística
El Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante) ha recibido orden de «poner fin al expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística» del hotel Atrium Beach, cuyas obras llevan un año y medio paralizadas por exceso de edificabilidad, esto es, después de que la empresa promotora construyera por encima de la altura fijada en el proyecto inicial.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante falla así el recurso interpuesto por el portavoz de Iniciativa Independiente de Villajoyosa, estimándolo parcialmente.
En el recurso se solicitaba al Juzgado que ordenara al pleno adoptar, en el plazo de un mes, un acuerdo ordenando la demolición de las obras, así como la incoación de expediente sancionador contra la promotora.
La resolución ordena al Ayuntamiento que convoque sesión plenaria en el plazo de un mes a partir de la notificación de la sentencia, y acuerde «lo que proceda en el marco del artículo 184.3 de la Ley del Suelo, así como las condiciones en que, en su caso, haya de efectuarse la demolición». Este artículo dispone que, transcurrido el plazo legal «sin haberse instado la expresada licencia, o sin haberse ajustado las obras a las condiciones señaladas, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del interesado»; no obstante, la sentencia matiza que no puede ordenar el derribo porque sería «una clara extralimitación de las funciones jurisdiccionales», pero "sí que puede ordenar a la administración demandada que, en el plazo de un mes, se proceda por el Pleno a poner fin al expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística".
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante falla así el recurso interpuesto por el portavoz de Iniciativa Independiente de Villajoyosa, estimándolo parcialmente.
En el recurso se solicitaba al Juzgado que ordenara al pleno adoptar, en el plazo de un mes, un acuerdo ordenando la demolición de las obras, así como la incoación de expediente sancionador contra la promotora.
La resolución ordena al Ayuntamiento que convoque sesión plenaria en el plazo de un mes a partir de la notificación de la sentencia, y acuerde «lo que proceda en el marco del artículo 184.3 de la Ley del Suelo, así como las condiciones en que, en su caso, haya de efectuarse la demolición». Este artículo dispone que, transcurrido el plazo legal «sin haberse instado la expresada licencia, o sin haberse ajustado las obras a las condiciones señaladas, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del interesado»; no obstante, la sentencia matiza que no puede ordenar el derribo porque sería «una clara extralimitación de las funciones jurisdiccionales», pero "sí que puede ordenar a la administración demandada que, en el plazo de un mes, se proceda por el Pleno a poner fin al expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística".
