El portal de Derecho Español más completo y útil para juristas, empresas y particulares
La Ley de Suelo entra en vigor con el objetivo de impulsar la VPO y acabar con la especulación
La Ley de Suelo ha entrado en vigor con el objetivo de impulsar la construcción de viviendas de protección oficial y luchar contra la especulación y la corrupción, además de generar una gestión del suelo más transparente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
La hasta hace unos días ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, firmó sendos acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias y los técnicos urbanísticos para llevar a cabo acciones conjuntas para la difusión de los contenidos de la nueva normativa en el ámbito de las corporaciones locales.
Uno de los ejes de la nueva ley será el fomento de la vivienda protegida, para lo que se contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de este tipo de viviendas. Además, se establece un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5 y el 15%.
El texto también está llamado a ser un arma efectiva contra el urbanismo descontrolado y con este fin y vía enmienda, el PSOE ha introducido una de las principales novedades en esta materia, estableciendo la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.
La nueva norma se aplicará, por fin, después de más de un año y medio de tramitación en la que la oposición de CIU, que criticó la norma por interferir en competencias autonómicas, fue solventada con el reconocimiento de la gestión autonómica de los patrimonios públicos de suelo, mientras que la oposición mostrada por el PP sólo fue superada mediante el apoyo del resto de los grupos.
El discurso que el Gobierno trasladó a las Cortes al respecto fue claro: la Ley de Suelo vendría a corregir el principio del "todo urbanizable" que planteaba la ley de 1998, que ha supuesto un "efecto llamada" a la especulación y ha dado lugar, contra pronóstico popular, a un encarecimiento del 150% del precio de la vivienda, y del 500% en el caso del precio del suelo.
Esta Ley se aplicará a pesar de las reiteradas críticas de los promotores que la consideran una norma recaudatoria dirigida a abaratar las expropiaciones.
La patronal de los promotores, muestra su oposición radical a la nueva Ley señalando que sólo servirá para abaratar las expropiaciones de suelo, al aplicar un valor exento de perspectivas a los terrenos rústicos. Además, los promotores, han querido dejar claro en todo momento que las obligaciones de cesión de suelo para VPO sólo servirán para encarecer el precio de la vivienda libre.
La hasta hace unos días ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, firmó sendos acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias y los técnicos urbanísticos para llevar a cabo acciones conjuntas para la difusión de los contenidos de la nueva normativa en el ámbito de las corporaciones locales.
Uno de los ejes de la nueva ley será el fomento de la vivienda protegida, para lo que se contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de este tipo de viviendas. Además, se establece un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5 y el 15%.
El texto también está llamado a ser un arma efectiva contra el urbanismo descontrolado y con este fin y vía enmienda, el PSOE ha introducido una de las principales novedades en esta materia, estableciendo la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.
La nueva norma se aplicará, por fin, después de más de un año y medio de tramitación en la que la oposición de CIU, que criticó la norma por interferir en competencias autonómicas, fue solventada con el reconocimiento de la gestión autonómica de los patrimonios públicos de suelo, mientras que la oposición mostrada por el PP sólo fue superada mediante el apoyo del resto de los grupos.
El discurso que el Gobierno trasladó a las Cortes al respecto fue claro: la Ley de Suelo vendría a corregir el principio del "todo urbanizable" que planteaba la ley de 1998, que ha supuesto un "efecto llamada" a la especulación y ha dado lugar, contra pronóstico popular, a un encarecimiento del 150% del precio de la vivienda, y del 500% en el caso del precio del suelo.
Esta Ley se aplicará a pesar de las reiteradas críticas de los promotores que la consideran una norma recaudatoria dirigida a abaratar las expropiaciones.
La patronal de los promotores, muestra su oposición radical a la nueva Ley señalando que sólo servirá para abaratar las expropiaciones de suelo, al aplicar un valor exento de perspectivas a los terrenos rústicos. Además, los promotores, han querido dejar claro en todo momento que las obligaciones de cesión de suelo para VPO sólo servirán para encarecer el precio de la vivienda libre.
