El portal de Derecho Español más completo y útil para juristas, empresas y particulares
La Guardia Civil descubre una macroestafa realizada por empresas especializadas en recurrir multas
La Guardia Civil ha descubierto un fraude en el sector de las empresas dedicadas a la presentación de recursos contra sanciones de tráfico. La operación, denominada 'Sótano' y que se ha desarrollado entre Girona y Barcelona, se ha saldado con la detención de los seis presuntos responsables del fraude y ha imputado a otras seis personas.
El fraude consistía en obtener determinadas cantidades de dinero de los afectados por estas sanciones, a cambio de tramitar sus recursos, con la promesa de que se les devolvería el dinero si no se resolvían favorablemente, cosa que sucedía habitualmente. Los afectados, que han sido centenares, abonaban entre el 40 y 50% del importe de la sanción.
La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de numerosas personas en diversos puntos del territorio nacional que denunciaban que había contactado con ellos una empresa para ofrecerles sus servicios y que al finalizar los trámites necesarios no les habían devuelto el dinero correspondiente. Las primeras investigaciones permitieron localizar una empresa en la localidad de Playa de Aro (Girona), en la que se realizaban la mayoría de las llamadas en busca de clientes y que a su vez dirigía y coordinaba a diferentes sucursales (más de 25) situadas en varias provincias.
El proceso se iniciaba cuando estas empresas consultaban los diarios oficiales, en los que figuraban las denuncias por infracciones de tráfico, a fin de obtener los nombres de las personas denunciadas para contactar con ellas y ofrecerles sus servicios; asimismo los afectados podían contratar directamente con la empresa a través de los teléfonos de contacto publicitados en los teletextos de diversas cadenas de TV.
Una vez establecido el contacto telefónico, la empresa ofrecía la posibilidad de recurrir la sanción, garantizando un 98% de posibilidades de resolución favorable al multado, e indicándole que la contratación de sus servicios era la última opción para librarse de la sanción y evitar el embargo. Una vez aceptada la oferta, el cliente debía abonar por adelantado una comisión que oscilaba entre el 40 y el 50% del valor total de la sanción. La empresa garantizaba por escrito la devolución del importe en caso de la resolución desfavorable; para reforzar estos argumentos, indicaban a los clientes que su multa había sido examinada por un asesor y la viabilidad del recurso quedaba asegurada por un supuesto defecto de forma. En ocasiones, incluso, la empresa efectuaba llamadas a sus clientes, haciéndose pasar por determinados organismos oficiales, para dar mayor credibilidad a su propuesta.
Si el perjudicado deseaba reclamar el incumplimiento del contrato o consultar cualquier otra gestión sobre el estado de su reclamación, se le indicaba que debía dirigirse a un número 807 (una supuesta Oficina de Atención al Cliente). Como sus demandas solían ser ignoradas, los clientes persistían en sus reclamaciones hasta que hartos de no ser escuchados desistían y daban por perdido su dinero.
Se calcula que más de un centenar de personas han podido ser víctimas de alguna de estas empresas y por eso los agentes animan a los afectados a presentar denuncia.
El fraude consistía en obtener determinadas cantidades de dinero de los afectados por estas sanciones, a cambio de tramitar sus recursos, con la promesa de que se les devolvería el dinero si no se resolvían favorablemente, cosa que sucedía habitualmente. Los afectados, que han sido centenares, abonaban entre el 40 y 50% del importe de la sanción.
La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de numerosas personas en diversos puntos del territorio nacional que denunciaban que había contactado con ellos una empresa para ofrecerles sus servicios y que al finalizar los trámites necesarios no les habían devuelto el dinero correspondiente. Las primeras investigaciones permitieron localizar una empresa en la localidad de Playa de Aro (Girona), en la que se realizaban la mayoría de las llamadas en busca de clientes y que a su vez dirigía y coordinaba a diferentes sucursales (más de 25) situadas en varias provincias.
El proceso se iniciaba cuando estas empresas consultaban los diarios oficiales, en los que figuraban las denuncias por infracciones de tráfico, a fin de obtener los nombres de las personas denunciadas para contactar con ellas y ofrecerles sus servicios; asimismo los afectados podían contratar directamente con la empresa a través de los teléfonos de contacto publicitados en los teletextos de diversas cadenas de TV.
Una vez establecido el contacto telefónico, la empresa ofrecía la posibilidad de recurrir la sanción, garantizando un 98% de posibilidades de resolución favorable al multado, e indicándole que la contratación de sus servicios era la última opción para librarse de la sanción y evitar el embargo. Una vez aceptada la oferta, el cliente debía abonar por adelantado una comisión que oscilaba entre el 40 y el 50% del valor total de la sanción. La empresa garantizaba por escrito la devolución del importe en caso de la resolución desfavorable; para reforzar estos argumentos, indicaban a los clientes que su multa había sido examinada por un asesor y la viabilidad del recurso quedaba asegurada por un supuesto defecto de forma. En ocasiones, incluso, la empresa efectuaba llamadas a sus clientes, haciéndose pasar por determinados organismos oficiales, para dar mayor credibilidad a su propuesta.
Si el perjudicado deseaba reclamar el incumplimiento del contrato o consultar cualquier otra gestión sobre el estado de su reclamación, se le indicaba que debía dirigirse a un número 807 (una supuesta Oficina de Atención al Cliente). Como sus demandas solían ser ignoradas, los clientes persistían en sus reclamaciones hasta que hartos de no ser escuchados desistían y daban por perdido su dinero.
Se calcula que más de un centenar de personas han podido ser víctimas de alguna de estas empresas y por eso los agentes animan a los afectados a presentar denuncia.
