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Recientemente aprobada la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El Congreso de los Diputados ha aprobado, por fin, la controvertida Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, una ley que según Rodríguez Zapatero y su equipo, pretende "hacer justicia a las mujeres".
La nueva normativa, ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, menos los del PP -que se ha abstenido- y según afirmaciones del presidente del Gobierno se le dedica a todas las mujeres asegurando que transformará "para bien, radicalmente y para siempre" la sociedad española.
La Ley obliga a las empresas de más de 250 empleados a negociar con los agentes sociales planes de igualdad y prevé que, en un plazo de ocho años, los consejos de administración de las grandes compañías tengan al menos un 40% de mujeres
La Ley traspone varias directivas europeas sobre igualdad en el ámbito laboral y la lucha contra la discriminación y el acoso sexual y reforma más de 19 normas en el ámbito del acceso al empleo público o las prestaciones de la Seguridad Social.
Además, Ley de Igualdad, cuenta con otras novedades, como la ampliación del permiso de maternidad para los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el recién nacido deba permanecer hospitalizado a continuación del parto. Esta medida tiene un coste estimado en 15 millones de euros anuales y elevará la memoria económica de la ley a los 490 millones.
Además, se reconoce un permiso de paternidad de 13 días, que se ampliará de manera progresiva, hasta los 4 meses hasta 2013; bonificaciones a trabajadoras autónomas; exenciones a la Seguridad Social y el subsidio de maternidad para las menores de 21 años, aunque nunca hayan cotizado. Asimismo, se incluyen medidas para promover la paridad en la dirección de las empresas y evitar la discriminación de la mujer en los distintos ámbitos de le sociedad.
A partir de ahora, en caso de despido por discriminación, habrá multas de la Inspección de Trabajo de hasta 180.000 euros y, además, los jueces no sólo no tendrán ningún tope para fijar indemnizaciones por daños morales, sino que 'sus sanciones deberán ser disuasorias para la empresa, ya que la ley indica las conductas discriminatorias estarán penadas, entre otros, por 'un sistema disuasorio de sanciones que prevengan la realización de conductas discriminatorias'.
Esto significa que las indemnizaciones que fijen los jueces tendrán que ser ejemplarizantes para las empresas, con lo que su cuantía deberá ser lo suficientemente alta como para que al empresario no le compense incurrir en la discriminación y pagar la multa.
Las empresas habrán de tener cuidado a la hora de contratar a los trabajadores ya que, según la nueva norma, no bastará con que las no discriminen sino que tendrán que probar que, además, están realizando acciones positivas para la no discriminación, de lo contrario, se expondrán a la sanción correspondiente.
Asimismo, será 'la persona demandada', generalmente la empresa, la que deba probar ante los tribunales que no está discriminando al trabajador que le denuncie.
Otra de las novedades previstas por la Ley, es que los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento.
La paridad en las listas electorales, una de las principales causas de la abstención del Partido Popular, será una de las primeras consecuencias que se harán notar tras la entrada en vigor de la ley, dado que los partidos políticos deberán confeccionar candidaturas para las próximas elecciones autonómicas y municipales en las que las mujeres, al menos, deberán estar representadas en un 40% de las listas, en tramos de cinco puestos, salvo en las localidades de menos de 5.000 habitantes.
Según el PP esta obligación vulnera los preceptos constitucionales sobre la libertad de los partidos políticos a confeccionar sus listas electorales. Según el
La nueva normativa, ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, menos los del PP -que se ha abstenido- y según afirmaciones del presidente del Gobierno se le dedica a todas las mujeres asegurando que transformará "para bien, radicalmente y para siempre" la sociedad española.
La Ley obliga a las empresas de más de 250 empleados a negociar con los agentes sociales planes de igualdad y prevé que, en un plazo de ocho años, los consejos de administración de las grandes compañías tengan al menos un 40% de mujeres
La Ley traspone varias directivas europeas sobre igualdad en el ámbito laboral y la lucha contra la discriminación y el acoso sexual y reforma más de 19 normas en el ámbito del acceso al empleo público o las prestaciones de la Seguridad Social.
Además, Ley de Igualdad, cuenta con otras novedades, como la ampliación del permiso de maternidad para los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el recién nacido deba permanecer hospitalizado a continuación del parto. Esta medida tiene un coste estimado en 15 millones de euros anuales y elevará la memoria económica de la ley a los 490 millones.
Además, se reconoce un permiso de paternidad de 13 días, que se ampliará de manera progresiva, hasta los 4 meses hasta 2013; bonificaciones a trabajadoras autónomas; exenciones a la Seguridad Social y el subsidio de maternidad para las menores de 21 años, aunque nunca hayan cotizado. Asimismo, se incluyen medidas para promover la paridad en la dirección de las empresas y evitar la discriminación de la mujer en los distintos ámbitos de le sociedad.
A partir de ahora, en caso de despido por discriminación, habrá multas de la Inspección de Trabajo de hasta 180.000 euros y, además, los jueces no sólo no tendrán ningún tope para fijar indemnizaciones por daños morales, sino que 'sus sanciones deberán ser disuasorias para la empresa, ya que la ley indica las conductas discriminatorias estarán penadas, entre otros, por 'un sistema disuasorio de sanciones que prevengan la realización de conductas discriminatorias'.
Esto significa que las indemnizaciones que fijen los jueces tendrán que ser ejemplarizantes para las empresas, con lo que su cuantía deberá ser lo suficientemente alta como para que al empresario no le compense incurrir en la discriminación y pagar la multa.
Las empresas habrán de tener cuidado a la hora de contratar a los trabajadores ya que, según la nueva norma, no bastará con que las no discriminen sino que tendrán que probar que, además, están realizando acciones positivas para la no discriminación, de lo contrario, se expondrán a la sanción correspondiente.
Asimismo, será 'la persona demandada', generalmente la empresa, la que deba probar ante los tribunales que no está discriminando al trabajador que le denuncie.
Otra de las novedades previstas por la Ley, es que los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento.
La paridad en las listas electorales, una de las principales causas de la abstención del Partido Popular, será una de las primeras consecuencias que se harán notar tras la entrada en vigor de la ley, dado que los partidos políticos deberán confeccionar candidaturas para las próximas elecciones autonómicas y municipales en las que las mujeres, al menos, deberán estar representadas en un 40% de las listas, en tramos de cinco puestos, salvo en las localidades de menos de 5.000 habitantes.
Según el PP esta obligación vulnera los preceptos constitucionales sobre la libertad de los partidos políticos a confeccionar sus listas electorales. Según el
