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La Memoria de la Fiscalía General del Estado denuncia la impunidad de los empresarios ante la siniestralidad laboral
En la Memoria del año 2004, la Fiscalía General del Estado estima que, en lo referente a las responsabilidades provenientes de la siniestralidad laboral, la limitación de la responsabilidad de los empresarios al ámbito económico hace que sea perfectamente posible para el empresario rentabilizar en su cuenta de resultados la vulneración de las normas más elementales de seguridad, asumiendo el riesgo de accidentes como un coste más de la producción.
España es el país de la Unión Europea con mayor siniestralidad laboral, duplicando la media comunitaria; en consecuencia, la FGE considera preciso terminar de consolidar una verdadera respuesta penal eficaz frente a los accidentes laborales. Sin embargo, la imposibilidad para conocer con claridad los procesos judiciales encuadrables este ámbito redunda en que la Fiscalía no puede ofrecer estadísticas fiables. De hecho, las cifras de siniestralidad que manejan la Administración o los sindicatos y el número de procedimientos relacionados con la seguridad en el trabajo están claramente descompensados: mientras el Ministerio de Trabajo estima que en el 2004 se produjeron 955 accidentes mortales en el ámbito laboral, el número de procedimientos por homicidio en accidente laboral sólo fue de 143.
Por otra parte, la FGE advierte de nuevos focos de preocupación que se corresponden a realidades sociales y económicas en auge: la precariedad en el empleo --sobre todo en los jóvenes--, el fenómeno de la subcontratación, la proliferación de empresas de trabajo temporal y, la especial vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes. Todos estos factores condicionan la conducta procesal de las partes, debido a la especial posición de vulnerabilidad del trabajador respecto al empresario.
Según la Memoria, el tratamiento judicial de este tipo de delitos no sólo no es unánime, sino que, en algunos casos, es dudosamente ajustado a derecho, entre otros factores por la habitualidad con que se juzga estas conductas delictivas como juicios de faltas.
España es el país de la Unión Europea con mayor siniestralidad laboral, duplicando la media comunitaria; en consecuencia, la FGE considera preciso terminar de consolidar una verdadera respuesta penal eficaz frente a los accidentes laborales. Sin embargo, la imposibilidad para conocer con claridad los procesos judiciales encuadrables este ámbito redunda en que la Fiscalía no puede ofrecer estadísticas fiables. De hecho, las cifras de siniestralidad que manejan la Administración o los sindicatos y el número de procedimientos relacionados con la seguridad en el trabajo están claramente descompensados: mientras el Ministerio de Trabajo estima que en el 2004 se produjeron 955 accidentes mortales en el ámbito laboral, el número de procedimientos por homicidio en accidente laboral sólo fue de 143.
Por otra parte, la FGE advierte de nuevos focos de preocupación que se corresponden a realidades sociales y económicas en auge: la precariedad en el empleo --sobre todo en los jóvenes--, el fenómeno de la subcontratación, la proliferación de empresas de trabajo temporal y, la especial vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes. Todos estos factores condicionan la conducta procesal de las partes, debido a la especial posición de vulnerabilidad del trabajador respecto al empresario.
Según la Memoria, el tratamiento judicial de este tipo de delitos no sólo no es unánime, sino que, en algunos casos, es dudosamente ajustado a derecho, entre otros factores por la habitualidad con que se juzga estas conductas delictivas como juicios de faltas.
