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Los abogados podrán acceder a los atestados en los juicios rápidos
A finales del pasado mes de diciembre, la Fiscalía General del Estado ha emitido la Instrucción 8/2004, para promover el acceso de los abogados defensores a las copias de los atestados en las actuaciones ante los juzgados de Guardia en los procedimientos para juicios rápidos de delitos.
La Instrucción, de 6 folios, se dirige a todas las Fiscalías para que, además de velar por el respeto de las garantías procesales del imputado, se incida en la función de impulsar y simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter contradictorio del mismo, tal y como establece el art. 773 de la LECrim.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha mostrado su satisfacción al respecto, declarando que la decisión de la Fiscalía General es "una de las más atinadas interpretaciones doctrinales del fundamental derecho a la defensa de los ciudadanos y del interés general al que sirve la actuación del abogado defensor en el proceso penal".
Desde la implantación de los juicios penales rápidos, la CGAE ha denunciado en numerosas ocasiones la merma de garantías constitucionales que venía produciendo la negativa de algunos juzgados de poner a disposición del letrado defensor el contenido íntegro de las actuaciones.
Según Carnicer, "no existe igualdad de armas procesales si los acusadores y los defensores no disponen de igual documentación y medios probatorios, lo que, en definitiva, venía traduciéndose en indefensiones".
La Instrucción, de 6 folios, se dirige a todas las Fiscalías para que, además de velar por el respeto de las garantías procesales del imputado, se incida en la función de impulsar y simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter contradictorio del mismo, tal y como establece el art. 773 de la LECrim.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha mostrado su satisfacción al respecto, declarando que la decisión de la Fiscalía General es "una de las más atinadas interpretaciones doctrinales del fundamental derecho a la defensa de los ciudadanos y del interés general al que sirve la actuación del abogado defensor en el proceso penal".
Desde la implantación de los juicios penales rápidos, la CGAE ha denunciado en numerosas ocasiones la merma de garantías constitucionales que venía produciendo la negativa de algunos juzgados de poner a disposición del letrado defensor el contenido íntegro de las actuaciones.
Según Carnicer, "no existe igualdad de armas procesales si los acusadores y los defensores no disponen de igual documentación y medios probatorios, lo que, en definitiva, venía traduciéndose en indefensiones".
