El portal de Derecho Español más completo y útil para juristas, empresas y particulares
Pospuesta la ejecución de un reo en EE.UU. por la negativa del personal médico
Michael Angelo Morales, un reo que aguardaba su ejecución en la prisión de San Quintin (California), por violación y asesinato, --y a quien el gobernador de Californa, Arnold Schwarzenegger, denegó por segunda vez una petición de clemencia--, vio pospuesta su sentencia de muerte 19 horas debido a la negativa de los anestesistas encargados de su ejecución a colaborar en la misma. Intervenir no sería ético, así que nos hemos negado a participar en este proceso, afirmaron los anestesistas.
Los abogados de Morales consiguieron este pronunciamiento del equipo médico al involucrarlo en su argumentación para evitar el cumplimiento de la condena. La tesis de los abogados sostenía que las drogas de la inyección letal causarían dolor al reo si no estaba bien sedado, y este dolor, aun siendo breve, constituiría el castigo cruel e inhumano que prohíbe la Constitución americana. Sorprendentemente, este razonamiento fue acogido por el juez federal, Jeremy Fogel.
El juez federal, en consecuencia con su apreciación, ordenó que, en lugar suministrarse la inyección letal mediante un dispositivo sin intervención directa de ninguna persona, como viene siendo habitual, ofreció dos distintas opciones a la prisión: o bien debía contar con un anestesista y un suplente para certificar que el reo estaba bien sedado y no sufría con su ejecución, o bien debían cambiar la inyección letal por una sobredosis de barbitúricos; finalmente, y ante la negativa de los anestesistas, esta última fue la opción para la ejecución.
Las campañas de los activistas contra la pena de muerte son habituales en este tipo de ejecuciones, pero en esta ocasión el matiz diferenciador ha sido el debate abierto del colectivo médico. Debe recordarse que el sistema de la inyección letal es utilizado en otros 35 estados de EEUU, por lo que la postura de los anestesistas en este caso podría tener repercusiones en todo el territorio nacional.
Los abogados de Morales consiguieron este pronunciamiento del equipo médico al involucrarlo en su argumentación para evitar el cumplimiento de la condena. La tesis de los abogados sostenía que las drogas de la inyección letal causarían dolor al reo si no estaba bien sedado, y este dolor, aun siendo breve, constituiría el castigo cruel e inhumano que prohíbe la Constitución americana. Sorprendentemente, este razonamiento fue acogido por el juez federal, Jeremy Fogel.
El juez federal, en consecuencia con su apreciación, ordenó que, en lugar suministrarse la inyección letal mediante un dispositivo sin intervención directa de ninguna persona, como viene siendo habitual, ofreció dos distintas opciones a la prisión: o bien debía contar con un anestesista y un suplente para certificar que el reo estaba bien sedado y no sufría con su ejecución, o bien debían cambiar la inyección letal por una sobredosis de barbitúricos; finalmente, y ante la negativa de los anestesistas, esta última fue la opción para la ejecución.
Las campañas de los activistas contra la pena de muerte son habituales en este tipo de ejecuciones, pero en esta ocasión el matiz diferenciador ha sido el debate abierto del colectivo médico. Debe recordarse que el sistema de la inyección letal es utilizado en otros 35 estados de EEUU, por lo que la postura de los anestesistas en este caso podría tener repercusiones en todo el territorio nacional.
