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La juez estima la insolvencia inminente de Delphi
Tras el anunció de cierre de la factoría estadounidense de componentes de automóvil, Delphi, anunciado por la multinacional el 22 de febrero, los trabajadores de la fábrica de Delphi en Puerto Real y municipios vecinos, en la provincia de Cádiz , se mostraron en contra por medio de numerosas y muy duras movilizaciones el pasado 18 de abril, a raíz de una huelga general convocada por los sindicatos que informan que el cierre de dicha planta afectará a 1.600 puestos de trabajo directos y a otros 4.000 trabajadores indirectos.
Los trabajadores también solicitaron, al Gobierno español retirar las subvenciones asignadas a los dueños estadounidenses para compensar pérdidas que todo el mundo pone en dudas, y rechazar la declaración de insolvencia hecha por la fábrica.
En respuesta a lo anterior, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que había ordenado a la Abogacía del Estado que se personase en el proceso judicial abierto en el Juzgado de lo mercantil de Cádiz sobre el caso Delphi para que analicara "con lupa" la legalidad de la "posible situación de quiebra" que había anunciado la empresa.
Rodríguez Zapatero explicó que la prioridad y el compromiso del Gobierno y de la Junta de Andalucía, con la que el Ejecutivo afirmó trabajar "codo con codo" a través de un grupo de trabajo "coordinado por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno", es exigir a Delphi que mantenga la actividad productiva en Puerto Real y que cumpla el Plan Industrial que firmó con los sindicatos en el año 2005.
El Gobierno , según palabras de Rodríguez Zapatero, "no va a escatimar los recursos y los esfuerzos necesarios que permitan las exigencias legales" para asegurar el mantenimiento y mejorar el nivel de empleo y la industrialización de la Bahía de Cádiz. "El Gobierno no va a fallar a los trabajadores de Delphi ni a la Bahía de Cádiz", subrayó, al tiempo que insistió en la "voluntad decidida de dar respuesta y trabajar en todos los frentes".
A pesar de las múltiples protestas y de las palabras del Ejecutivo, el Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz ha considerado que Delphi se encuentra en Puerto Real en situación de 'insolvencia inminente' y ve procedente la declaración de concurso voluntario.
Según la Ley Concursal, los acreedores tienen un plazo de un mes para comunicar a la administración judicial la existencia de sus créditos. El Juzgado indica que Delphi alega que se encuentra en estado de insolvencia inminente, aduciendo que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. Según el auto, en la solicitud se hace constar la previsible incapacidad para atender regular y puntualmente las obligaciones a partir de mediados de abril de 2007 y se expone que, actualizadas las previsiones y dado el estado de tesorería, se ha constatado que a primeros del mes de mayo, no podrá hacer frente puntualmente a sus obligaciones de pago. Delphi añade que los elevados costes de operación de la sociedad 'dificultan la generación de negocio e impide ofrecer condiciones de mercado competitivas, que, por el contrario, sí son ofrecidas por la competencia'.
Además, alega la 'dificultad o, en ocasiones, la imposibilidad de renovación o sustitución de negocios ya existentes', y la 'acusada, cada vez de manera más notable, pérdida de negocios muy importantes que no han sido sustituidos', así como la consideración de las actividades de la sociedad como no estratégicas, que junto con las 'pérdidas continuadas'.
El auto hace referencia también a la posibilidad de que se trate de un proceso de deslocalización y desarrollo de la actividad en otras plantas, pero advierte que 'ello no excluirá la posibilidad de concurso de la sociedad'. Delphi, quien ha pedido a su matriz fondos extraordinarios para hacer frente a los despidos, ha renunciado a la última ayuda de 4,26 millones que debía recibir en marzo de la Junta.
Los trabajadores también solicitaron, al Gobierno español retirar las subvenciones asignadas a los dueños estadounidenses para compensar pérdidas que todo el mundo pone en dudas, y rechazar la declaración de insolvencia hecha por la fábrica.
En respuesta a lo anterior, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que había ordenado a la Abogacía del Estado que se personase en el proceso judicial abierto en el Juzgado de lo mercantil de Cádiz sobre el caso Delphi para que analicara "con lupa" la legalidad de la "posible situación de quiebra" que había anunciado la empresa.
Rodríguez Zapatero explicó que la prioridad y el compromiso del Gobierno y de la Junta de Andalucía, con la que el Ejecutivo afirmó trabajar "codo con codo" a través de un grupo de trabajo "coordinado por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno", es exigir a Delphi que mantenga la actividad productiva en Puerto Real y que cumpla el Plan Industrial que firmó con los sindicatos en el año 2005.
El Gobierno , según palabras de Rodríguez Zapatero, "no va a escatimar los recursos y los esfuerzos necesarios que permitan las exigencias legales" para asegurar el mantenimiento y mejorar el nivel de empleo y la industrialización de la Bahía de Cádiz. "El Gobierno no va a fallar a los trabajadores de Delphi ni a la Bahía de Cádiz", subrayó, al tiempo que insistió en la "voluntad decidida de dar respuesta y trabajar en todos los frentes".
A pesar de las múltiples protestas y de las palabras del Ejecutivo, el Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz ha considerado que Delphi se encuentra en Puerto Real en situación de 'insolvencia inminente' y ve procedente la declaración de concurso voluntario.
Según la Ley Concursal, los acreedores tienen un plazo de un mes para comunicar a la administración judicial la existencia de sus créditos. El Juzgado indica que Delphi alega que se encuentra en estado de insolvencia inminente, aduciendo que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. Según el auto, en la solicitud se hace constar la previsible incapacidad para atender regular y puntualmente las obligaciones a partir de mediados de abril de 2007 y se expone que, actualizadas las previsiones y dado el estado de tesorería, se ha constatado que a primeros del mes de mayo, no podrá hacer frente puntualmente a sus obligaciones de pago. Delphi añade que los elevados costes de operación de la sociedad 'dificultan la generación de negocio e impide ofrecer condiciones de mercado competitivas, que, por el contrario, sí son ofrecidas por la competencia'.
Además, alega la 'dificultad o, en ocasiones, la imposibilidad de renovación o sustitución de negocios ya existentes', y la 'acusada, cada vez de manera más notable, pérdida de negocios muy importantes que no han sido sustituidos', así como la consideración de las actividades de la sociedad como no estratégicas, que junto con las 'pérdidas continuadas'.
El auto hace referencia también a la posibilidad de que se trate de un proceso de deslocalización y desarrollo de la actividad en otras plantas, pero advierte que 'ello no excluirá la posibilidad de concurso de la sociedad'. Delphi, quien ha pedido a su matriz fondos extraordinarios para hacer frente a los despidos, ha renunciado a la última ayuda de 4,26 millones que debía recibir en marzo de la Junta.
