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La AP de Madrid declara ilegales 8 cláusulas de los contratos de seguros

A resultas de la demanda interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado año, la Audiencia Provincial de Madrid ha calificado como abusivas ocho de las 10 cláusulas inicialmente impugnadas por la OCU.

La sentencia, que aún no es firme por haber sido objeto de recurso por parte de las aseguradoras, se produce después de que en primera instancia un juzgado de lo Mercantil de Madrid desestimara totalmente las pretensiones de la OCU. Fuentes del sector concretaron que además del recurso de casación ante el Supremo, las aseguradoras han tramitado una petición de aclaración de la sentencia por incongruencia jurídica. Según las entidades aseguradoras, la redacción de la sentencia plantea cuestiones divergentes que no hacen comprensible el cambio de criterio y que además éste no está motivado adecuadamente.

Entre las cláusulas declaradas abusivas por la Audiencia Provincial de Madrid están las siguientes:La exigencia al asegurado entregar el original de su póliza para poder solicitar el pago de la indemnización, una vez producido el siniestro.Las cláusulas que incurren en falta de información sobre aspectos esenciales del contrato de seguro, tales como la delimitación del riesgo y las prestaciones.Las que articulan sistemas de penalización por rescate del seguro de vida en los primeros años, dado que en algunos casos niega al asegurado toda renta e incluso pérdida en parte del capital inicial.En los seguros de vida deberá figurar el método del cálculo del valor del rescate y, en los de vehículos, otros conceptos como los criterios de la aseguradora para modificar la tarifa de siniestralidad.La cláusula que otorga a la aseguradora, unilateralmente, el derecho a cumplir o no la prestación en el seguro de defensa jurídica, en función de la valoración del posible éxito o no de la acción judicial a intentar.
La OCU añade, asimismo, que una vez la sentencia sea firme, solicitará al tribunal que estas cláusulas se inscriban en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación como abusivas.