La nueva lista de enfermedades profesionales y el nuevo sistema de notificación y registro será aprobado este mes de febrero
El Gobierno y los agentes sociales han acordado la nueva lista de enfermedades profesionales, un catálogo que sustituirá al actual (vigente desde 1978) y que se firmará a finales de este mes de febrero. Dicha lista, aun siendo considerada insuficiente por los sindicatos (por ejemplo, sigue sin incluir enfermedades psicosociales reconocidas por la OMS como el estrés, la depresión o la ansiedad), tendrá carácter abierto y podrá ser actualizada anualmente a propuesta del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, el listado incorporará anualmente las enfermedades profesionales que reconozca la normativa de la UE.
Junto al nuevo listado, Gobierno, sindicatos y empresarios han renovado el sistema de notificación y registro de las enfermedades profesionales. El nuevo procedimiento facultará a los médicos del sistema nacional de salud para diagnosticar y notificar enfermedades profesionales, una competencia que hasta ahora correspondía exclusivamente al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y a las entidades gestoras o mutuas de trabajo.
El trabajo causa cada año en España 900.000 accidentes, 1.000 muertos, 25.000 enfermedades y 7.000 bajas por incapacidad permanente. Los accidentes y enfermedades profesionales suponen un coste de alrededor de 12.000.000.000 anuales. En números absolutos, el 16% de las enfermedades tratadas en el sistema público de salud son dolencias provocadas por el trabajo. Por ello, la intervención de los médicos de la sanidad pública en el proceso puede incrementar la notificación y declaración de enfermedades profesionales entre siete y diez veces más que en la actualidad.
El texto cuya aprobación se producirá a finales de este mes prevé un sistema de arbitraje que se articulará en el supuesto de que la sanidad pública y las mutuas discrepen sobre un diagnóstico, siendo el INSS el encargado de resolver, por ser la entidad que asuma los costes de las bajas provocadas por enfermedades profesionales. A estos efectos, la norma incluye la publicación de una guía técnica que fije unos criterios mínimos para el diagnóstico.