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La Generalitat aprueba la expropiación temporal de viviendas para casos extremos.
El recién aprobado proyecto de ley del derecho a la vivienda del Gobierno catalán ha sido recibido con división de opiniones tanto en medios políticos y económicos como sociales, al permitir «expropiaciones temporales» en el caso de viviendas que lleven vacías más de dos años.
Esta nueva ley, que el Gobierno de la Generalitat tiene la intención de aprobar antes de junio de 2007, trata íntegramente, según se afirma desde la Consellería de Medio ambiente y Vivienda, la problemática del acceso a la vivienda y el fomento del alquiler.
Desde esta Consellería señalan que para que una vivienda se considere desocupada y entre dentro del ámbito de esta nueva Ley, ha de pasar dos años sin inquilinos y sus propietarios se han de mostrar reacios a alquilarla a pesar de haber recibido ofertas para ello.
El procedimiento que en estos casos iniciará la Generalitat consistirá en ofrecer a los dueños del inmueble ayuda para rehabilitarla y ofrecerse como avalista para poner la vivienda en el mercado inmobiliario. En el caso de que el propietario no accediese a ninguna de estas cuestiones, la administración se reservará "medidas de expropiación temporal" que permitirán ofrecer la vivienda en alquiler a pesar de la falta de autorización por parte del propietario.
Los grupos de la oposición catalana cuestionan la legalidad de las «expropiaciones temporales» previstas en el texto y han anunciado que llevarán el proyecto al Consejo Consultivo puesto que consideran que el mismo está «al límite de la legalidad», afirmando además que consideran el proyecto como una medida «intervencionista».
Esta nueva ley, que el Gobierno de la Generalitat tiene la intención de aprobar antes de junio de 2007, trata íntegramente, según se afirma desde la Consellería de Medio ambiente y Vivienda, la problemática del acceso a la vivienda y el fomento del alquiler.
Desde esta Consellería señalan que para que una vivienda se considere desocupada y entre dentro del ámbito de esta nueva Ley, ha de pasar dos años sin inquilinos y sus propietarios se han de mostrar reacios a alquilarla a pesar de haber recibido ofertas para ello.
El procedimiento que en estos casos iniciará la Generalitat consistirá en ofrecer a los dueños del inmueble ayuda para rehabilitarla y ofrecerse como avalista para poner la vivienda en el mercado inmobiliario. En el caso de que el propietario no accediese a ninguna de estas cuestiones, la administración se reservará "medidas de expropiación temporal" que permitirán ofrecer la vivienda en alquiler a pesar de la falta de autorización por parte del propietario.
Los grupos de la oposición catalana cuestionan la legalidad de las «expropiaciones temporales» previstas en el texto y han anunciado que llevarán el proyecto al Consejo Consultivo puesto que consideran que el mismo está «al límite de la legalidad», afirmando además que consideran el proyecto como una medida «intervencionista».
