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Los inmigrantes regularizados en el proceso extraordinario aportarán 1.500 millones a la Seguridad Social en el año 2006
El proceso para la regularización de inmigrantes finalizó el sábado día 7 de mayo con aproximadamente 700.000 solicitudes presentadas. Del total de solicitudes de regularización presentadas, el 88% han sido admitidas a trámite, el 3%, inadmitidas, y el 9% están pendiente de certificado.
Actualmente hay unos 200.000 expedientes resueltos, de los cuales 60.000 están dados de alta en la Seguridad Social. De acuerdo con el dato de afiliaciones de abril, de los 194.000 afiliados nuevos, 120.000 son españoles y 70.000 extranjeros (15.000 comunitarios).
Los inmigrantes que obtengan la regularización aportarán el próximo año 2.006 entre 1.000 y 1.500 millones de euros a la Seguridad Social, según el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Si se logran 500.000 o 600.000 altas, es decir, que del total de peticiones se consoliden al menos un 90%, habrá "un aumento de ingresos de 1.000 a 1.500 millones de euros, un cálculo moderado que no puedo ajustar más porque depende de cada grupo de tarifa donde se cotice", afirmó el Ministro, añadiendo que las inspecciones de trabajo para detectar empleo ilegal se centrarán en las provincias con menos peticiones respecto a su cifra de inmigrantes empadronados.
El servicio de comunicación de Trabajo reconoce que otros tantos 700.000 sin papeles se han quedado al margen del proceso extraordinario. Sin embargo, algo más de 500.000 de ellos son menores de edad, cónyuges o mayores de 65 años y, por tanto, obtendrán la regularización por sus vínculos familiares.
Los cerca de 200.000 restantes podrán acogerse, según el ministro, a las diversas fórmulas que prevé el nuevo reglamento de extranjería: por un lado, si siguen trabajando de modo irregular y denuncian a su empresario podrían beneficiarse del permiso por colaboración con las autoridades, y , por otro lado, a partir del 7 de agosto entrará en vigor el arraigo laboral, que beneficiará a quien demuestre, con una sentencia o un acta firmada de la inspección, que ha trabajado de modo irregular durante un año. El Ministro también contempló la posibilidad de regularización por razón del arraigo social.
Algunos de los sin papeles que se han quedado fuera de la regularización deberán ser repatriados si no regresan voluntariamente a su país. El Ministerio de Trabajo ha anunciado el inicio inmediato de una campaña de 500.000 actuaciones de la inspección, que "castigará con severidad a los empresarios que empleen irregulares". Para ello contará con el sindicato CCOO, que anunció que perseguirá la contratación irregular.
Respecto a los empresarios, el Ministro les garantizó en sus declaraciones que la contratación en origen funcionará de modo inmediato con eficacia y rapidez. Y ello, debido a que la lentitud del actual procedimiento ha sido el argumento esgrimido por la mayoría de empleadores para justificar que recurrirían a sin papeles.
La inspección de trabajo abarcará todo el territorio, pero especialmente afectará a las "provincias donde ha habido un menor número de peticiones sobre empadronados y ésas, increíblemente, no están en la España mediterránea sino en el interior. Allí habrá una acción especial". Sin embargo, Trabajo anuncia asimismo el máximo rigor de la inspección en las grandes capitales y en la zona mediterránea, porque los empresarios que han demostrado su voluntad de ser legales merecen que quienes no lo hacen en esas provincias sean sancionados, porque hacen competencia desleal. Las actividades que merecerán mayor atención por parte de la Inspección, por concentrar mayor volumen de trabajadores sin papeles, serán la construcción, hostelería, agricultura, comercio y servicio doméstico.
Actualmente hay unos 200.000 expedientes resueltos, de los cuales 60.000 están dados de alta en la Seguridad Social. De acuerdo con el dato de afiliaciones de abril, de los 194.000 afiliados nuevos, 120.000 son españoles y 70.000 extranjeros (15.000 comunitarios).
Los inmigrantes que obtengan la regularización aportarán el próximo año 2.006 entre 1.000 y 1.500 millones de euros a la Seguridad Social, según el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Si se logran 500.000 o 600.000 altas, es decir, que del total de peticiones se consoliden al menos un 90%, habrá "un aumento de ingresos de 1.000 a 1.500 millones de euros, un cálculo moderado que no puedo ajustar más porque depende de cada grupo de tarifa donde se cotice", afirmó el Ministro, añadiendo que las inspecciones de trabajo para detectar empleo ilegal se centrarán en las provincias con menos peticiones respecto a su cifra de inmigrantes empadronados.
El servicio de comunicación de Trabajo reconoce que otros tantos 700.000 sin papeles se han quedado al margen del proceso extraordinario. Sin embargo, algo más de 500.000 de ellos son menores de edad, cónyuges o mayores de 65 años y, por tanto, obtendrán la regularización por sus vínculos familiares.
Los cerca de 200.000 restantes podrán acogerse, según el ministro, a las diversas fórmulas que prevé el nuevo reglamento de extranjería: por un lado, si siguen trabajando de modo irregular y denuncian a su empresario podrían beneficiarse del permiso por colaboración con las autoridades, y , por otro lado, a partir del 7 de agosto entrará en vigor el arraigo laboral, que beneficiará a quien demuestre, con una sentencia o un acta firmada de la inspección, que ha trabajado de modo irregular durante un año. El Ministro también contempló la posibilidad de regularización por razón del arraigo social.
Algunos de los sin papeles que se han quedado fuera de la regularización deberán ser repatriados si no regresan voluntariamente a su país. El Ministerio de Trabajo ha anunciado el inicio inmediato de una campaña de 500.000 actuaciones de la inspección, que "castigará con severidad a los empresarios que empleen irregulares". Para ello contará con el sindicato CCOO, que anunció que perseguirá la contratación irregular.
Respecto a los empresarios, el Ministro les garantizó en sus declaraciones que la contratación en origen funcionará de modo inmediato con eficacia y rapidez. Y ello, debido a que la lentitud del actual procedimiento ha sido el argumento esgrimido por la mayoría de empleadores para justificar que recurrirían a sin papeles.
La inspección de trabajo abarcará todo el territorio, pero especialmente afectará a las "provincias donde ha habido un menor número de peticiones sobre empadronados y ésas, increíblemente, no están en la España mediterránea sino en el interior. Allí habrá una acción especial". Sin embargo, Trabajo anuncia asimismo el máximo rigor de la inspección en las grandes capitales y en la zona mediterránea, porque los empresarios que han demostrado su voluntad de ser legales merecen que quienes no lo hacen en esas provincias sean sancionados, porque hacen competencia desleal. Las actividades que merecerán mayor atención por parte de la Inspección, por concentrar mayor volumen de trabajadores sin papeles, serán la construcción, hostelería, agricultura, comercio y servicio doméstico.
