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La división interna del CGPJ impide el nombramiento de presidentes de Sala en el Tribunal Supremo
Los bloques conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no han logrado llegar a un acuerdo para nombrar a los nuevos presidentes de Sala del Tribunal Supremo (Civil, Penal y Militar) y al del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Como ninguno de los candidatos logró el respaldo necesario (13 de los 20 votos), el pleno del CGPJ acordó abrir un nuevo concurso para cubrir las cuatro plazas vacantes. Estas diferencias entre los dos grupos retrasarán entre un mes y medio y dos meses la elección de los jueces.
La elección de las Presidencias de Sala del Tribunal Supremo llegó al orden del día del Pleno del CGPJ cargada de expectación y polémica. Apenas 24 horas antes de las votaciones, el PP presentaba un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley del Poder Judicial (que modifica las mayorías necesarias para la toma de acuerdos en el pleno del CGPJ), y 48 horas antes se producía la renuncia del magistrado José Antonio Martín Pallín a presidir la Sala Segunda del Alto Tribunal.
La elección de los candidatos a ocupar las cuatro plazas --a cada una de ellas optaban tres candidatos, menos a la Sala de lo Penal, que se quedaron dos tras la renuncia de Martín Pallín-- tuvo que someterse al máximo de las votaciones previstas reglamentariamente; esto es, si en primera votación ningún candidato obtiene la mayoría reforzada de tres quintos, los dos más votados pasan a sucesivas votaciones hasta que alguno obtiene la mayoría precisa. Antes de la reforma, esta mayoría era de 11 votos (de 20 vocales que hoy componen el Pleno del Consejo), mientras que en la actualidad son necesarios 13. Debe ser tenido en cuenta el hecho de que la mayoría conservadora dispone de 11 vocales, y la minoría progresista, de los restantes.
Los dos sectores del Consejo se acusaron mutuamente de "bloquear" la renovación de los miembros del tribunal. Desde la mayoría conservadora se reprochó a los progresistas su "falta de generosidad" por pretender una mayor representación de la que tienen en el Consejo. Por su parte, los progresistas acusaron al bloque mayoritario de no querer realizar los nombramientos "en sintonía y orquestación con el PP".
Como ninguno de los candidatos logró el respaldo necesario (13 de los 20 votos), el pleno del CGPJ acordó abrir un nuevo concurso para cubrir las cuatro plazas vacantes. Estas diferencias entre los dos grupos retrasarán entre un mes y medio y dos meses la elección de los jueces.
La elección de las Presidencias de Sala del Tribunal Supremo llegó al orden del día del Pleno del CGPJ cargada de expectación y polémica. Apenas 24 horas antes de las votaciones, el PP presentaba un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley del Poder Judicial (que modifica las mayorías necesarias para la toma de acuerdos en el pleno del CGPJ), y 48 horas antes se producía la renuncia del magistrado José Antonio Martín Pallín a presidir la Sala Segunda del Alto Tribunal.
La elección de los candidatos a ocupar las cuatro plazas --a cada una de ellas optaban tres candidatos, menos a la Sala de lo Penal, que se quedaron dos tras la renuncia de Martín Pallín-- tuvo que someterse al máximo de las votaciones previstas reglamentariamente; esto es, si en primera votación ningún candidato obtiene la mayoría reforzada de tres quintos, los dos más votados pasan a sucesivas votaciones hasta que alguno obtiene la mayoría precisa. Antes de la reforma, esta mayoría era de 11 votos (de 20 vocales que hoy componen el Pleno del Consejo), mientras que en la actualidad son necesarios 13. Debe ser tenido en cuenta el hecho de que la mayoría conservadora dispone de 11 vocales, y la minoría progresista, de los restantes.
Los dos sectores del Consejo se acusaron mutuamente de "bloquear" la renovación de los miembros del tribunal. Desde la mayoría conservadora se reprochó a los progresistas su "falta de generosidad" por pretender una mayor representación de la que tienen en el Consejo. Por su parte, los progresistas acusaron al bloque mayoritario de no querer realizar los nombramientos "en sintonía y orquestación con el PP".
