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Los juristas apuntan las deficiencias en la Ley contra la Violencia de Género
Durante la mesa redonda sobre 'Reformas procesales en Derecho de Familia', celebrada el día 10 de agosto en Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), los juristas pusieron de relevancia las inseguridades procesales que se desprenden de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Así, para el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Almagro, la reforma deja mucho que desear, creando una gran inseguridad. Además, Almagro, director del seminario 'Administración de justicia. Nuevas tecnologías y reformas procesales', pronosticó que habrá fraudes a porrillo en la aplicación de la normativa.
Por su parte, José Ignacio Teixido, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), llamó la atención sobre el hecho de que los juzgados de violencia de género atenderán en procesos penales aquellos actos violentos cometidos por un varón sobre una mujer, con lo que no son aplicables, por ejemplo, en caso de relaciones entre personas del mismo sexo. Además, Teixido indicó que la normativa adolece también de lagunas en las normas de competencia, civil y penal.
Por su parte, la abogada Carmen López-Rendo hizo referencia a las reformas realizadas en Derecho de Familia, como en el marco de la custodia compartida de los hijos, donde detectó muchas dudas y problemas como el requerimiento de un informe del Ministerio Público, aunque la petición sea de mutuo acuerdo por ambos cónyuges.
A este respecto, la directora general de la Mujer, Ana Isabel Méndez, indicó que existen argumentos válidos tanto a favor como en contra de la custodia compartida, si bien precisó que muchas veces puede suponer un mecanismo de control del varón hacia la mujer a través de los hijos. Además, Méndez alertó que el 70 por ciento de los casos de violencia de género se realizan durante la tramitación del divorcio en una pareja. Para Méndez, esta Ley de Protección Integral, junto con la reforma del divorcio y del matrimonio entre homosexuales ponen a España en la vanguardia europea y consolidan una sociedad más igualitaria.
Así, para el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Almagro, la reforma deja mucho que desear, creando una gran inseguridad. Además, Almagro, director del seminario 'Administración de justicia. Nuevas tecnologías y reformas procesales', pronosticó que habrá fraudes a porrillo en la aplicación de la normativa.
Por su parte, José Ignacio Teixido, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), llamó la atención sobre el hecho de que los juzgados de violencia de género atenderán en procesos penales aquellos actos violentos cometidos por un varón sobre una mujer, con lo que no son aplicables, por ejemplo, en caso de relaciones entre personas del mismo sexo. Además, Teixido indicó que la normativa adolece también de lagunas en las normas de competencia, civil y penal.
Por su parte, la abogada Carmen López-Rendo hizo referencia a las reformas realizadas en Derecho de Familia, como en el marco de la custodia compartida de los hijos, donde detectó muchas dudas y problemas como el requerimiento de un informe del Ministerio Público, aunque la petición sea de mutuo acuerdo por ambos cónyuges.
A este respecto, la directora general de la Mujer, Ana Isabel Méndez, indicó que existen argumentos válidos tanto a favor como en contra de la custodia compartida, si bien precisó que muchas veces puede suponer un mecanismo de control del varón hacia la mujer a través de los hijos. Además, Méndez alertó que el 70 por ciento de los casos de violencia de género se realizan durante la tramitación del divorcio en una pareja. Para Méndez, esta Ley de Protección Integral, junto con la reforma del divorcio y del matrimonio entre homosexuales ponen a España en la vanguardia europea y consolidan una sociedad más igualitaria.
